La Comunidad Valenciana necesita una inversión de 2.200 millones de euros en infraestructuras hídricas
La patronal y el sector agrario trasladan un inventario de obras prioritarias al Gobierno central y a la Generalitat, que se compromete a establecer un calendario «serio»
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La Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) cifra en 235 las obras en dotaciones hídricas prioritarias -para la agricultura y el consumo humano- que la región debe acometer, con un presupuesto total de 2.264 millones de euros a cargo del Estado, la Generalitat y, en menor medida, de los ayuntamientos y particulares.
Así se detalla en un inventario de infraestructuras necesarias para el desarrollo socioeconómico que representantes de la entidad y del sector agrario han presentado este lunes al presidente autonómico, Carlos Mazón. Buscan trasladar este análisis a las distintas administraciones para exigir pasos adelante.
La mayor inversión se la llevaría el regadío (1.171 millones), seguido de los obras para abastecimiento; saneamiento y depuración; reutilización; desalinización; y regulación. Según el documento, la cuenca hidrográfica del Júcar necesita actuaciones por valor de 1.495 millones, un dato que en la del Segura se reduce a casi la mitad, 769 millones. Mientras que en la primera el presupuesto se divide entre las distintas partidas, en la segunda la inversión en regadío supone tres cuartas partes de las cuentas previstas.
Además, el estudio incluye un apartado con las actuaciones de emergencia ante la modificación del trasvase Tajo-Segura y la sobrexplotación de los acuíferos del Júcar-Vinalopó. En ese sentido, se consideran urgentes infraestructuras en materia de vertidos, conducciones, instalaciones fotovoltaicas para el bombero de agua o reparación de filtraciones en embalses por valor de 421,5 millones de euros.
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Carlos Mazón se ha comprometido a establecer un calendario «serio» para poner en marcha las obras que competen a la Generalitat -895 millones de euros- y que «no admiten más demora», aunque ha asegurado que «es el Gobierno de España quien tiene dar un paso adelante si no queremos que el desierto entre en Europa por la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería». Por ello, este estudio se remitirá al Ejecutivo central a través de la CEOE.
«A mayor inversión en este mapa hídrico», ha señalado, «menor dependencia de otras fuentes» como el trasvase, «que está en una circunstancia agónica» o el agua desalada, por los costes económicos y porque perjudica a los cítricos.
Al encuentro con Mazón han asistido el presidente de la CEV, Salvador Navarro; el presidente de la Comisión del Agua de la CEV, Jordi Azorín; el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, y el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, que han confirmado que, al igual que las universidades, participarán en la nueva Mesa del Agua. En ese sentido, el jefe del Consell ha reiterado su llamada a PSPV y Compromís. En cualquier caso, el organismo se pondrá en marcha en las primeras semanas de 2024, «con la oposición o sin ella».
Respecto a la demanda que la Comunidad de Madrid ha presentado ante el Tribunal Supremo contra el plan hidrológico del Tajo que la Generalitat ya recurrió, Mazón ha asegurado que ambas regiones están «en el mismo barco» y esas alegaciones «nos benefician» porque van contra los «caudales políticos» del Ministerio. «No hay un solo estudio que justifique el establecimiento de estos caudales y es exactamente el mismo problema que tenemos con respecto al trasvase Tajo-Segura», ha lamentado el presidente autonómico. «En España no hace falta más agua, sino poder administrarla como corresponde», ha añadido.
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