La Intervención de la Generalitat Valenciana detecta 67.500 euros percibidos «indebidamente» en subvenciones por el hermano de Ximo Puig y sus socios
El informe pericial analiza las ayudas percibidas por las empresas en las que trabajan Francis Puig y sus socios para el fomento del valenciano en medios de comunicación
Los gastos al hermano de Puig subvencionados «indebidamente»: aire acondicionado, telefonía y el impuesto de circulación
La Audiencia de Valencia zanja la investigación al hermano de Ximo Puig a la espera de dos auditorías
La Intervención de la Generalitat Valenciana ha detectado que las empresas en las que trabaja Francis Puig, hermano del todavía presidente autonómico, el socialista Ximo Puig, y sus socios de la familia Adell Bover percibieron irregularmente más de 67.500 euros en subvenciones públicas.
El informe pericial de 66 páginas, al que ha tenido acceso ABC, ha sido remitido al Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, que investiga un presunto fraude en el cobro de ayudas en una causa en la que está imputado el hermano del secretario general del PSPV-PSOE. En total, se han analizado subvenciones por un monto de 625.721 euros.
La Intervención entiende que la mercantil Canal Maestrat, de la familia Adell Bover, percibió de forma indebida 24.264 euros durante el periodo comprendido entre los años 2015 y 2018, en el que se centran las pesquisas, en subvenciones destinadas a la promoción del valenciano en los medios de comunicación.
En Comunicació del Ports, otra de las empresas beneficiarias de ayudas de la Generalitat administrada por Francis Puig, el importe que según la Intervención no debería haberse abonado se eleva a 33.842 euros. El el caso de Mas Mut la cifra se cuantifica en algo más de 9.497 euros.
En total, más de 67.500 euros percibidos de «forma indebida» por incluir gastos que no podían ser subvencionados. La cifra no llega a los 120.000 euros, límite a partir del cual se enmarca el delito de fraude de subvenciones.
Canal Maestrat ya fue sancionada junto a Comunicacions dels Ports y otras firmas por montar un cártel y pactar precios para llevarse un contrato de la radiotelevisión pública À Punt.
Fuentes del caso explican a este periódico que la Intervención ha detectado los gastos incorrectamente justificados y ha calculado la subvención que se hubiera obtenido en caso de no haberlos incluido. Con todo, la Intervención no comprueba (porque le compete a la Guardia Civil) si las facturas cruzadas se corresponden con servicios reales. Esta situación está todavía pendiente de otro informe.
La pericial de la Intervención aclara que su informe no analiza si el gasto se ejecutó en realidad o si se produjeron duplicidades con ayudas de otras Administraciones, como la Generalitat de Cataluña. No obstante, el informe ha detectado gastos «no relacionados con la actividad subvencionada ni necesarios para su realización». Entre ellos, líneas de teléfono en domicilios, gastos de asesoría, alojamientos de hotel o billetes de tren.
Además, cita facturas para el alquiler de una nave agrícola en la localidad de Morella por importe de 4.500 euros expedidas al padre de los hermanos Puig, ya fallecido. La pericial también pone el foco en una factura de 983 por euros por la reparación de un aparato de aire acondicionado.
El informe de la Intervención ha llegado al Juzgado de que investiga el caso en vísperas del relevo en la Presidencia de la Generalitat Valenciana. De hecho, este jueves se celebrará el pleno de investidura del popular Carlos Mazón, que el lunes 17 de julio será proclamado como nuevo presidente.
El pasado mes de abril la Audiencia de Valencia anuló la prórroga de la investigación que se sigue contra las productoras administradas por Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat Ximo Puig, y Juan Enrique Adell Bover por un presunto fraude en las subvenciones que recibieron de varios gobiernos autonómicos.
No obstante, el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, que dirige la causa desde 2019 tras una denuncia del PP, podrá finalizar las diligencias acordadas hasta el 29 de enero, momento en el que terminó el plazo legal de investigación.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete