Un juez abre una causa penal por la gestión de la DANA en Valencia contra responsables de la Aemet, la Generalitat y la CHJ

La organización les atribuye los presuntos delitos de homicidio imprudente, imprudencia grave de lesiones y daños por imprudencia.

En el auto, fechado el pasado 12 de noviembre, conforme a las normas de reparto del Decanato de la capital, el juez acuerda inhibirse del conocimiento de los hechos en favor del Juzgado de Instrucción número 20 de Valencia, pues este órgano fue el primero de la capital en abrir diligencias previas por el fallecimiento de una persona a causa de las inundaciones en la ciudad para la práctica de la autopsia.

Como informó ABC, el escrito firmado por el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard, se dirigió en un primer momento contra la presidenta de la Aemet, María José Rallo del Olmo, y contra el director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, Emilio Argüeso.

«La alerta roja de la Aemet se dio a las 08:00 del día 29 de octubre y la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias envió un primer aviso a las 20:10 a través del sistema ES-MEDIO ALERTS, mandando mensajes a los ciudadanos, que llegaron a solamente una parte de la población», señala la denuncia. Además, incide en que «la Confederación Hidrográfica del Júcar alertó a las 12:00 del día 30 de octubre que la situación del caudal de la rambla del Poyo en Riba-Roja era alarmante», por lo que, a su juicio, el aviso llegó de forma «tardía».

No obstante, días después, la organización amplió su escrito para incluir al presidente de la CHJ, Miguel Polo. Argumenta Manos Limpias que «la Confederación dispone de la herramienta SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica), que no funcionó correctamente», además de que este organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico «tiene una estación de aforos en la misma rambla del Poyo y pudo haber detectado y alarmado de la avenida que venía».

Del mismo modo, defiende que la CHJ «notificó a la Generalitat con un email, a las 15.50 h. que el caudal de la rambla del Poyo era bajo y no actualizó el dato, por esta misma vía, hasta cuando la situación era ya crítica a las 18.43 h.». Sostiene también que como «la Confederación encargada de los ríos tiene un presupuesto de 58,2 millones de euros y sólo ha gastado 1,1 millón de euros en edificaciones preventivas y, en cambio, más de ocho millones de euros en pagos al personal, todos estos elementos o circunstancias presuponen una responsabilidad penal».