Un juez investiga la denuncia a Diana Morant por favorecer la okupación de un edificio en Gandía
El magistrado solicita al ayuntamiento del municipio valenciano toda la documentación de un caso que se remonta a 2015, cuando la ministra socialista era alcaldesa
La Justicia señala a la ministra Diana Morant por el «efecto llamada» a la ocupación que generó al impedir un desahucio
El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Gandía ha incoado diligencias previas de investigación tras la denuncia presentada por el exalcalde de Gandía Arturo Torró (PP) contra la ministra de Ciencia en funciones, Diana Morant, y el primer edil del municipio valenciano, José Manuel Prieto. Les considera responsables de los prejuicios económicos ocasionados a una empresa que construyó un edificio de viviendas de alquiler en la localidad que acabó siendo okupado.
A ambos dirigentes socialistas, además de a la jefa de servicios jurídicos del Ayuntamiento, se les atribuye un presunto delito de prevaricación, fraude contra la administración, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. El Ayuntamiento se negó a pagarle a la mercantil los 19 millones de euros que exigía por la liquidación del contrato que suscribieron, pues los técnicos municipales cifraron en solo 2,2 millones el importe a abonar.
El proceso se encuentra en una fase muy incipiente y, en cualquier caso, Morant -predecesora de Prieto al frente del consistorio- solo podría ser imputada por el Tribunal Supremo debido a su aforamiento. De momento, el magistrado ha ordenado al Servicio Jurídico del Ayuntamiento que le remita una copia de las sentencias o resoluciones relacionadas con la denuncia en un plazo de diez días. En ese sentido, el caso del inmueble de la calle Perú, 57 de Gandía no es ni mucho menos nuevo para los tribunales.
La mercantil Inmobles Reunits de Catarroja tenía la concesión durante cincuenta años de una parcela municipal en la que construyó 79 pisos de protección pública -así como garajes y trasteros- para alquilar a personas mayores, discapacitados o menores de 35 años. En junio de 2015, la entonces alcaldesa Morant -llevaba días en el cargo- acudió junto a otros miembros de su equipo de gobierno a una concentración para impedir el desahucio por impago de una mujer y su hija. El lanzamiento se detuvo.
Pocos meses después, como sentenció el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, «la mayoría de las viviendas se encontraban ocupadas ilegalmente» debido al «efecto llamada» generado. «Existía una relación causal entre la actuación de la alcaldesa y la quiebra de la gestión de la concesión», indicó el fallo.
Confirmando el pronunciamiento del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número tres de Valencia, el TSJ eximió en 2021 a la empresa de pagar la reparación de los desperfectos -más de 400.000 euros- de la finca que le reclamaba el Ayuntamiento, pues fue este quién había impedido «la ejecución normal de la explotación». No obstante, obligó a Inmobles Reunits de Catarroja a pagar el canon de la concesión desde 2007 hasta 2015, el periodo anterior a la okupación que tampoco había sido abonado al consistorio.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete