El abogado y exportavoz del PSOE valenciano pide el archivo de la pieza del caso Azud que afecta a los socialistas
Manuel Mata, letrado del empresario que los investigadores consideran como el cabecilla de la presunta trama corrupta, sostiene en un recurso que la instrucción podría «vulnerar derechos fundamentales»
La juez de Azud cree que el PSOE valenciano aprovechó el Gobierno de Zapatero para financiarse en 'B'
Manuel Mata, exportavoz del grupo socialista en las Cortes Valencianas y antiguo vicesecretario general del PSPV-PSOE a las órdenes de Ximo Puig, mueve ficha en el caso Azud.
Mata, abogado del empresario Jaime Febrer, considerado por los investigadores como el cabecilla trama de la presunta trama de corrupción urbanística, ha presentado sendos recursos en los que reclama que se archive la pieza separada número siete del caso Azud, que afecta de lleno a la supuesta financiación irregular de los socialistas valencianos, y que se destruyan los archivos digitales a los que se ha accedido, al entender que todo lo investigado ya figura en la causa principal y que esta pieza es «el paradigma de la prospectividad».
En su recurso, presentado el pasado 11 de enero ante el Juzgado de instrucción 13 de Valencia, Mata sostiene que la pieza separada en la que está imputado el extesorero del PSPV-PSOE José María Cataluña, se abrió en base a «la probabilidad» de que se hayan cometido delitos por personas que tenían relación en 2006, 2007 y 2008 por haber mantenido contacto en 2019, y se adoptan medidas «tremendamente invasivas sin mantener las exigencias de proporcionalidad», como el acceso a correos o mensajes de muchas personas «desde tiempo inmemorial a la actualidad».
En un auto emitido el pasado 2 de diciembre en el marco de esta pieza separad, la juez del caso Azud apunta a que el PSOE valenciano se sirvió de que el partido gobernaba a nivel estatal, con José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Ejecutivo central, para obtener fondos de forma irregular.
En la pieza número siete de la macrocausa, con nueve imputados, se investigan los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias, fraude en la contratación, blanqueo y organización criminal. El de financiación ilegal de partidos no existía en ese momento -se incluyó en el Código Penal en 2015- y el delito electoral estaría ya prescrito.
El recurso del exportavoz socialista recalca que la decisión del Juzgado de acordar conocer «todos los datos de todo tipo de dispositivos sin que se investigue ningún delito cometido en esas fechas recientes» supone «revelar los secretos de la intimidad personal de los investigados, que absolutamente nada tienen que ver con las pretendidas actividades delictivas, pudiendo afectar grave e irrevocablemente sus derechos fundamentales«.
Según Mata, las investigaciones «prospectivas están expresamente vedadas y, lamentablemente, las estamos sufriendo en la Comunidad Valenciana desde 2016».
Según el letrado, si para averiguar posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en la contratación o falsedad documental acaecidos entre 2007 y 2008 , «que no delito electoral o financiación ilegal de ningún partido», se investiga a personas que en aquella época «carecían de cualquier responsabilidad, estamos ante una vulneración de derechos fundamentales».
El exgerente del PSOE valenciano Francisco Martínezreconoció ante la juez del caso Azud la existencia de una caja 'B' en el partido durante las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007.
Filtración del informe de la UCO
En su escrito, Mata hace referencia a un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que forma parte del sumario. Según explica, hasta el 23 de diciembre no se entregó a las partes el contenido de las pesquisas de la pieza separada, pese a que desde el 20 de diciembre «todos los medios de comunicación nacionales, autonómicos y locales, audiovisuales, digitales o en cualquier formato se hicieron eco» del informe que figura en ella y que «fue filtrado, probablemente desde la propia UCO».
La Guardia Civil sostiene que la trama del caso Azud pagó al PSOE valenciano más de un millón de euros en comisiones. El informe de la UCO incluido en el sumario de la causa sobre corrupción urbanística revela el abono de gastos de la campaña electoral de Carmen Alborch y María Teresa Fernández de la Vega en 2007 y 2008
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