La Sareb negociará con los desahuciados «vulnerables» entre los 71 tratados como okupas en Peñíscola que piden la amnistía
La entidad de origen estatal ofrecerá en algunos casos un alquiler social y los vecinos ven «esperanzadora» la solución si sea aplica a los más de doscientos afectados
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La Sareb -Sociedad de Gestión de Activos procedentes e la Reestructuración Bancaria- negociará un alquiler social en los casos de «vulnerabilidad» entre los 71 desahuciados en un edificio de Peñíscola (Castellón) que han sido tratados como si fueran okupas, aunque residen hace años en sus viviendas, y que reclamaban una «amnistía o indulto», tal como publicó ABC.
En un comunicado, esta entidad creada por el Estado tras la crisis financiera iniciada en 2008, hoy con mayoría de capital privado, ha puntualizado que «todavía no es propietaria de ese inmueble y no ha solicitado ningún lanzamiento».
Tras conocer este anuncio, Marc B. -uno de los afectados- ha valorado que «es una noticia esperanzadora» y ha anunciado con ánimo constructivo que buscarán una solución colectiva sin exclusiones: «Vulnerables ahora mismo somos todos y vamos a luchar por todos».
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Este giro en los acontecimientos, cuando ya estaban avisados de su desalojo por considerar que no habían acreditado el pago de los alquileres ni haber residido en sus hogares, ha sido fruto del eco conseguido desde el pasado sábado, tras su publicación en ABC. «Estos dos últimos días, desde que di yo el SOS, hemos aparecido en muchos medios de comunicación, varios vecinos en directo, y gracias al ruido que hemos conseguido, ha habido esta reacción, que nos deja a todos un poco más tranquilos», ha relatado Marc B.
Origen del proceso judicial por 30 millones de euros
Las viviendas están a nombre de la promotora Nerer Inmobiliaria S.L que tiene una deuda impagada con Sareb superior a los 30 millones de euros avalada por varios activos, entre los que figura esta promoción, han precisado, acerca del origen de este proceso judicial que amenaza con dejar en la calle a los residentes.
Tal como ha indicado Sareb, la compañía inició acciones judiciales contra Nerer para recuperar esa deuda y cumplir así con su mandato de repago de deuda y «minimizar el coste para el contribuyente de la crisis financiera».
En enero se celebró la subasta judicial de esas viviendas y la empresa está a la espera del decreto de adjudicación que dictará el juzgado y permitirá inscribirlas en el Registro de la Propiedad a nombre de Sareb.
«Cuando Sareb obtenga la titularidad, se pondrá a disposición de los vecinos y según los casos, aplicará el protocolo del Plan de Alquiler Social con Acompañamiento que se puso en marcha en 2022 para atender los posibles casos de vulnerabilidad», se ha comprometido, en este comunicado.
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