Abren juicio oral con petición de penas de cuatro años de prisión por el caso de los 43 enchufes del PSOE en Benidorm
La Fiscalía solicita también 15 años de inhabilitación para tres exconcejales socialistas, dirigentes de UGT y CCOO, y técnicos por tres delitos tras una denuncia del sindicato SPPLB
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La juez del caso de los 43 enchufes del PSOE en el Ayuntamiento de Benidorm hace más de una década ha dictado auto de apertura de juicio oral para tres exconcejales de este partido, dos dirigentes de UGT y CCOO, y tres técnicos municipales. La Fiscalía pide penas que van hasta los cuatro años y siete meses de prisión, y de quince años de inhabilitación por delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación y tráfico de influencias.
Están imputados los concejales de Personal y Recursos Humanos y Hacienda en aquel momento, Juan Ramón Martínez y Natalia Guijarro, respectivamente; el a la sazón secretario general de UGT en Benidorm y coordinador de Personal y Recursos Humanos, Daniel Caneiro; la número uno de CCOO y jefa de negociado de Personal, María Matilde Martínez Pérez, y técnicos del área como la jefa de Personal (Carmen Navarro Orts), jefe de Nómina (Julio Fernández Lleras), una técnica de Relaciones Laborales del departamento de Recursos Humanos (María Dolores Cantó Cerdá); y el jefe de Contratación y Gestión de la Seguridad Social y concejal socialista en el muncipio vecino de Relleu José Asensio Salamero.
Los ocho acusados se sentarán en el banquillo en la Audiencia Provincial de Alicante, como órgano competente para esta causa, en una fecha por determinar, después de varios intentos por parte de algunos de ellos de que no se les juzgará, desestimados en el juzgado de instrucción número 2 de Benidorm.
Un perjuicio de 4,5 millones y más sueldo que el alcalde
Finalmente, llega a juicio oral para esclarecer si hubo responsabilidad por beneficiar a personas «con relación familiar o política con el equipo de gobierno» municipal, tal como sostiene el Ministerio Público, con un perjuicio económico de 4,5 millones de euros para las arcas públicas. De hecho, uno de los enjuiciados -el representante de UGT- llegó a cobrar más que el alcalde.
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La investigación arrancó de una denuncia presentada por el Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB), que después hizo suya la Fiscalía, a la vista de los indicios de que se habían aumentado sueldos y cubierto plazas de empleo público sin justificar, incluso con informes en contra de la Intervención municipal.
Entre los presuntos 43 enchufes en los que se ha puesto el foco y sustentado la investigación, están el padre, el marido y el hermano de tres concejales socialistas cuando se produjeron las contrataciones fraudulentas y el cobro de pluses salariales, además de otros representantes del PSOE en la lista municipal para las elecciones.
Las posibles irregularidades se cometieron en 2010 y desde el SPPLB habían expresado su temor a que el caso prescribiera, tal como también argumentaron algunos investigados.
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