El crimen de la 'viuda de la CAM', sin respuesta judicial 'sine die'

A mediados de los 80 causó furor en España una serie televisiva americana que seguía las intrigas de una estirpe de viticultores adinerada y enfrentada por el control de sus negocios. Cambien California por Alicante y la finca Falcon Crest por La Torre, pero mantengan los giros de guión. El penúltimo lo provocó la misma magistrada que juzgaba el asesinato de la matriarca del clan que hizo fortuna con el plástico. El más reciente ha paralizado 'sine die' la repetición del juicio, que tenía que iniciarse este miércoles. Suma y sigue.

El 9 de diciembre de 2016 María del Carmen Martínez tenía 72 años y un Porsche Cayenne recién lavado que recoger del concesionario que regentaba su yerno Miguel López, casado con su hija pequeña. Era viuda de quien fue presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Vicente Sala. Esa tarde López le entregó las llaves del coche a su suegra, que fue encontrada minutos después junto al vehículo con dos tiros en la cabeza.

El crimen hizo añicos a una familia ya rota que seguía viviendo en comunidad. El dinero los había separado pero, paradójicamente, los mantenía unidos. Vicente y María del Carmen construyeron, sobre la misma parcela, un chalet para cada uno de sus cuatro descendientes cuando todavía conseguían reunirlos a todos para comer alrededor de la larga mesa de su mansión. Los terrenos acogían también las oficinas de Samar Internacional, el grupo que comercializa materias primas plásticas, y la Compañía Española de Resinas, la sociedad que aglutinaba los activos inmobiliarios.

Los Sala eran una familia conservadora y modélica, de las que gustan a las clases altas. Tanto es así que María del Mar, Antonia y Fuensanta solo se atrevieron a contradecir a su padre cuando ya estaba muerto. El testamento del reputado empresario, fallecido en 2011, partió en dos bandos a la familia: por un lado, el primogénito Vicente –junto a su madre y su tía– que había sido el delfín del patriarca y llevaba el peso del holding; por otro, sus tres hermanas –y sus respectivos maridos– que se oponían a que él tomara las riendas del imperio que su padre había levantado durante medio siglo.

Pese a que el pastel –valorado en cerca de 200 millones– se repartió a partes iguales, la matriarca se quedó con la 'acción de oro', que le otorgaba un poder especial sobre las decisiones de calado. María del Carmen la hizo valer en septiembre de 2016 para cumplir las últimas voluntades de su esposo. Nombró a Vicente administrador único de Samar Internacional, después de que sus hijas lo hubieran cesado como presidente y consejero delegado.

El clima en La Torre era irrespirable, tal y como la víctima dejó escrito en su diario durante los meses anteriores a su muerte. «Me están destrozando», se quejaba. Los nietos, como medida de presión, habían cortado lazos con ella. Uno la definió en Instagram como «más falsa que tus putos bolsos». Otro, tras conocer la noticia de su muerte, publicó una foto con un texto que daba cuenta del amor que le profesaba: «Jaque mate».

«Eres gilipollas», le espetaron sus padres en una conversación telefónica pinchada. El joven no sabía entonces que la Policía entraría dos meses después en su casa y se llevaría a su padre esposado, acusado de matar a tiros a su abuela. «Os estaba esperando», aseveró Miguel López a los investigadores que le seguían la pista desde lo ocurrido ante la ausencia de una coartada sólida. Hasta en el tanatorio y con la víctima de cuerpo presente, según corroboraron varios testigos, dejó claro que estaba muy lejos de ser el yerno perfecto. No solo incidió en que su suegra había perdido la cabeza. También vaticinó que sería arrestado. Tras pasar 39 días en prisión y pagar una fianza de 150.000 euros, salió en libertad provisional.

El 9 de diciembre de 2016, López era gerente de Novocar, otro de los negocios de la familia, el que menos beneficios les reportaba. A las 18:21, María del Carmen llegó al concesionario con Toñi, que dio media vuelta y se marchó sin saber que no vería más a su hermana con vida. Miguel entregó a su suegra las llaves del Porsche. Nadie vio si la acompaña o no al lavadero, convertido en una trampa mortal. Trece minutos después, una cámara de seguridad grabó a López conduciendo por una carretera cercana. Eran las 18.38. Hasta que no llegó a la finca familiar, su teléfono móvil permaneció desgeolocalizado. A las 18.48 recibió una llamada del taller: un trabajador había encontrado a María del Carmen ensangrentada y tendida junto al coche. Antes de emprender el camino de vuelta, paró tres minutos en su casa, pero no advirtió de lo ocurrido a nadie. Los equipos de emergencia confirman la muerte a las 19.05h.

Se descartó la hipótesis del robo porque las joyas seguían en su sitio. La posibilidad de que el crimen sea obra de un sicario se desvanece al comprobarse que los disparos no eran profesionales. López era aficionado al tiro olímpico.

Con una veintena de indicios y sin pruebas directas, fue juzgado a lo largo de dieciocho sesiones en la Audiencia de Alicante en noviembre de 2019. Aunque siempre ha defendido su inocencia, no declaró. No había huellas, ni rastro de ADN del acusado que lo implicaran. Tampoco se encontraron restos de pólvora en sus manos. Durante mes y medio los nueve ciudadanos anónimos que conformaban el jurado popular escucharon dos relatos contradictorios de los hechos.

Los forenses no se pusieron de acuerdo en establecer la hora a la que se produjeron los disparos a la altura de la sien izquierda y del pómulo. Fueron dos tiros realizados a tan corta distancia que hicieron estallar los globos oculares de la víctima. El arma, una pistola centenaria a juzgar por los casquillos de bala hallados junto al cadáver, no se ha encontrado. En uno de ellos, trucados para que pudieran encajar, había material genético de un hombre no identificado.

Los expertos aportados por la acusación defendieron que los disparos se habrían producido sobre las 18.25 –con Miguel López todavía en Novocar– y que la agonía de Martínez había sido larga, pues se habría desangrado lentamente durante casi cuarenta minutos. Una hipótesis opuesta a la de otros peritos, que fijaron los tiros alrededor de las 18.55h, argumentando que la víctima no pudo sobrevivir más de diez minutos como consecuencia de un shock hipovolémico con sangrado rápido y/o asfixia.

Fue esta última versión la que dieron por buena seis de los nueve miembros del jurado para declarar al acusado no culpable en su veredicto final, el segundo que cayó en manos de la juez. Concluyeron que el crimen había sido obra de «una persona desconocida» y así se recogió en una sentencia confirmada por el TSJ valenciano.

Pero el proceso se desarrolló de forma anómala, según dictó el Tribunal Supremo en mayo del año pasado. Un día después de empezar la deliberación a puerta cerrada, el jurado tenía listo su veredicto –de culpabilidad por mayoría de siete votos–, pero la magistrada Francisca Bru apreciaba defectos en el mismo, pues no se habían valorado las pruebas de descargo.

Pese a que previamente debía haberse celebrado una audiencia con el fiscal y las partes para que manifestaran su acuerdo o desacuerdo con los criterios que le llevaban a rechazarlo, la juez citó a todos los implicados en un tenso encuentro en el que nadie entendía lo que estaba ocurriendo. «Esta acta es mía», llegó a exclamar Bru. Tanto fue así, que más tarde la destruyó. Eso, según el Supremo, «legitima la duda» sobre si fueron sus indicaciones «las que determinaron un cambio de criterio convirtiendo un desenlace inicialmente condenatorio en un pronunciamiento absolutorio».

Por ello, se ordenó repetir el juicio con distinto jurado y un nuevo magistrado. La vista oral debía celebrarse entre el 3 y el 25 de mayo, pero finalmente la causa no volverá a la casilla de salida el próximo miércoles. El Tribunal Constitucional ha ordenado esta misma semana paralizar el proceso, sin fecha prevista, hasta que se resuelva el recurso de amparo que presentó el procesado.

Miguel López se persona cada quince días en el juzgado y tiene prohibido salir de España. Se enfrenta otra vez a 24 años de cárcel por asesinato y tenencia ilícita de armas. Más de un lustro después, La Torre ya no es el complejo familiar que era y la Justicia todavía no ha conseguido determinar si un asesino anda suelto.