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El Gobierno valenciano avanza hacia la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones

El Ejecutivo autonómico de Carlos Mazón aprueba el anteproyecto de ley que permitirá bonificar al 99% este tributo con efecto retroactivo desde el 28 de mayo

Carlos Mazón: «El cambio se cumple en la Comunidad Valenciana con el fin al impuesto a la muerte»

El Gobierno de Mazón avisa: «No permitiremos ni un ataque más al valenciano ni que sea moneda de cambio con los que quieren romper en España»

Imagen del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, junto con el resto del Consell, este martes en el Ayuntamiento de Castellón EP
Toni Jiménez

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El Gobierno valenciano de PP y Vox ha aprobado el anteproyecto de ley que permitirá aplicar la bonificación del 99% sobre el impuesto de sucesiones y donaciones a los hechos imponibles producidos desde el pasado 28 de mayo. El texto iniciará ahora su tramitación administrativa de forma urgente y saldrá a consulta pública como paso previo al proyecto definitivo que se remitirá a las Cortes Valencianas.

La supresión de este tributo 'a la muerte' -cuya bonificación está fijada actualmente en el 50%, salvo en el caso de hijos menores de 21 años o de personas con discapacidad, que alcanza el 75%- fue la primera medida que tomó el Ejecutivo liderado por Carlos Mazón durante su primer encuentro en julio. Cuando se apruebe en los próximos meses, con la mayoría parlamentaria del bloque de la derecha, se aplicará en el caso de que la sucesión o donación se realice en beneficio de hijos, cónyuges y padres y madres.

Así lo ha confirmado este martes la portavoz del Ejecutivo autonómico, Ruth Merino, tras la reunión semanal del Consell, celebrada en Castellón, en la que también se ha aprobado la anunciada declaración institucional en defensa del valenciano y se han formalizado distintos nombramientos y ceses de cargos del anterior Gobierno.

Merino ha indicado que la supresión del impuesto de sucesiones -«una cuestión de justicia y de moralidad»- beneficiará a 2.000 personas en la provincia de Castellón, a las que supondrá un ahorro de 24 millones de euros. «Un primer paso en la política fiscal del Consell», en la que estas «situaciones extremadamente injustas desaparecerán», ha apuntado, tras asegurar que 5.000 contribuyentes valencianos renunciaban a sus herencias cada año. Fueron 20.862 en la anterior legislatura y 1.558 en el primer trimestre de 2023 , según señaló el propio Carlos Mazón tras ganar las elecciones autonómicas.

En los presupuestos de la Generalitat para este ejercicio se contemplaba una recaudación de 392 millones de euros procedentes de este impuesto, alrededor del 1,1% de la partida total de ingresos de las cuentas públicas, que el Consell de Mazón quiere compensar con un incremento actividad económica y la reducción del gasto político.

El Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 13/1997, por la que se regula el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas físicas y restantes tributos, por lo que se refiere al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, contempla los siguientes supuestos.

Si las adquisiciones se realizan por hijos o adoptados menores de 21 años, se aplicará una reducción de 100.000 euros, más 8.000 euros por cada año menos de 21 que tenga el donatario, sin que la reducción pueda exceder de 156.000 euros.

Cuando las adquisiciones se hagan por hijos o adoptados de 21 o más años, por el cónyuge, padres o adoptantes, se asignará una reducción de 100.000 euros; en las adquisiciones por nietos se fijará una reducción de 100.000 euros si el nieto tiene 21 o más años, y 100.000 euros, más 8.000 euros por cada año menos de 21 que tenga el nieto, sin que, en este último año, la reducción pueda exceder de 156.000 euros, mientras que en las adquisiciones realizadas por abuelos, las reducciones serán de 100.000 euros.

En las adquisiciones por personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad igual o superior al 65%, y con discapacidad psíquica, con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, se aplicará una reducción a la base imponible de 240.000 euros.

Cuando la adquisición se efectúe por personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, que sean el cónyuge, padres, adoptantes, hijos o adoptados del donante, se aplicará una reducción de 120.000 euros. Igual reducción, con los mismos requisitos de discapacidad, resultará aplicable a los nietos y a los abuelos.

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