La Comisión Europea sigue «de cerca» la amnistía para ver «si se ajusta al derecho de la UE»

Después de que el Congreso, y en concreto Junts con su negativa, no aprobara la ley el pasado 30 de enero —devolviéndola a la Comisión de Justicia—, la Mesa amplió el plazo hasta el 7 de marzo para que este órgano apruebe su dictamen.

Este retraso en el desarrollo legislativo, ahora en parte opacado por el mal resultado socialista en las elecciones gallegas y el 'Caso Koldo', no impide, sin embargo, que la Comisión Europea siga muy pendiente de una norma sobre la que la mayoría de asociaciones judiciales ha puesto en duda su constitucionalidad.

Así se lo ha hecho saber la Comisión a Teresa Freixas, presidenta del colectivo 'Citizens pro Europe', en una respuesta a las denuncias sobre la amnistía enviadas por esta asociación los pasados meses de noviembre y diciembre, y a la que ha tenido acceso ABC. Advierte que la 'guardiana de los tratados (como se conoce a esta institución) sigue resuelta a «adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del Derecho en la UE».

Con un lenguaje similar al que ha utilizado el Comisario de Justicia, Didier Reynders, cada vez que ha sido interpelado por la cuestión, la Dirección General de Justicia y Consumidores confirma que está «analizando la proposición de Ley Orgánica» y que la Comisión finalizará su análisis basándose en el texto que se apruebe y determinará si esta «se ajusta al Derecho de la UE».

Para que la Comisión Europea analice el texto final de la amnistía, primero, la Comisión de Justicia tiene que aprobar el dictamen sobre la misma. Es para esto el plazo que la Mesa, a instancias del PSOE, ha alargado hasta el próximo 7 de marzo.

Una vez sea emitido, la amnistía volverá al Congreso, donde, además de las enmiendas incorporadas por la Comisión, tendrá que aprobarse en votación de conjunto. El trámite que no consiguió superar el pasado 30 de enero, cuando el PSOE no quiso plegarse y votar a favor de las enmiendas de Junts y el partido de Puigdemont voto 'no'.

Si en esta ocasión saliese adelante, el texto sería enviado al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y podría dilatar su tramitación, pero no evitar que este vuelva de nuevo a la Cámara Baja, donde, previsiblemente, podría ser aprobado de forma definitiva.

Es el momento que la Comisión Europea ha fijado como clave para intervenir, si comprobara que la norma contradice los principios del Tratado de la UE. Pero, como demuestra la carta enviada a Freixas, no quiere decir que no haga un seguimiento constante de la polémica.

La iniciativa de 'Citizens pro Europe' no es la única que ha tratado de alertar a Bruselas sobre el olvido legal que están negociando los socialistas para con los encausado en el 'procès'. Cientos de ciudadanos particulares y figuras inactivas de la política española como Rosa Díez han dirigido sus protestas a Europa después de que el PSOE iniciara la tramitación de la ley.

De hecho, el Parlamento Europeo, donde los eurodiputados de CS y el PP están haciendo una importante labor de oposición, ya celebró el pasado mes de noviembre un debate sobre la cuestión, una semana después de que Sánchez fuera investido presidente con los votos del independentismo.