El doble rasero del Gobierno con el agua: recorta el trasvase a la Comunidad Valenciana mientras Cataluña es atendida a la carta
El envío hídrico en barcos «no sostenible» y las propuestas de ingenieros reabren el debate de un Plan Hidrológico Nacional, reclamado por Mazón y la Cámara de Alicante
Agua para todos
El Gobierno envía agua de Valencia a Barcelona mientras Cataluña descarta trasvases del Ebro a propuesta de ingenieros
A unos les cuesta el agua para su región mucho más que a otros. El Gobierno ofrece una diferencia de trato evidente a la Comunidad Valenciana y a Cataluña: mientras que el popular Carlos Mazón ha tenido que presentar cinco recursos judiciales para que los trasvases del Tajo al Segura lleguen sin recortes discrecionales, el independentista Pere Aragonès ha sido atendido a la carta, ya que recibirá caudales en barcos y puede prescindir de transferencias hídricas del Ebro.
Aunque la propia ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha reconocido que la solución de enviar depósitos cargados desde la desaladora de Sagunto (Valencia) hasta el área metropolitana de Barcelona «no es sostenible», la medida se ha acordado con rapidez ante la perspectiva de que en el futuro próximo podría haber problemas de abastecimiento, si perdura la sequía actual. A pesar de que cuatro colegios profesionales -de ingenieros y economistas- habían planteado la posibilidad de trasvases desde el Ebro con una mínima infraestructura de 70 kilómetros de tubería para la interconexión de redes hídricas.
De esta forma, contrasta un trato que puede considerarse a la carta de la Administración central a una Comunidad Autónoma, que tiene para elegir, mientras otra tiene que pelear en los tribunales y ve cómo el acueducto Tajo-Segura reducirá a la mitad su volumen de agua en el horizonte de 2027.
Al mismo tiempo que se viven estas diferencias y ciertas tensiones en el plano político, con el socialista Emiliano García-Page presionando al Ejecutivo de Pedro Sánchez para acabar con el trasvase al sureste peninsular e ironizando con que «agua para beber, sí», pero «para regar, sí sobra, y aquí no sobra», los técnicos aportan otros argumentos ajenos a este debate.
La alternativa de transferencias desde el Ebro apuntada por estos órganos de representación profesional catalanes no es el primer aviso de los expertos técnicos: hace justo un año, otra media docena de colegios oficiales de ingenieros industriales, agrícolas y geomecánicos de la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y Almería, ya alertaron del «peligro para la calidad del agua de consumo» con los recortes al trasvase Tajo-Segura, aparte de una segura subida de precios.
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La consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, ha opinado este jueves que la solución de los barcos es un «parche» y ha recordado esos cinco recursos judiciales recientes del Gobierno autonómico de Carlos Mazón, en una entrevista para À Punt.
En lugar de esta medida temporal, esta dirigente ha subrayado que sí se hubiera mantenido el Plan Hidrológico Nacional (PHN) derogado en 2004 por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, ahora ya no habría problemas de agua.
No es la única. El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, también ha reivindicado aquel planteamiento más global: «El resto de España debe ser igual de solidarios que lo somos nosotros. El agua es un bien y derecho de todos». A su juicio, «los actuales problemas de desabastecimiento que sufre la provincia se deben a la derogación, en su día, del Plan Hidrológico Nacional».
Ha coincidido también con la consellera Pradas en poner de relieve que los agricultores alicantinos son un ejemplo de reaprovechamiento de caudales. En aguaregenerada, la provincia de Alicante es la que más aprovecha este recurso en España; en la Vega Baja prácticamente el 100% y, de media, el 71% a nivel provincial, frente al 7% nacional o el 3% de Europa.
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