La comisión del 17-A, el pago a Junts para hacer presidenta a Armengol

La comisión de investigación por los atentados yihadistas del 17-A, así como la del caso Pegasus, es el pago que Pedro Sánchez hizo a Junts para que Francina Armengol pudiera ser presidenta del Congreso. Los socialistas eran plenamente conscientes de la inutilidad de ambas pero a pesar de ello no tuvieron reparos a abrirlas. Esa decisión, al final, es la que ha permitido que se produzcan situaciones tan vergonzosas como la comparecencia en la sede de la soberanía popular de un terrorista condenado en firme.

Para Junts esa comisión era muy importante para poder mantener sus teorías conspiranoicas sobre los atentados de Cataluña de 2017, cuya tesis es que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) pudo evitar la matanza. Se trata no solo de una estupidez, sino de una tesis que provoca mucho dolor en las víctimas e inocula el odio al Estado en un sector de la sociedad catalana muy radicalizado.

A los nacionalistas, a los que Sánchez blanquea constantemente para poder seguir al frente del Gobierno, les importa poco que los atentados del 17-A fueran juzgados por la Audiencia Nacional y que en noviembre pasado el Tribunal Supremo confirmara la sentencia, sin que hubiera una sola prueba sobre lo que ellos sostienen. Tampoco que ni la Policía, ni la Guardia Civil, ni los Mossos d'Esquadra, ni el CNI, ni el fiscal, ni el juez instructor encontraran el menor indicio que apoyase ese delirio. Es igual; Junts, como se vio ayer, está dispuesto a dar más credibilidad a un terrorista que a los Cuerpos de Seguridad, incluida la Policía catalana.

Que el PSOE dejara abrir esta comisión aun a sabiendas de cuál era el objetivo de los independentistas fue la primera gran muestra de debilidad del Gobierno, que en los meses sucesivos tuvo que hacer -y continúa haciéndolo- numerosas concesiones más para mantener el poder.

Por la comisión de investigación del 17-A han pasado ya varios responsables de las Fuerzas de Seguridad, pero el testimonio más relevante era el que podía aportar el mayor Josep Lluis Trapero, jefe de los Mossos en el momento de los atentados -con Carles Puigdemont aún en la Generalitat-, y actual director general del Cuerpo. Su comparecencia fue demoledora para Junts, puesto que echó por tierra las tesis conspiranoicas de los independentistas de los independentistas con datos muy precisos e irrefutables.

Trapero admitió que en aquella etapa había problemas de coordinación con algunos mandos de la Policía concretos, pero quiso destacar la «lealtad con la que actuó el CNI antes y después de los atentados». «Utilicé la palabra lealtad (en una entrevista en un periódico) porque la relación era así, y no era así sólo en el ámbito del terrorismo; era así también en materia de crimen organizado y desde hacía años», añadió.

«Es un ámbito de responsabilidad compartida -continuó el mando policial- y yo no voy a rehusar la responsabilidad (del atentado), pero sí que le voy a decir que, difícilmente, aún haciendo más allí, en esa mezquita (la de Ripoll, de la que fue imán el cerebro de los atentados), hubiésemos llegado a algo. Por una sencilla razón, porque el imán de Ripoll Abdelbaki Es Satty ya se preocupó de no mostrar lo que tenía entre manos desde el año 2014».

Explicó que los Mossos y el resto de Fuerzas de Seguridad del Estado «no han dejado de ir por las mezquitas, no han dejado de investigar en el ámbito terrorista», por lo que lamentó que se lancen «teorías de conspiración sobre lo que ocurrió el 17-A o se tergiverse» la realidad desde algunos ámbitos.

También el exdirector del CNI, Félix Sanz Roldán, explicó los detalles de la relación que en su día tuvo el Centro con el líder de la célula yihadista, que consistió en tres visitas a la cárcel, la última tres años antes de los atentados. La documentación desclasificada por el Gobierno para la ocasión lo corroboró.

Es igual; Junts seguirá con su cantinela y el Gobierno cediendo.