Marciano Gómez: «La ministra Mónica García reconoce que habrá centros de salud sin médico y no hace nada»

En una entrevista con ABC, Gómez carga contra la ministra de Sanidad, Mónica García, por no articular un mecanismo que alivie la situación en toda España. Este médico de familia con experiencia en gestión hospitalaria y en política autonómica aborda también asuntos como la jornada de 35 horas semanales, la reducción de las listas de espera o las concesiones sanitarias a empresas privadas.

—¿Se va a utilizar a los MIR para paliar el déficit de médicos en verano?

—No, vamos a actuar con ellos como explicita su programa formativo. La opción A de nuestro plan de vacaciones contemplaba cubrir los permisos del personal con la contratación de los 606 residentes que terminan su formación de cuatro años en la Comunidad Valenciana. Como este año acaban en septiembre y no en mayo como es habitual, porque en 2020 empezaron más tarde por la pandemia, preparamos una opción B sin ellos.

—¿Se está articulando una respuesta común a un problema de todas las autonomías?

—La ministra reconoció abiertamente en el Consejo Interterritorial que este verano habrá centros de salud que se van a quedar sin personal y que puede haber problemas en las Urgencias de los hospitales, y no hace nada. No le estamos pidiendo que incumpla la ley, como ella argumenta, sino que active una norma excepcional para este año con la que, bajo los criterios de calidad, voluntariedad y acuerdo con las unidades docentes, se solucione un problema nacional. Para otras cosas se ha hecho, como los indultos o la malversación. Queremos una amnistía sanitaria para estos profesionales.

Esa decisión corresponde al Ministerio porque es el único responsable de la formación sanitaria especializada a nivel nacional. Tenemos un sistema MIR que es la envidia a nivel europeo y espero que no tengan la tentación de transferirlo porque se devaluaría. Más allá de lo que diga la ministra, es una realidad insoslayable que no va a ser una situación como la de todos los años. He leído titulares en los que se presta a gestionar los recursos humanos de la comunidad si no nos vemos capacitados. Nuestro trabajo no lo tiene que hacer nadie, porque tenemos las competencias y la experiencia. El del ministerio lo tiene que hacer el ministerio. Lo que no puede hacer es esconderse y estar bajo criterios de inacción.

—¿Cree que hay intención de descentralizar esa formación?

—Hemos oído rumores de todo tipo y como, lamentablemente, aquellos que nos parecen irrealizables acaban siendo realidad, solamente digo que la sanidad española no está ni para bulos ni para muros porque devaluaríamos extraordinariamente una de las joyas de la corona a nivel europeo. La prueba evidente es la intención de querer fichar a médicos, enfermeros o psicólogos, formados en España, por parte de otros países como Inglaterra o Alemania.

—La falta de médicos es un problema estructural nacional. Más allá de lo que ocurre con los MIR, ¿qué mecanismo podría activar el Gobierno?

—Las comunidades vienen exigiendo desde 2018 un abordaje multifactorial de esta cuestión con el Ministerio de Sanidad y el de Ciencia y Universidades. Somos las que llevamos a cabo la gestión sanitaria y asistimos a los ciudadanos, pero la decisión de crear nuevas plazas pasa por el ministerio. Hace falta sentarse, no hacer comisiones eternas, para buscar una solución a medio-largo plazo viendo la planificación de los médicos que se jubilan y los que se forman.

Tenemos que atraer talento que se estabilice en el Sistema Nacional de Salud y evitar que se vaya con medidas atractivas, potenciando la investigación y la docencia para que el personal pueda desarrollarse más allá de la asistencia. Evidentemente, también con mayores sueldos, pero para eso hace falta una mejor planificación entre las 17 comunidades y el ministerio con todos los condicionantes a cinco, diez o años.

—¿A cuántos médicos extracomunitarios, que podrían incorporarse al sistema, no se les ha homologado todavía el título?

—Desconozco la cifra, pero parecer ser que hay un gran cuello de botella en el Ministerio de Ciencia para la homologación de títulos. Después es la ministra de Sanidad, que el otro día decía que no tenía muchos, la que se encarga de homologar la especialidad.

—¿Cuántos profesionales faltan en la sanidad valenciana?

—Tenemos 684 plazas presupuestadas sin poder cubrir y 606 residentes que no vamos a poder contratar. Vamos a abordar el verano con alrededor de 1.300 médicos menos de los que necesitamos. Ahora mismo la ratio está en 1.288 tarjetas SIP de media por cada profesional.

—¿Que trece comunidades estén gobernadas por el PP y la ministra sea de Sumar dificulta el diálogo?

—La ideología jamás debe influir en la sanidad. Todos los que formamos el Consejo Interterritorial debemos mentalizarnos de que nuestra función es mejorar el estado de salud de los ciudadanos. No sé si es un asunto político, pero si fuera así sería absolutamente equivocado, porque con eso nunca se debe ni se puede jugar. Está por encima de cualquier estrategia.

—Se ha ampliado el periodo de vacaciones del personal. ¿Con ello podrán hacer frente a la situación? ¿Qué ocurrirá en las zonas que aumentan su población en verano?

—Va a ser un verano más complicado de lo habitual. Además de alargar el periodo vacacional del 15 de junio al 30 de noviembre, vamos a hacer movilizaciones entre agrupaciones sanitarias interdepartamentales cuando sea necesario y a reorganizar los horarios de algunos consultorios de bajo nivel de densidad poblacional. Estamos muy satisfechos por la gran profesionalidad que están demostrando nuestros equipos. Con su voluntariedad, y los incentivos por la misma, pensamos que podemos tener casi los mismos puntos asistenciales que el año pasado.

—¿Se plantea modificar el mapa sanitario de la Comunidad Valenciana a corto o medio plazo?

—La Comunidad Valencia es variopinta porque tenemos zonas de gran densidad de población, como las de costa, y después tenemos las de difícil cobertura, en el interior. Desde hace un tiempo, se intentó paliar el déficit de personal en estas últimas en base a motivaciones exclusivamente económicas, pero nos hemos dado cuenta de que no se ha resuelto. Pensamos que teníamos que abordarlo también con una incentivación docente, investigadora y laboral, a través de un concurso de méritos, para que las personas que se desplacen puedan tener su plaza.

En paralelo, agrupamos los 24 departamentos, que en el resto de España se llaman áreas, en ocho agrupaciones sanitarias interdepartamentales con la idea de que cualquier tipo de patología que esté en la cartera de servicios, a excepción de los trasplantes, se pueda resolver en la misma. Vamos a sacar una orden que desarrolle su gobernanza y controlaremos y evaluaremos su funcionamiento. Si tenemos que hacer alguna rectificación, la haremos.

—Sin poder aumentar las plantillas por la falta de médicos, ¿es posible implantar la jornada de 35 horas semanales como piden los sindicatos o eliminar las guardias de 24?

—Eliminar las guardias de 24 horas es una medida que salió del ministerio, al igual que las autobajas o la desaparición del MUFACE. Podría estar de acuerdo en la idea de eliminar las guardias de 24 horas, pero nos tienen que decir cómo hacerlo, dar una solución que no han dado, porque tenemos que dar asistencia todo el día, al mismo tiempo que dignificar las guardias.

Respecto al tema de las 35 horas, creo que se trata de ser coherentes en los planteamientos. Somos profesionales con vocación de servicio, tenemos que dar una atención y hacerla compatible con la conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Por ello, tenemos abiertas mesas de diálogo con los sindicatos para trabajar en esta vía, en una jornada real de 35 horas de lunes a viernes. Buscamos el equilibrio entre la salud de los ciudadanos y los derechos de los trabajadores.

—Los sindicatos llevan meses movilizándose. En los últimos días, han denunciado impagos en el plan para reducir las listas de espera quirúrgicas o que tienen que hacer frente a gastos de material en algunos centros de salud.

—Tenemos una línea abierta y permanente de diálogo con los seis sindicatos. Cada uno tiene una idea y una visión de lo que debe ser la relación con la Administración. Hemos llegado a puntos de acuerdo importantes, como el decreto de selección de los A1 y A2, por el que contratamos al mejor y no al primero que está en bolsa. Con el decreto de las agrupaciones sanitarias, algunos sindicatos no participaron porque se levantaron de la mesa, otros estuvieron allí y están de acuerdo con nuestra postura. Ojalá pudiéramos estar de acuerdo con todos, pero lo importante es tener las vías de comunicación. Por ejemplo, hay un compromiso de la Generalitat para homogeneizar los regímenes jurídicos del personal.

Han surgido algunos problemas puntuales en el pago de los módulos en el Hospital La Fe, pero van a cobrar este mes. Y respecto al otro asunto, hemos hecho una inversión en Atención Primaria de casi 33 millones de euros con la que se van a comprar retinógrafos, ecógrafos o densitómetros. Nos hemos puesto en contacto con algunas personas que han hecho esta denuncia en medios y son conscientes de que estamos invirtiendo.

—Fue una promesa electoral del PP. ¿Se están reduciendo las listas de espera? ¿Cuál sería el límite óptimo realista?

Se ha llegado a un acuerdo en el Consejo Interterritorial para unificar los criterios de las listas de espera y actualizarlos, porque nos estamos basando en un decreto de 2003. En sanidad una de las cosas más importantes es priorizar. No es lo mismo un paciente con una patología banal, que otro con una en la que está en riesgo su vida. No son números, son personas. Estamos incidiendo en la prioridad 1, un cáncer o una enfermedad cardiovascular. De hecho, en los primeros seis meses la rebajamos un 52%. Los datos que vamos a llevar al ministerio el 30 de junio indican que seguimos esa tendencia. Al mismo tiempo estamos abordando cualquier otro tipo de patología, aunque no sea grave. El objetivo será cero mientras haya un sólo paciente esperando, por difícil que resulte.

—No paralizó las reversiones de los departamentos de Denia y Manises que inició el anterior Gobierno, pero quieren mantener la concesión en el del Vinalopó en 2025, el único con el 'modelo Alzira'. ¿Bajo qué criterios? ¿Iniciará nuevas concesiones a empresas privadas a corto plazo?

—No actúo en base a ideología, sino en base a criterios técnicos de eficacia y eficiencia. Hacemos un estudio riguroso a nivel asistencial, económico y jurídico, incluso con encuestas a la ciudadanía para tomar decisiones. Con Elche tenemos indicadores de calidad muy buenos, por encima de la media de la Comunidad Valenciana. Tenemos un año de contrato por delante. Si la concesionaria sigue trabajando como hasta ahora, se quedarán. En este momento no me planteo cambiar más hospitales de gestión directa a concesionada.

—Al margen, algunos servicios se externalizan. ¿Cómo va a condicionar la organización actual de la sanidad valenciana la nueva ley de gestión que prepara el Gobierno?

—La colaboración público-privada es imprescindible en la sanidad española como mecanismo complementario. Desconozco cualquier borrador de esta ley y de otras que se han anunciado a nivel nacional, a pesar de que creo que las comunidades autónomas deberíamos tener un conocimiento mínimo básico de lo que se está haciendo, porque luego somos las que tenemos que aplicarlo. Es otro signo de opacidad de este ministerio.

—¿Ha hablado con la ministra últimamente?

—Últimamente, no. A parte del Consejo Interterritorial del 14 de junio, no he hablado con ella de una forma más personal desde que estuvo visitando en abril el Servicio de Radiología del Hospital Clínico de Valencia.

—¿Cuántos pacientes no acuden a su cita cada día? ¿Por qué cree que ocurre? ¿Se les debería penalizar de alguna forma?

—Son alrededor del 10%, aunque varía según si la zona es urbana o rural. Más allá de temas sobrevenidos antes de la cita, que creo que es el principal motivo, hay que hacer una reflexión. Ese hueco que uno deja vacío, se lo está quitando a otra persona a la que le hace falta. En ese sentido, estoy en contra de la prohibición y a favor de la promoción. Deberíamos ser lo suficientemente responsables y solidarios para avisar si no vamos a acudir y reducir así las demoras.

—Revelaron presuntas irregularidades en los cribados del cáncer de mama durante la etapa del anterior Gobierno.

—Además de la ausencia de inversión y la falta de organización, los funcionarios nos advirtieron de esto y pedimos un doble estudio a la Inspección Sanitaria y a la Inspección General de Servicios. No se llamaba a todas las mujeres de entre 45 y 70 años que estaban censadas en el INE, sino a 160.000 menos cada año. Estamos digitalizando esa comunicación porque hasta ahora se hacía por carta, con los problemas que conlleva. También estamos introduciendo las lecturas rápidas de mamografías con Inteligencia Artificial para que la patología se pueda detectar cuanto antes, puesto que el periodo desde que se diagnosticaba la enfermedad hasta que se veía en los hospitales iba más allá de las ocho semanas.

—A esas 160.000 mujeres, ¿no se les envió la invitación o no la recibieron por cualquier motivo?

—Puede haber problemas con la recepción de las cartas en algunos casos, pero no en 160.000. Determinaban un número que pensaban que podían realizar y enviaban las invitaciones. Es cierto que, de las mujeres invitadas, algunas no iban, pero eso ya es una decisión voluntaria.

—¿En qué punto está el plan de salud mental?

—El presidente Mazón está cumpliendo con su compromiso de activarlo a principio de legislatura, no al final como hizo el PSPV. Sabemos que es un asunto transversal, por lo que activamos una oficina y una comisión interdepartamental en la que estamos Sanidad, Educación y Bienestar Social. Es un plan en el que prima la prevención, porque pienso que cuando uno llega a enfermar es porque algo ha fracasado en el sistema. Tenemos presupuestados 784 millones de euros a cuatro años y plantillas de psicólogos para abrir ya, con colaboración público-privada, 24 hospitales de día infantojuveniles. También estamos generando plantilla en los hospitales de agudos. Es uno de los problemas básicos de la sanidad española y pensamos que vamos a ver resultados al medio-largo plazo.