Condenan al exalcalde y al exinterventor de Navajas por malversar fondos públicos
La Audiencia de Castellón considera probado que los acusados aprovecharon la ausencia de fiscalización en el consistorio para falsear documentos y aumentar su patrimonio personal entre 2013 y 2014
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La Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a prisión al exalcalde de Navajas, al anterior secretario interventor del Ayuntamiento y a la exconcejal de Hacienda y tesorera del consistorio con el PP por los delitos de falsedad en documento público, prevaricación y malversación, cometidos entre 2013 y 2014.
La sentencia, consultada por ABC, considera probado que el entonces secretario interventor municipal, Antonio Paredes, emitió tres certificados -dos de ellos con el visto bueno del primer edil popular, José Vicente Torres- para obtener subvenciones en los que se informaba de partidas inexistentes en los presupuestos municipales, que no se habían aprobado. Del mismo modo, constata que ambos fraccionaron contratos que en realidad pertenecían a la misma obra -la pavimentación y mejora del alumbrado y bombeo en una urbanización- para evitar el concurso público.
Además, «aprovechando la ausencia de fiscalización tanto interna como externa» en el Ayuntamiento «llevaron a cabo traspaso de fondos y emisión de cheques injustificados» que contribuyeron a aumentar su patrimonio personal. El exsecretario recibió 44.394,18 euros en siete transferencias -a las que se suman otros 13.668 entre 2015 y 2016 ya fiscalizados por el Tribunal de Cuentas- y el exalcalde ingresó sin justificación 21.134,24 euros, mientras la tesorera del consistorio en ese momento, Amalia Sabio, recibió 602 euros en dos cheques al portador.
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Una cantidades que Paredes y Sabio han reintegrado. Torres, por su parte, ha ingresado 16.000 euros en la cuenta del tribunal, motivo por el que se contempla para todos la atenuante de reparación del daño. Se añade también la de dilaciones indebidas, pues la investigación ha sufrido muchos retrasos desde que se iniciara en 2016 tras el cambio de color político en el gobierno local.
Al entonces interventor municipal se le condena a dos años y medio de cárcel por un delito continuado de falsedad en documento público, inhabilitación para ejercer en la función pública y una multa de 3.000 euros.
El tribunal también le considera responsable de un delito de malversación por el que suma una pena de dieciocho meses de prisión e inhabilitación durante cuatro años. Además, como cooperador necesario de un delito de prevaricación a la inhabilitación para cargo público y derecho de sufragio durante cinco años.
Al exalcalde popular se le inhabilita durante cinco años por prevaricar y se le condena a once meses de cárcel y dos años de inhabilitación por malversar, así como a devolver íntegramente el dinero sustraído de las arcas municipales con intereses.
Por último, a la exedil de Hacienda se le aplica una pena de cinco meses de prisión, mismo tiempo en el que no podrá ejercer ningún cargo o empleo público y una multa de 300 euros por malversación.
Los acusados tendrán que hacer frente a las costas procesales. El fallo de la Audiencia Provincial de Castellón no es firme y puede recurrirse ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
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