Abren juicio oral al primer alcalde ecologista de España por presunta prevaricación al impedir corridas de toros
La Fundación del Toro de Lidia se querelló contra Francisco J. Esquembre, exprimer edil en Villena, tras tres años de permisos denegados a los festejos pese a las resoluciones judiciales
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El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Villena (Alicante) ha acordado la apertura de juicio oral al exalcalde Francisco Javier Esquembre Menor y a dos exconcejalas -Catalina Hernández Martínez y María del Carmen García Martínez- pertenecientes en 2018 al partido ecologista «Los Verdes de Villena», por presunta prevaricación por impedir la celebración de corridas de toros durante varios años.
Segú ha informado la Fundación Toro de Lidia (FTL), se les acusa de un delito tipificado en el artículo 404 del Código Penal y el juzgado ratifica su libertad provisional, al tiempo que requiere a cada uno la prestación de fianza para asegurar las responsabilidades que pudieran imponérseles.
El exalcalde de la localidad alicantina, el primero de un partido ecologista en España, en su momento, al llegar al poder en 2011, se sentará en el banquillo tras múltiples pronunciamientos judiciales que determinaron de una manera rotunda que el Ayuntamiento de Villena no podía prohibir ni impedir los festejos taurinos en su localidad, según las mismas fuentes de la entidad que presentó la querella por este motivo.
A pesar de las resoluciones favorables obtenidas en los tribunales de lo Contencioso-Administrativo por la Fundación Toro de Lidia en los años 2016, 2017 y 2018, el entonces alcalde de Villena continuó denegando sus peticiones realizadas conjuntamente con la Peña Cultural Taurina Villenense.
Fuera de sus competencias
En 2016, ante la negativa del Ayuntamiento por considerar «que los espectáculos taurinos tienen connotaciones negativas y no conviene asociarlos al municipio» y tras un recurso presentado por la FTL, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictaminó que el Ayuntamiento carecía de competencia tanto para autorizar o denegar la celebración de este tipo de festejos como para cuestionar los rasgos jurídicos que definen la tauromaquia como bien de interés cultural, y ordenó al Consistorio al abono de las costas del procedimiento.
Esquembre también justificó sus negativas a que la plaza de toros carecía de las condiciones de seguridad adecuadas para este tipo de actividad, además de rechazarlas por motivos ideológicos y culturales.
Un año más tarde se repitió la misma situación: tras la denegación de la autorización municipal y posterior recurso de la FTL, una nueva resolución judicial insistió en que «siendo la tauromaquia un patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional, el municipio de Villena no constituye una excepción a esta máxima establecida legalmente; y dado que los poderes públicos deben ejercer una acción de salvaguardia de la tauromaquia, el Ayuntamiento de Villena también se encuentra comprometido dentro de tal exigencia legal», por lo que condenó de nuevo en costas al consistorio.
En 2018 y ante las dos últimas resoluciones judiciales, se solicitó de nuevo la plaza de Toros para realizar una corrida y en este caso, el consistorio no denegó la solicitud explícitamente, pero sí por silencio administrativo.
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El tribunal en esta ocasión condenó basándose en la jurisprudencia generada por los procedimientos anteriores interpuestos por la FTL y añadió que el silencio administrativo, al no dar razones para negar la solicitud, coloca a la parte demandante «en la más absoluta indefensión», cerrando así también esta postura del consistorio.
«Dada la reiterada actitud arbitraria de Francisco Javier Esquembre impidiendo la celebración de espectáculos taurinos en Villena a pesar de las continuadas resoluciones judiciales, la FTL inició un procedimiento por la vía penal por prevaricación que fue admitido a trámite el 28 de mayo de 2019», han recordado los denunciantes.
Ese año, el alcalde se retiró de la primera línea de la política y volvió a ejercer como médico, aunque ha mantenido su militancia y activismo con su partido, que sigue en el equipo de gobierno municipal en coalición con los socialistas, si bien ahora, fruto de las nuevas mayorías, es el PSOE quien tiene la vara de mando.
Posteriormente, el juzgado incorporó a la causa como investigadas a Catalina Hernández y María del Carmen García, como miembros de la Junta de Gobierno Local que también intervinieron en la legislatura anterior a ese cambio en el Ayuntamiento en la adopción del acuerdo que denegó el uso de la plaza solicitado por la Peña Cultural Taurina Villenense y que, por tanto, habrían impedido también con su actuación la celebración de los festejos taurinos.
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