Asaja Alicante rechaza 43 propuestas del Gobierno y lo acusa de «chantaje» y de llevar a los agricultores al «abandono» de tierras
La organización mantiene sus movilizaciones por falta de medidas en el documento del Ministerio contra la subida de costes y las «promesas» sobre las cláusulas espejo
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Asaja Alicante ha anunciado que no firmará una batería de 43 propuestas planteadas por el Gobierno para resolver sus problemas, por considerarlas «un mero parche» en aspectos como las cláusulas espejo, con «promesas», y sin un «giro radical de la Política Agraria Común». Y han acusado al Ejecutivo de «chantaje» y de llevar a los agricultores al «abandono» de tierras.
Su presidente, José Vicente Andreu, ha anunciado que se mantiene el calendario de movilizaciones y de protestas anunciado para los próximos meses con el objetivo de mantener la presión para que «la agricultura sea respetada y podamos trabajar con rentabilidad y sin tanta carga burocrática ni normativas que nos castigan». Asimismo, ha lamentado que «por no firmar el documento, el ministerio amenace con expulsar de las mesas de negociaciones… puro chantaje».
La Junta Directiva Nacional de Asaja, reunida este viernes en Madrid, ha estudiado y debatido el documento de propuestas presentado el pasado 25 de marzo por el Ministerio de Agricultura en respuesta a la campaña de movilizaciones, en demanda de medidas para hacer frente a la grave crisis en la que se encuentra el sector.
Encuentran «carencias muy significativas», por ejemplo, en aspectos comerciales, «ni desde Bruselas, ni desde el Gobierno de España se han abordado cuestiones como es la aplicación rigurosa del principio de reciprocidad (cláusulas espejo) para los productos importados de terceros países que entran en clara competencia desleal con las producciones comunitarias».
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En relación con los costes de producción, no se recogen en el documento medidas claras destinadas a rebajarlos, competencia de varios ministerios: las bonificaciones en materia de Seguridad Social para hacer frente a las subidas reiteradas del SMI; la adaptación de los contratos de 90 días de la reforma laboral para las campañas agrarias; el incremento de los gastos de difícil justificación y revisión de las amortizaciones para los agricultores y ganaderos en el régimen de estimación directa del IRPF y la aplicación de la doble tarifa eléctrica, con carácter estructural.
La ganadería es, a su juicio, «la gran olvidada» del documento y que requiere un plan específico para afrontar la crisis que soporta que incluya un Plan Integral de Sanidad Animal; modificar el número de inspecciones ganaderas; acabar con la burocracia y los trámites administrativos; la disminución de la carga ganadera (PAC); la paralización de la normativa europea de bienestar animal y la salida del lobo del LESPRE.
Por último, entre las medidas propuestas tampoco encuentran soluciones a tres problemas: «La falta de vertebración del valioso recurso del agua, que sigue sin tener un tratamiento global que incluya nuevos planes e infraestructuras que permitan la optimización de los recursos; una revisión, en profundidad, del actual sistema de seguros agrarios para atender la siniestralidad extraordinaria provocada por el cambio climático desde fuera del sistema y medidas efectivas para incorporar jóvenes al campo con un plan integral coordinado con las comunidades autónomas, capaz de revertir las bajas cotas de relevo generacional en el sector agrario».
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