Más de cien detenidos por estafar un millón de euros a extranjeros con falsos contratos de trabajo en España
Los arrestados en Alicante cobraban a migrantes irregulares grandes cantidades de dinero para darles de alta en la Seguridad Social
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![Imagen de dos policías nacionales de la Oficina de Extranjería y Fronteras](https://s3.abcstatics.com/abc/www/multimedia/espana/2024/06/14/estafa-extranjeros_20240614093419-RMC2FATussa6W4cHqlAkmfN-1200x840@diario_abc.jpg)
Agentes de la Policía Nacional de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras y la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante han neutralizado un presunto entramado criminal cuya actividad principal consistía en el favorecimiento de la inmigración ilegal. Los hechos los llevaban a término mediante la confección de falsos contratos de trabajo a cambio de elevadas sumas de dinero que exigían a los extranjeros implicados.
El comienzo de la investigación se remonta a principios del año 2022. En aquel momento un ciudadano de origen argelino puso en conocimiento de la Policía Nacional una serie de hechos de carácter delictivo. Esta persona abonó la cantidad de 3.500 euros a un «empresario» para que le proporcionase un contrato de trabajo ficticio y le diera de alta en la Seguridad Social.
Los contratos obtenidos por los ciudadanos extranjeros ilícitamente eran utilizados posteriormente para la solicitud de autorización de residencia por circunstancias excepcionales, en su modalidad de arraigo social. Con ello, por lo tanto, se podría conseguir regularizar la situación en España ilícitamente.
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Gracias a esta primera denuncia localizaron a otras cuatro víctimas más, de origen argelino, que del mismo modo habían pagado por contratos ficticios con diferentes empresas. Siguiendo las pistas se pudo dar con el presunto cabecilla del entramado criminal y se comprobó que actuaba en connivencia con los administradores de varias empresas, por lo que valiéndose de la personalidad jurídica de estas, vendía los citados contratos por cantidades comprendidas entre los 1.000 y los 6.000 euros a personas extranjeras irregulares. La organización se componía asimismo de otros individuos extranjeros que realizaban la función de intermediarios y se encargaban del proceso de captación.
La investigación por parte de la Policía Nacional conllevó al análisis de más de 150 expedientes en los que se emplearon contratos con hasta ocho diferentes empresas relacionadas con la organización criminal, solicitándose la apertura de dichos expedientes en diversas Oficinas de Extranjería repartidas por diversas provincias del país: Alicante, Murcia, Toledo, Huesca, A Coruña, Navarra.
Las pesquisas llevaron a los investigadores a la comprobación de los emplazamientos que figuraban en los contratos, resultando que las direcciones eran inexistentes, pertenecían a locales abandonados, negocios cerrados, descampados, urbanizaciones privadas o bien bloques de pisos residenciales sin actividad económica, todo ello evidenciaba claramente la ilicitud de las contrataciones.
Una vez acumulados todos los indicios y pruebas, los agentes consiguieron alumbrar el modo de proceder de la organización criminal investigada, que se enriquecía «a costa de la necesidad de los inmigrantes que precisan regularizar su situación», procediendo entonces y por todo lo descubierto a la primera fase de explotación que se produjo en agosto de 2023, si bien, se destaca, que se produjeron muchos más arrestos en los meses posteriores, entre el mismo año 2023 y el 2024.
Dos años de investigación y 110 detenidos
«Las cifras hablan por sí mismas en cuanto a la envergadura de la investigación», concreta la Policía, pues han realizado un total de 110 detenciones, 83 varones y 27 mujeres, entre los delitos cometidos se encuentran; el delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (concretamente el de facilitación de la inmigración irregular), falsedad documental, estafa, fraude a la seguridad social e incluso delito contra la seguridad vial. También se investigan ocho empresas utilizadas para llevar a cabo las contrataciones fraudulentas, consiguiendo detener a nueve de sus administradores.
Se calcula que el rango medio de dinero exigido al inmigrante por cada contratación fraudulenta estaría entre los 2.500 y 3.500 euros, pudiendo obtener un beneficio estimado de casi un millón de euros (980.000€). Enumerando los diferentes países de los que son originarios los detenidos, se encuentran; Argelia, Marruecos, España, Colombia, Ecuador, Bangladesh y Polonia. Finalmente, aclara la Policía que la cabeza del entramado es un varón, español y de 74 años de edad, y que de todo lo actuado conocen los Juzgados de Instrucción de Alicante.
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