El PP y Vox mantienen íntegramente su ley de Concordia en Valencia y la aprobarán en julio
Los partidos que forman el Gobierno de la Generalitat rechazan las enmiendas parciales de la oposición
Entra en vigor la ley educativa de Mazón que acaba con la marginación del castellano
El PP y Vox han empezado este jueves a sacar adelante su primer paquete de medidas legislativas importantes de la legislatura, con la aprobación en las Cortes de sus leyes de Libertad Educativa, Antifraude -esta en solitario de los populares- y la que regula la nueva televisión autonómica À Punt. Les seguirán las proposiciones de Ley de Concordia y de Transparencia, los días 10 y 11 de julio.
En el caso de estas últimas, los dos socios del Gobierno autonómico presidido por el popular Carlos Mazón han rechazado todas las enmiendas parciales registradas por PSPV-PSOE y Compromís.
La controvertida Ley de Concordia sustituirá a la de Memoria Democrática de 2017 para incluir el periodo de la Segunda República, entre otros aspectos, con las críticas de la socialista Mercedes Caballero por considerar que está «llena de lagunas» y exigir que los grupos del Gobierno condenen el franquismo, aunque ha admitido que Mazón lo calificó de dictadura.
En su réplica, la 'popular' Marisa Gayo ha acusado a la oposición de «irresponsables y vagos» por hacer, a su juicio, «una pirueta parlamentaria por arrancar minutos de cuota de pantalla» al presentar enmiendas para mantener la actual ley -la de Memoria Democrática-, a pesar de sus «graves errores». Y ha subrayado que la nueva norma que la reemplaza protegerá a todas las víctimas.
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Por su parte, el síndic de Vox y presidente de la comisión, José Mª Llanos, se ha preguntado qué harían socialistas y nacionalistas «sin traer a Franco a estas Cortes». «Los españoles ya nos habíamos reconciliado y con su ley los jóvenes no conocían el terrorismo», ha argumentado, para justificar la nueva norma.
Desde Compromís, su portavoz adjunta, Isaura Navarro, ha lamentado que «los herederos del franquismo vengan a hablar de la Transición», algo que ha achacado a «la falta de memoria de mucha gente».
En cuanto a la proposición de ley de Transparencia, eliminará la obligación de publicar las agendas completas de los cargos públicos y permitirá que puedan estar en el consejo de administración de una entidad no pública. Durante su debate, Vicente Betoret (PP) ha justificado el rechazo a las enmiendas del PSPV-PSOE porque la mitad eran para retirar artículos de la norma y la otra mitad, para mantener los artículos de la anterior, por lo que no aportaban ninguna mejora, en su opinión.
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