El amigo íntimo de Zaplana confiesa que fue su testaferro en el juicio del caso Erial: «Me ha utilizado»

Toni Jiménez

VALENCIA

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10/04/2024
Actualizado a las 18:58h.

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Joaquín Barceló, uno de los acusados en el caso Erial, se ha erigido como testaferro de Eduardo Zaplana, sin poder de decisión, en las sociedades del extranjero que el exministro y expresidente de la Generalitat Valenciana presuntamente utilizó para ocultar mordidas millonarias obtenidas tras las adjudicaciones de las ITV en 1997 y los parques eólicos en 2003.

«Me pidió que me encargase de su dinero porque él estaba en política y lo hice», ha señalado. Barceló, amigo íntimo «desde siempre» y «fiel seguidor de Zaplana a nivel político», al que hacía «favores», ha declarado este miércoles durante más de dos horas en el juicio que se sigue en la Audiencia de Valencia.

Quien fue jefe del Consell está procesado, junto a otras catorce personas, por presuntamente tejer una red de colaboradores con la que desviar dinero procedente de comisiones al extranjero para blanquearlo y retornarlo a España. Se movieron más de 20 millones de euros, según la Fiscalía. Se les imputan supuestos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y falsedad documental. En su extensa declaración del martes, el exministro lo negó todo y se definió como mediador en los negocios de sus amigos.

Una versión muy distinta a la ofrecida por Joaquín Barceló, que solo ha respondido a preguntas del fiscal, con el que habría alcanzado un pacto para eludir los ocho de prisión a los que se enfrenta. El compareciente, apodado 'Pachano', se ha remontado al inicio de todo y ha reconocido que viajó a Luxemburgo en un avión privado con Vicente y José Cotino, acusados de haber pagado esas mordidas tras recibir la gestión de las ITV. Su objetivo era «hacerse cargo» de una de las dos sociedades -Imison Internacional- «por parte de Eduardo Zaplana». De la otra -Fénix- se responsabilizaba Juan Francisco García, antiguo jefe de gabinete del político.

El exportavoz del Gobierno de José María Aznar le pidió el favor, según su relato, porque se había encontrado un dinero «absolutamente lícito» que no esperaba -2,5 millones de euros- y «tenía miedo al tema mediático»: «Me dijeron que era de Zaplana y de la familia, que no tributaba pero que era todo normal». Barceló empezó a sospechar cuando supo que esas cantidades provenían de las ITV, pero se enteró que en realidad había 6,4 millones en las cuentas cuando la UCO irrumpió en su casa en 2018.

Su única función era firmar papeles y solo le llamaban para eso. No daba órdenes ni a Beatriz García Paesa -sobrina del espía Francisco Paesa y quien constituyó Imision como sociedad matriz de la trama- ni a Francisco Grau, asesor fiscal de Zaplana. «He confiado siempre en él y he firmado todo lo que me ponía por delante. No he leído esos papeles jamás», ha afirmado sobre Grau.

«No daba órdenes de carácter económico», ni disponía del dinero. «No he podido tomar ninguna decisión financiera», ha aseverado en varias ocasiones, ni «he confeccionado ningún documento nunca». Cuando el portavoz del Ministerio Público le ha preguntado quién daba las directrices, Barceló ha respondido: «Ni idea. Yo no».

Tampoco sabía nada de las dos sociedades de Uruguay, de las que tuvo conocimiento, según ha explicado, cuando el abogado Fernando Belhot -que declarará como testigo clave de la Fiscalía por videoconferencia- le dio poderes para poder manejarlas desde España, aunque no hizo uso de ellos. A Belhot se lo presentó Zaplana para sustituirle en la administración de sus bienes junto a otra persona.

Joaquín Barceló ha reconocido que tenía una cuenta en Andorra con 90.000 euros, aunque había más a su nombre. Cuando la Banca Privada de Andorra fue intervenida, se bloqueó porque estaba contaminada por otras. Allí se habían ingresado más de cinco millones: «Me los dio Grau en una bolsa porque era dinero de Zaplana y tenía que llevarlo a Andorra y dárselo a una persona intermediaria que se encargaba de los negocios» en el país vecino. Pese a que le dijo al asesor fiscal que los metiera en una nueva cuenta, lo hizo en la suya: «Sin mi permiso y conocimiento pasaron a mi cuenta personal». Para poder sacar su dinero, pidió ayuda a Saturnino Suances, también acusado.

Para recibir el dinero en España se utilizaron mercantiles como Medlevante o Costera del Glorio, según ha ido detallando en el interrogatorio. La primera recibió 2,8 millones de euros procedentes de Luxemburgo. «Yo he hecho lo que me han mandado siempre. Firmé una ampliación de capital por orden de Francisco Grau. Esa sociedad canalizaba el dinero de Eduardo Zaplana», ha apuntado.

Con esas cifras, se compraron áticos, terrenos o embarcaciones para el exejecutivo de Telefónica, según ha relatado. De esas operaciones también se derivó la compra del piso de la calle Núñez de Balboa de Madrid. El exdirigente del PP aseguró ante el juez que el inmueble era propiedad de Barceló y le dejó residir allí. Pero éste ha apuntado que, aunque a su nombre, la vivienda siempre fue para él.

Además, ha comentado que destinó 20.000 euros de lo ganado con la venta de una finca a un reloj para el popular: «Dí el cheque, se pagó y ya está». Sin embargo, esa pieza terminó en manos del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, como se comprobó en los registros de la operación Lezo.

«Zaplana -a quien nunca se refirió como 'jefe'- me ha utilizado para todo esto y se lo he hecho y punto. Siempre lo he hecho pensando que las cosas eran lícitas. Era mi amigo, me lo pedía y se lo hacía. Era muy atrevido, pero sí», ha zanjado. A su salida de la Ciudad de la Justicia de Valencia, Eduardo Zaplana ha dicho no sentirse traicionado por quien fue su amigo: «Esto no es una cuestión de sentimientos sino de aclarar la verdad».

Anticorrupción pide 19 años de cárcel para Eduardo Zaplana y una multa de cuarenta millones. Entre el resto de enjuiciados está el exjefe del Consell José Luis Olivas o empresarios y amigos del círculo íntimo del exministro que supuestamente participaron en la trama.

Zaplana fue detenido en mayo de 2018 y estuvo en prisión provisional hasta febrero de 2019, tras pasar dos meses ingresado en el hospital La Fe para ser tratado de leucemia. La Fiscalía, como hizo el Juzgado de Instrucción número 18, cree que obtuvo «beneficios ilícitos gracias a su posición institucional» para servirse de ellos tras abandonar la política en 2008.

Según señala en su escrito de acusación, quien fue presidente autonómico entre 1995 y 2002 se habría concertado con el entonces director general de la Policía, el fallecido Juan Cotino, y dos sobrinos de éste -Vicente y José- para que su grupo empresarial ganara un concurso público supuestamente hecho a medida que no tenía ninguna justificación: la privatización del servicio de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en 1997. Los Cotino pagaron alrededor de seis millones de euros por el cánon de Castellón, Villareal y Vinarós. En 2004, vendieron sus participaciones en la compañía adjudicataria por 43 millones.

La adjudicación «amañada» a los Cotino de tres parques eólicos en 2003, un proceso que inició Zaplana antes de marcharse a Madrid y ser sustituido por José Luis Olivas, también está bajo sospecha. Por ello, Anticorrupción apunta que Olivas recibió un «soborno» de 580.000 euros. Un lustro después, despacharon sus participaciones en la sociedad adjudicataria por 44 millones.

El grupo Sedesa -de la citada familia- obtuvo en total «86.511.400,15 euros, lo que justifica el alto importe de las comisiones abonadas por dichas adjudicaciones». Para todo ello, el Ministerio Pública señala que diseñaron una estructura de sociedades en España y Luxemburgo, que después sirvió para «traspasar los sobornos pactados a la organización liderada por Eduardo Zaplana». 6,4 y 2,18 millones de euros que presuntamente se transfirieron a una empresa propiedad del exministro.

Además de para Vicente y José Cotino, Anticorrupción solicita 14 años de cárcel para el que fuera jefe de gabinete de Zaplana Juan García. El fiscal asevera que el asesor financiero Francisco Grau se encargaba de gestionar los fondos, mientras el amigo personal del exministro Joaquín Barceló ejercía como testaferro y titulaba el dinero que se repartió en sociedades de Luxemburgo, Panamá y cuentas de Andorra. Los dos se enfrentan a ocho años de prisión, junto a la exsecretaria del expresidente, Mitsouko Henríquez. La exdiputada del PP Elvira Suances y su hermano Saturnino también se enfrentan a un lustro de cárcel como supuestos encargados de recuperar el dinero de Andorra.