Una 'inquiokupa' que debe 10.400 euros a su casera de 78 años realquila el piso en Airbnb: «Se está riendo de nosotros»
La denuncia interpuesta por la víctima cuantifica en más de 15.000 euros los beneficios generados por el arrendamiento ilegal
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Carmen, una mujer de 78 años que reside en la localidad alicantina de Rojales, heredó de su tío un apartamento en Palma de Mallorca. Sin más pretensión que cubrir los gastos que genera la vivienda, decidió alquilarla a un precio de 365 euros mensuales, incluida plaza de garaje. Así encontró a una pareja rusa que le recomendaron los vecinos y que años después se separaron. Ella, que se quedó en el piso, dejó de pagar durante la pandemia y desde entonces ya debe 10.397 euros mientras han descubierto que lo realquila en Airbnb a 40 euros la noche.
«Se está riendo de nosotros a más no poder», relata Manuel, hijo de Carmen, a ABC. Según tiene cuantificado y perfectamente desglosado la familia de la propietaria perjudicada, la 'inquiokupa' habría obtenido beneficios superiores a 15.000 euros con el arrendamiento ilegal de la casa durante los últimos años. Una situación de la que les avisaron sus vecinos y que pudieron certificar al verla anunciado en conocidas plataformas turísticas.
«Los invitados de la inquilina llegan a cualquier hora del día o de la noche. Tocan el timbre en toda la casa si olvidan sus llaves, siempre hay maletas en la zona de la entrada y en la escalera de nuestra casa y llegan ruidosos y borrachos. La situación es insostenible», así reza una de las quejas vecinales que Manuel adjuntó en la denuncia contra la arrendataria.
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Según relata el hijo de la afectada, la mujer dejó de pagar durante la pandemia del Covid-19. «Nos dijo que no podía pagar y nosotros lo entendimos porque todos estábamos asustados», señala a este periódico. «Después nos dijo que el Gobierno balear sacó una ley mediante la que ella sólo iba a pagar la mitad del alquiler», añade.
En paralelo, Manuel confirmó en una entrevista con la radiotelevisión pública valenciana À Punt que la inquilina tiene en vigor una orden de lanzamiento desde julio de 2021, que se ha ido prorrogando hasta llegar a la actualidad. «Tiene unos ingresos que duplica a los de mi madre, que cobra 700 euros de pensión, y a ella sí la consideran vulnerable, mientras le pagan los gastos del apartamento», clama el primogénito de Carmen.
De acuerdo con lo que han podido averiguar, el piso ha estado alquilado en Airbnb a un precio de 40 euros la noche. Durante los años 2019 y 2022, calculan que se ha llevado un beneficio ilícito superior a los 15.000 euros. «Alquilaba una o dos habitaciones y cuando eran las dos ella y su hijo dormían en el sofá cama», cuenta Manuel.
«Nos dijo que la ampara la ley»
La vivienda ya no se encuentra para alquiler vacacional en la citada web pero, según le consta a la familia propietaria, «sigue entrando y saliendo gente», tal y como certifican los vecinos, quienes la han llegado a denunciar. «Hace un mes la llamamos para saber qué iba a hacer y nos dijo que la ampara la ley. Cuando mi madre le preguntó que quién la ampara a ella, nos dijo que le ayudaran sus hijos», recuerda.
Entre la documentación que aportan en su denuncia aparecen decenas de reseñas de clientes del apartamento turístico ilegal, así como las imágenes que se publicaban en los anuncios de su vivienda. «Zona residencial de la ciudad con toda la infraestructura, transporte, comercios, parque, centro de la ciudad y el mar en 15 minutos andando», así describía el piso.
«Todo muy limpio y correcto, yo diría que algo justo para tres personas pero ideal para una pareja. La iluminación de la habitación un poco improvisada pero está bien. Eso sí por la amabilidad de la dueña volvería sin dudarlo», escribía un cliente. «Nos gustó mucho la habitación pero parecía realmente de un niño y así había muchas cosas suyas. Es lo que nos esperábamos por el precio», relata otro usuario en las reseñas de Airbnb.
«Queremos hacer todo lo posible para que las Administraciones públicas se den cuenta y no prorroguen más el lanzamiento. Si necesita un apartamento social que se la den, pero que no sea mi madre quien tenga que mantenerla», defienden Manuel y Carmen, a quien debe más de 10.000 euros en concepto de alquiler.
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