Las claves de la trama rusa del procés que llega al Supremo
Desmenuzamos los códigos de la causa contra Carles Puigdemont, Francesc Dalmases y el resto de imputados, su relación con Putin, y la argumentación del juez Aguirre que impide amnistiarlos
El juez Aguirre deniega a Puigdemont la amnistía y su caso va al Supremo
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La instrucción del caso de la trama rusa del procés culmina con la elevación de la causa al Tribunal Supremo, que es quien debe decidir porque dos de los implicados, el todavía eurodiputado Carles Puigdemont y el diputado autonómico Francesc Dalmases, son ... aforados.
El juez Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona, comenzó a investigar los contactos de Puigdemont, Artur Mas y otros dirigentes independentistas con ciudadanos rusos tras hallar indicios de esos lazos, incluida una libreta en que figuraban las palabras «Putin» y «estado protector». Este lunes, el juez ha emitido un auto de no amnistía y una exposición razonada de los hechos elevada a su vez al Supremo para que decida.
¿Por qué no se aplica la amnistía?
En ese auto, el juez deniega la aplicación de la Ley Orgánica 1/2024 de amnistía a los delitos investigados en relación con la injerencia rusa en el proceso independentista catalán. Argumenta que la traición, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal no son susceptibles de amnistía, dado que implican una amenaza real y efectiva contra la integridad territorial y la independencia política de España. El documento también describe la implicación de los imputados en disturbios y actos violentos en Cataluña desde 2017, comenzando por los Comités de Defensa de la República (CDR) y llegando a los disturbios protagonizados de Tsunami Democràtic.
¿Hubo riesgo de violencia?
El juez describe actos violentos en Cataluña desde 2017, promovidos por grupos independentistas y cómo los movimientos separatistas, a través de los CDR y la plataforma Tsunami Democràtic, promovieron disturbios en Cataluña, incluyendo el bloqueo del aeropuerto de Barcelona y ataques a infraestructuras públicas y privadas. Estos actos provocaron numerosos heridos y alteraron gravemente la paz social. Además, detalla los actos violentos durante las protestas de octubre de 2019, que incluyeron agresiones a policías, destrozos materiales y alteraciones del orden público, destacando la implicación de líderes independentistas en la organización y promoción de estos disturbios. La violencia fue utilizada como una táctica para presionar a la comunidad internacional y al Gobierno español. La oferta de un emisario ruso de soldados y otro apoyo que señala el instructor se producen en el contexto de estas tensiones.
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¿Qué interés tenía Rusia en Cataluña?
El juez cita abundantemente resoluciones del Parlamento Europeo, apoyadas por socialistas y conservadores, y de informes españoles de seguridad nacional, y apunta a que Rusia tiene en pie una estrategia de guerra híbrida, es decir, de ataques a Europa por vía digital compaginados con agresiones convencionales como la de Ucrania, iniciada en 2014 e intensificada en 2022. «Las amenazas híbridas se han convertido en la nueva técnica militar de nuestra era», escribe. Para Rusia, influir en unas elecciones como las de EE.UU. en 2016 o en decantar el referendo del Brexit al 'sí' es parte de esa estrategia. En ese sentido, Rusia aprovechó la crisis catalana para tratar de influir en España y debilitar a un Estado miembro de la Unión Europea y la OTAN.
¿Qué frustró la estrategia rusa?
El juez afirma que, a horas de declarar la independencia, Puigdemont sintió «pánico» tras escuchar la oferta de los 10.000 soldados, que se habría hecho en sede oficial, su residencia en la Casa de Canonges. «En el caso de que el proceso secesionista hubiera finalizado con éxito y Cataluña hubiera obtenido la independencia, y así el apoyo ruso, Rusia habría contado con una puerta trasera para desestabilizar toda la Unión Europea, tanto políticamente, siguiendo la misma estrategia que con Cataluña, como económicamente, mediante el uso fraudulento de criptomonedas».
¿Qué implica esta denegación de amnistía?
La denegación de la amnistía significa que los investigados, incluidos Carles Puigdemont y otros líderes independentistas, deberán enfrentar los procedimientos judiciales sin posibilidad de beneficiarse del perdón urdido por el Gobierno de Pedro Sánchez hasta que el Tribunal Supremo resuelva la petición de Aguirre, lo que entre tanto complica la situación legal del prófugo y limita sus opciones de retorno a la vida política sin rendir cuentas.
¿Qué pruebas hay de los contactos con Rusia?
El juez comenzó a investigar porque en un registro a un imputado llamado Víctor Terradellas, contratado por Artur Mas para llevar las relaciones internacionales de Convergència, se encontró una libreta en que figuraban anotaciones sobre pagos, «Putin», «estado protector» y otros contactos con Rusia. Después, en registros de teléfonos y conversaciones grabadas se hallaron viajes a Rusia del propio Terradellas y del jefe de gabinete de Puigdemont, Josep Lluis Alay. En un punto, Terradellas habría llevado a la residencia oficial de Puigdemont en Barcelona a un ruso al que describió como «emisario de Putin». Este ofreció supuestamente 10.000 soldados y pagar la deuda catalana. Faltaba un día para la declaración de independencia previa a la huida de Puigdemont. Esos viajes y contactos habrían seguiodo tras la huida de Puigdemont.
¿Quién debe imputar a Puigdemont?
El juez instructor eleva el caso al Tribunal Supremo debido a la implicación de dos personas aforadas, Puigdemont y Dalmases. Este documento presenta una argumentación sobre los delitos de traición, malversación de caudales públicos y pertenencia a una organización criminal imputados a Puigdemont y a otros 12 investigados. Se expone cómo estos líderes se concertaron para facilitar la injerencia rusa, utilizando fondos públicos para financiar actividades relacionadas con el proceso independentista catalán.
¿Por qué se les atribuye organización criminal?
El juez basa su argumentación en la definición y características establecidas por el artículo 570 bis del Código Penal, que describe a una organización criminal como una agrupación de más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que se reparten tareas o funciones de manera concertada y coordinada para cometer delitos. Esta organización debe tener permanencia y estabilidad, con un esquema organizativo preestablecido y, frecuentemente, de carácter jerárquico, lo que aumenta su peligrosidad y eficacia. De las pruebas reunidas por el instructor se desprende que Puigdemont heredó de Mas unos enlaces internacionales, encabezados por Terradellas, que iniciaron un acercamiento a Rusia. Tras la detención de este por otro caso, los contactos los asumió Alay, que viajó a Moscú varias veces.
¿Qué tipo de malversación se les atribuye?
La investigación judicial de Aguirre revela que los investigados habrían utilizado fondos públicos para facilitar la injerencia rusa en territorio español. Estos fondos se emplearon en el desarrollo de relaciones internacionales destinadas a obtener apoyo económico, reconocimiento en el exterior y soporte financiero de los Gobiernos de China y Rusia para una supuesta república catalana independiente. Además, se señala la influencia en las estructuras financieras con el desarrollo de infraestructuras digitales de criptomonedas. Según el informe del Tribunal de Cuentas publicado en marzo de 2019, la Generalitat de Cataluña tenía obligaciones reconocidas en su acción exterior por más de 400 millones de euros, utilizados por diferentes departamentos. De estos, más de 130 correspondían a la empresa pública Acció, sin justificación suficiente en su empleo.
¿A quién más se investiga?
Artur Mas, expresidente de la Generalitat, jugó un papel crucial en el impulso del referéndum de independencia de 2014. Víctor Terradellas, exsecretario de Relaciones Internacionales de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), inició los contactos con emisarios rusos. Elsa Artadi, economista y política, ha ocupado varios cargos en el Gobierno catalán, incluyendo el de directora general de Coordinación Interdepartamental, y se habría visto con uno de los emisarios rusos. Jordi Sardà, empresario con fuertes conexiones con Rusia, ha sido implicado en actividades de apoyo a la independencia catalana. Natalia Boronat, periodista y activista, ha participado en diversas campañas de promoción de la independencia. Zeus Borrell, empresario y activista.
Miquel Casals, colaborador cercano a los líderes independentistas, ha participado en la organización de eventos y actividades a favor de la independencia. Carles Porta Gaset, periodista y productor. Aleksander Dmitrenko, empresario de origen ruso, ha sido vinculado con actividades de financiación y apoyo externo al proceso secesionista y la Policía Nacional le vincula a la inteligencia de su país. Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Puigdemont, ha sido un intermediario clave en los contactos internacionales del expresidente. Gonzalo Boye, abogado y editor, conocido por su defensa legal de líderes independentistas y su implicación en causas judiciales relacionadas con el proceso catalán. Fue condenado en 1996 por su papel en el secuestro de Emiliano Revilla por parte de la banda terrorista ETA.
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