El Gobierno de Ximo Puig concedió 900.000 euros a empresas de su hermano
Las subvenciones y la publicidad otorgadas a las compañías en las que trabaja Francis Puig arrojan una media de más de 100.000 euros al año
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Francis Puig, en una imagen de archivo tomada en la Ciudad de la Justicia de Valencia
La Generalitat Valenciana concedió más de 900.000 euros en concepto de subvenciones y publicidad institucional a las empresas en las que trabaja Francis Puig, hermano del que fuera presidente autonómico y, hasta el pasado fin de semana, secretario general del PSPV-PSOE.
Durante los ocho años de mandato de Ximo Puig, el Gobierno valenciano otorgó a Els Ports Radio, Nord TV, Semanari Comarcal y Comarques Nord –todos ellos en el ámbito de los medios de comunicación– un total de 185.934 euros en concepto de publicidad pública, de acuerdo con la información disponible en el Portal de Transparencia de la Generalitat Valenciana.
A estas cantidades hay que sumar otros 719.136 euros en ayudas para la promoción del valenciano entre los ejercicios 2015 y 2023. En concreto, el reparto fue de 582.717euros para la mercantil Comunicacions els Ports y 136.419 destinados a Mas Mut Producccions.
En estos casos se trataba de subvenciones en concurrencia competititiva que otorgó la Consejería de Educación, dirigida durante la etapa del Gobierno de izquierdas por Compromís. En total, las empresas en las que trabaja el hermano de Ximo Puig recibieron en ocho años 905.070 euros en subvenciones y publicidad y promoción institucional, de acuerdo con datos oficiales de la Generalitat, lo que arroja una media de más de 100.000 euros por ejercicio.
La Comisión de Defensa de la Competencia multó en el año 2020 con 16.801 euros a la productora Comunicacions dels Ports, cuyo responsable es Francis Puig, al entender que actuó como un cártel en una licitación pública. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana confirmó la sanción hace ahora un año. Pese a ello, siguió percibiendo subvenciones.
Tras perder las elecciones autonómicas el pasado 28 de mayo, Ximo Puig ha abandonado la dirección del PSPV-PSOE, que ha pasado a manos de la ministra de Ciencia, Diana Morant, quien fue proclamada este fin de semana en un congreso clausurado por el presidente del a Gobierno, Pedro Sánchez. Ferraz ha brindado a Ximo Puig una suerte de retiro dorado en París como jefe de la Delegación Permanente de España ante la OCDE. El que fuera presidente de la Generalitat ha dejado la política autonómica antes de que se cierre definitivamente el caso por el que se encuentra investigado su hermano. Así, el Juzgado de Instrucción número cuatro de Valencia mantiene viva una causa por presunto fraude en el cobro de subvenciones entre los años 2015 y 2018 abierta a raíz de una denuncia presentada por el Partido Popular.
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Un informe pericial remitido al Juzgado por parte de la Intervención de la Generalitat Valenciana detectó que Comunicacions dels Ports y Mas Mut, las empresas vinculadas a Francis Puig, recibieron un total de 43.239 euros de forma indebida en ayudas de la Administración autonómica dirigidas a la promoción de la lengua cooficial en medios de comunicación.
Entre el dinero que, de acuerdo con la Intervención, percibieron de forma indebida las empresas en las que trabaja Francis Puig, se incluían conceptos tan variopintos como la reparación de un aire acondicionado o el cambio de pantalla de un teléfono móvil.
Ximo Puig y Diana Morant, durante el congreso del PSPV-PSOE del pasado fin de semana
Algunos gastos, como las facturas de electricidad, de telefonía, de seguros, de asesoría y abogacía o de la alarma de seguridad, se repitieron a lo largo de las convocatorias.
La cifra total de 43.239 euros queda lejos de los 120.000 anuales que marca el tipo penal de fraude en subvenciones, por lo que esos abonos entrarían dentro de la irregularidad administrativa.
Último informe de la Guardia Civil
Tras descartarse la duplicidad en las ayudas de la Generalitat de Cataluña y confirmarse el archivo para el que fuera director general de Política Lingüística en la época de concesión de las ayudas, Rubén Trenzano, el magistrado está a la espera del último informe solicitado a la Guardia Civil para conocer si las facturas cruzadas entre empresas corresponden con servicios reales y resolver la causa.
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