Cuatro denuncias amenazan el futuro de Teresa Ribera en la Comisión Europea

La asociación Hazte Oír llevó a Ribera ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por presuntos delitos de homicidio imprudente y prevaricación, argumentando que entre sus competencias se encuentra la «elaboración de la legislación estatal en materia de agua y costas». La querella de Iustitia Europa -también dirigida contra el presidente Pedro Sánchez y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska- suma además las acusaciones de omisión del deber de socorro y lesiones.

Del mismo modo, Vox incluyó a la titular de Transición Ecológica en la larga lista de cargos al más alto nivel implicados en la emergencia -encabezada por Sánchez- contra los que se ha querellado por idénticos motivos. En paralelo, aunque por la vía del contencioso administrativo, el abogado valenciano Curro Nicolau ha extendido su recurso a todo el Consejo de Ministros, haciendo referencia concreta a la «inactividad» de Ribera.

Aunque sin hacer mención explícita a la ministra, las denuncias presentadas por Manos Limpias y Hazte Oír en juzgados de Valencia contra la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) -organismo estatal dependiente de Transición Ecológica- también pretenden llegar hasta ella por elevación. De momento, todas las mencionadas se encuentran en una fase muy temprana y no han sido admitidas a trámite, excepto la de Manos Limpias.

La denuncia de la organización iba dirigida contra la presidenta de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), María José Rallo del Olmo; el director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, Emilio Argüeso; y el presidente de la CHJ, Miguel Polo. Les atribuye los presuntos delitos de homicidio imprudente, imprudencia grave de lesiones y daños por imprudencia.

En el caso de la Confederación, consideran que tiene sistemas que podrían «haber detectado y alarmado de la avenida que venía» en la Rambla del Poyo. Defienden que «notificó a la Generalitat con un email, a las 15.50 h. que el caudal de la rambla del Poyo era bajo y no actualizó el dato, por esta misma vía, hasta cuando la situación era ya crítica a las 18.43h». Al mismo tiempo, sostiene también para presuponer la responsabilidad penal que la CHJ «tiene un presupuesto de 58,2 millones de euros y sólo ha gastado 1,1 millón de euros en edificaciones preventivas y, en cambio, más de ocho millones de euros en pagos al personal».

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia incoó diligencias previas, pero se inhibió en Instrucción 20, pues fue el primero de la capital en hacerlo por el fallecimiento de un hombre en la pedanía de La Torre a causa de las inundaciones. Sin embargo, este último órgano devolvió ayer el asunto al juzgado inicial. En un auto al que ha tenido acceso ABC, el magistrado argumenta que no hay indicios de que ambas causas puedan relacionarse en este punto del proceso.

Durante la pandemia del coronavirus, el Tribunal Supremo descartó todas las querellas que le llegaron contra perfiles como el del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, al considerar que las causas debían comenzar a investigarse de abajo a arriba para poder llegar a conclusiones sobre la responsabilidad directa del alto cargo en las muertes que se denunciaban. Todas aquellas querellas se derivaron a los juzgados de instrucción, donde tuvieron un destino desigual, pero sin que ninguna a día de hoy se haya traducido en la imputación de ningún miembro del Gobierno por la gestión de la crisis sanitaria.

Teresa Ribera no es la única dirigente sobre la que se ha puesto ahora el foco judicial, pues también se han dirigido acciones legales contra el presidente valenciano Carlos Mazón y otros cargos de la Generalitat o la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Pero, en su caso concreto, estos movimientos en los tribunales pueden comprometer el futuro de la socialista como vicepresidenta de la nueva Comisión Europea. En ninguna de sus comparecencias del miércoles en el Congreso y en el Senado, respondió a la pregunta que le lanzaron con insistencia el PP y Vox: si piensa dimitir en caso de ser imputada en alguna causa.

Es, de hecho, una de las exigencias que el Partido Popular Europeo ha dejado por escrito para apoyar su candidatura. Los populares creen que, llegado el momento, Ribera se vería forzada a apartarse por la presión de los suyos, algo que niegan desde el PSOE y desde su propio entorno.

Sobre el papel, el Tratado de la Unión Europea señala que «un miembro de la Comisión presentará su dimisión si se lo pide el presidente», es decir, la popular Ursula von der Leyen. El Código de Conducta ahonda un poco más en esta cuestión, pero no deja de ser ambiguo: «Todo miembro de la Comisión que deje de reunir las condiciones necesarias para el ejercicio de sus funciones o haya cometido una falta grave podrá ser cesado o privado de su derecho a la pensión o de cualquier otro beneficio sustitutivo».