Este es el programa electoral de Carlos Mazón del PP para las elecciones autonómicas de la Comunidad Valenciana

José Luis Fernández

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28/05/2023
Actualizado 29/05/2023 a las 00:20h.

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El PP presenta a Carlos Mazón como candidato a la Presidencia de la Generalitat Valenciana el 28M con un programa electoral centrado en la política fiscal, para rebajar la carga impositiva a las familias y empresas, así como una batería amplia de medidas (2.000 en total), entre las que tienen especial relevancia aquellas para favorecer la economía ayudando al tejido productivo.

El espíritu de la propuesta de gobierno autonómico liderada por Mazón apunta al «cambio» y pivota también en la reducción del gasto público que considera superfluo -pretende suprimir varias consellerias- sin mermar la cobertura y calidad de los servicios, en especial, los sociales.

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Tras consultar a la «sociedad civil», el programa se articula en cuatro bloques: competitividad, cohesión, compromiso y defensa de la Comunidad Valenciana.

Con un número de desempleados situado en torno a las 250.000 personas (tasa del 13,5%) y y una productividad baja, la Comunidad Valenciana está a la cola en «competitividad fiscal», según los populares, por lo que se proponen reformar el tramo autonómico del IRPF, el Impuesto sobre el Patrimonio (eliminarlo), el de Sucesiones y donaciones (prácticamente suprimirlo, bonificado al 99%) y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

El 80% de los ciudadanos de las tres provincias (Alicante, Castellón y Valencia) tendrán los impuestos más bajos de toda España, con un ahorro global de 1.750 millones de euros, según sus cálculos.

Entre las deducciones, las de descendientes a cargo, para nuevos autónomos, por la contratación del primer trabajador y para inversiones en el negocio (además de enfermedades crónicas, salud bucodental, visual o por la práctica deportiva).

La gratuidad universal de 0 a 3 años de edad en la Educación Infantil también representa una de las apuestas principales del programa electoral del PPCV, y está prevista tanto en centros de titularidad pública (Generalitat o ayuntamientos) como en puestos subvencionados.

En total, estima que esta medida tendrá un coste de 204,8 millones de euros, compensados de sobra con un saneamiento de ciertos gastos estructurales de la Generalitat Valenciana.

Sin olvidar la libertad lingüística en las aulas, para que las familias elijan la lengua vehicular, sobre todo, sin imposiciones.

En este apartado que, a priori, puede parecer más complicada, el programa del PP detalle con número cómo hacerlo. Prevé suprimir la Conselleria de Participación y Transparencia (devuelta al rango de Dirección General), la Vicepresidencia segunda y Conselleria de Vivienda (mismo cambio), y la reducción de diez a siete direcciones generales, entre otros departamentos creados por el gobierno actual de coalición del PSPV-PSOE con Compromís y Unides Podem.

Asimismo, reducirá los cargos de libre designación y asesores al 50%, además de poner en marcha el Plan Simplifica para agilizar los trámites burocráticos.

Con el centenar de medidas más urgentes que contempla aplicar, Mazón se compromete a «bajar, eliminar impuestos y reivindicar de verdad y de manera seria el agua y la financiación que necesita la Comunidad».

Estos aspectos tienen que ver con la amenaza de futuro del trasvase Tajo-Segura, con la aplicación de caudales ecológicos mucho mayores en el río de la cuenca cedente, y con la transferencia de fondos insuficiente para las necesidades de este territorio según su peso demográfico estable y de población flotante por el turismo, respectivamente.

Otro frente en el que hacen hincapié en el candidatura de Mazón se refiere a las señas de identidad, una ley derogada por socialistas, nacionalistas y representantes de la izquierda, con la que quieren defender y proteger símbolos como la Senyera y tradiciones.

El presidente del PPCV fue más explícito de viva voz en el acto de campaña junto a Feijóo y aludió a los «países catalanes» rechazando cualquier complicidad con este discurso independentista y reivindicando la «españolidad» de la Comunidad Valenciana.

Para mejorar la vertebración del territorio, los populares anuncian infraestructuras viarias y de movilidad con el fin de «no seguir perdiendo oportunidades por no hacer inversiones productivas».

En esta línea de la cohesión entre las tres provincias, también hay conexión frente al nacionalismo que incluye esta autonomía junto a Cataluña y Baleares en una alianza que el PP considera «inexistente».

Garantizar un tiempo máximo en las listas de espera para pruebas diagnósticas y quirúrgicas, por ley. Esa meta irrenunciable se sustentará en blindar el presupuesto de Sanidad (un 30% del total y sin posibilidad de desviaciones a otros fines).

También promete más centros de día y un plan de choque para eliminar las demoras en dependencia, incluida la teleasistencia y la ayuda a domicilio.

Las mujeres que se den de alta tras la maternidad no pagarán cuota de autónoma durante dos años y se aumentará el número de juzgados especializados en violencia de género.

Como derechos sociales, el PP prevé un plan integral de protección animal y una tarifa plana voluntaria de salud animal, así como asistencia.

La construcción de más de 10.000 viviendas con ayudas para jóvenes de 35 años de edad representa una de las promesas de más calado en este programa.

Además de VPO, este partido pone el acento en el respaldo a las familias en la compra y el alquiler, sin intervencionismo en el mercado para no afectar a los propietarios.