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ELECCIONES

Sueldo de 75.000 euros durante 15 años y coche oficial: la Ley de expresidentes a la que podrá acogerse Ximo Puig

La normativa valenciana prevé una oficina, chófer, un asesor y servicio de seguridad para quienes hayan presidido el Gobierno valenciano

Si Pedro Sánchez no hubiera convocado elecciones generales para el 23J

Imagen de Ximo Puig tomada durante un acto del PSPV-PSOE MIKEL PONCE
Alberto Caparrós

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Un sueldo de 75.000 euros al año con oficina, coche oficial y un asesor y un chófer a su servicio. El socialista Ximo Puig puede acogerse a la Ley del Estatuto de expresidentes de la Generalitat Valencianas tras su derrota en las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo. Esta norma fue aprobada en el año 2002 tras un acuerdo alcanzado entre el PP y el PSPV-PSOE.

Si Ximo Puig decide dejar la política activa después de cuarenta de sus 64 años de vida, tendrá la opción de «gozar a partir del momento de su cese, de la consideración, atención y apoyo debidos a quienes han desempeñado el cargo» de presidente de la Generalitat Valenciana, según consta en el artículo 1 de la citada Ley.

Aunque la noche electoral Ximo Puig dejó entrever su marcha, la convocatoria de elecciones generales para el 23 de julio ha trastocado sus planes. A día de hoy la idea de Ximo Puig pasa por recoger su acta de diputado en las Cortes Valencianas el próximo 26 de junio. Inicialmente, ocuparía el puesto de presidente del grupo parlamentario socialista y solo intervendría en debates de calado. En paralelo, seguirá al frente del PSPV-PSOE para tutelar su proceso de sucesión y evitar una guerra civil como la que se produjo tras la marcha de Joan Lerma.

A diferencia de otros dirigentes socialistas derrotados el 28M, como la socialista Francina Armengol, el presidente de la Generalitat Valenciana en funciones descarta integrar las listas para las generales. Con todo, se guarda la opción de ser designado como senador territoriales por la Cortes Valencianas por la cuota del PSPV-PSOE.

En caso de arrojar la toalla siempre le quedará un Estatuto al que acogerse. El texto legal indica también que «los expresidentes de la Generalitat tendrán tratamiento vitalicio de Molt Honorable Senyor/a y ocuparán el lugar protocolario que les corresponda según la normativa vigente».

En sus desplazamientos fuera del territorio de la Comunidad Valenciana, los ex presidentes podrán «gozar del apoyo de los servicios que la Generalitat tenga establecidos, como las oficinas de la Generalitat en Madrid y Bruselas, y de aquellos otros de similar naturaleza que existan o que en el futuro pudieran establecerse», según reza la Ley aprobada en 2002.

Respecto a las retribuciones, la norma prevé que «serán miembros natos del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana durante un plazo de quince años cuando hayan ejercido el cargo de presidente por un período igual o superior a una legislatura completa», como es el caso de Ximo Puig.

La percepción de las retribuciones correspondientes a la condición de miembro nato del Consejo -en el entorno de los 75.000 euros brutos anuales- será incompatible con la de otras retribuciones por el desempeño de cualquier cargo público. Esto es, para que Ximo Puig cobre esta cantidad tendrá que renunciar a su acta de diputado en las Cortes Valencianas, que se constituirán el próximo 26 de junio.

Asesor, chófer, coche oficial y oficina

Al margen del sueldo, la Ley fija que «el Consell de la Generalitat pondrá a disposición de los expresidentes los medios necesarios para el sostenimiento de una oficina de apoyo». Al respecto, concreta que serán «dos puestos de trabajo con funciones de asesoramiento y una plaza de conductor, que serán cubiertos a propuesta del expresidente y que dependerán orgánicamente de la Presidencia de la Generalitat. El personal que ocupe los puestos citados tendrá la consideración de personal eventual y, si fuese personal al servicio de la Generalitat, quedarán en la situación administrativa que legalmente corresponda».

En el caso de que Ximo Puig se acoja finalmente a esta normativa, podrá disponer de «un local adecuado para la instalación una oficina, la dotación presupuestaria para su funcionamiento ordinario y un automóvil del parque móvil de la Generalitat».

Además, «el Consell de la Generalitat, a través del departamento competente, adoptará las actuaciones que sean precisas para preservar la seguridad personal de los expresidentes, dotándoles de los servicios de seguridad que se consideren necesarios».

Varios expresidentes valencianos disfrutan de las condiciones que marca este Estatuto, como el caso de Francisco Camps, que es miembro del Consell Jurídic Consultiu y cobra la retribución prevista en la Ley. El también popular Alberto Fabra y el socialista Joan Lerma no perciben emolumentos ya que ocupan otros cargos públicos (ambos son senadores), pero sí se pueden beneficiar del resto de prerrogativas.

El futuro político de Ximo Puig está en el aire después de que el PP, con Carlos Mazón a la cabeza, ganara las elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana el pasado domingo. El candidato popular será investido como el próximo presidente de la Generalitat tras cosechar 40 de los 99 diputados del Parlamento autonómico. El PSPV-PSOE se quedó con 32 y la suma con Compromís (15) manda a la izquierda a la oposición.

Si Ximo Puig renuncia a su escaño y deja por primera vez en cuarenta años un cargo público, podrá acogerse al Estatuto de expresidentes. Para ello, sin embargo, todavía deberán transcurrir unos meses.

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