Los diputados de las Cortes Valencianas tendrán dos años de 'paro' tras un pacto de todos los partidos

Los parlamentarios sin otra vía de ingresos al final de la legislatura tendrán derecho a una prestación calculada sobre su sueldo base de 2.500 euros

El Gobierno valenciano considera una «traición» que un exconseller de Ximo Puig diseñe la financiación singular de Cataluña

Imagen de archivo tomada desde la tribuna de las Cortes Valencianas JOSÉ CUÉLLAR / CORTS

Los cuatro grupos parlamentarios de las Cortes Valencianas -PP, PSPV, Compromís y Vox- han alcanzado un pacto histórico para que los diputados que no tengan otra vía de ingresos reciban una prestación de desempleo cuando cesen en el cargo al final de la ... legislatura.

Para ello deberán haber ocupado el escaño un mínimo de 18 meses, no tendrán que ser funcionarios ni trabajar por cuenta ajena o propia y tampoco estar en edad de jubilación (67 años). La paga, que asumirá el propio Parlamento, no tendrá efectos retroactivos.

Hasta ahora los 99 parlamentarios valencianos no recibían ningún subsidio ni indemnización al terminar su labor, precisamente porque no se había alcanzado un consenso entre sus señorías para implantarlo en anteriores legislaturas.

No ocurre lo mismo en el Congreso, el Senado o los Ayuntamientos, cuyos cargos electos sí cotizan a la Seguridad Social y, por tanto, tienen derecho a 'paro'. Para que los diputados autonómicos pudieran equipararse a ellos, sería necesaria una reforma a nivel estatal que no está encima de la mesa.

El acuerdo alcanzado por unanimidad este martes en la comisión de Gobierno Interior de la Cámara -donde se sientan la Mesa y los portavoces- todavía no se ha publicado en el Boletín de Les Corts. La prestación se asemejará a la de cualquier trabajador: se cobrará durante un máximo de dos años -de forma progresiva según el tiempo trabajado- y se calculará sobre la asignación reglamentaria -el salario base de 2.511,30 euros brutos al mes- sin los distintos complementos.

Los diputados cobran, de media, alrededor de 50.000 euros anuales con la suma de estos 'extras', tanto por sus responsabilidades dentro de la Cámara como por motivos de residencia o kilometraje.

En declaraciones a los medios, el síndic del PSPV, José Muñoz, explicó que Les Corts era «el único parlamento autonómico» sin este tipo de prestaciones, lo que suponía «una anomalía», y defendió la necesidad de garantizar que personas con «pocos recursos» puedan acceder a la política.

Cuestionado sobre por qué los cuatro grupos han llegado a este acuerdo y no han consensuado una postura sobre financiación autonómica ni han pactado la renovación de los órganos estatutarios, Muñoz insistió en que el PP y la oposición han considerado «necesario» garantizar que las personas que se dedican a una profesión «noble» puedan percibir una prestación «como cualquier trabajador».

«No es un privilegio»

En la misma línea, este miércoles el resto de portavoces han defendido que este cambio no supone ningún «privilegio», en palabras del popular Juanfran Pérez Llorca, que ha recalcado que este acuerdo es «bueno para el parlamentarismo y la actividad política». «No es un finiquito», ha aclarado el síndic de Vox, José María Llanos.

«Si solo pueden dedicarse a la política los que después de haber cesado en el cargo tienen ya cubiertas sus necesidades económicas estaremos diciendo como en la antigua Roma: cursus honorum. Y eso, desde luego, no nos parece que en estos tiempos y en democracia se pueda defender», ha argumentado.

Del mismo modo, Joan Baldoví (Compromís) ha asegurado que esta prestación no costará «un euro más a Les Corts» porque se han disminuido algunas partidas «para que sea posible sin aumentar el presupuesto».

Precisamente, en la comisión de Gobierno Interior se aprobó también el presupuesto de Les Corts para 2025, que se remitirá ahora a la Generalitat para que lo incluya en sus cuentas del año que viene. En total, ascienden a 35.641.400 euros, un 2,38% más que en 2024.

El aumento, según explican desde la Presidencia de la Cámara, se debe «a la renovación del sistema de seguridad del parlamento valenciano (la última renovación fue hace 40 años y costará 400.000 euros), la renovación de uniformes para trabajadores o el aumento de ayudas sociales al personal».

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