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Víctimas de pederastia en la Iglesia claman por la atención psicológica en la sanidad pública

comisión de investigación en cataluña

Miguel Hurtado alerta que la ley del 'sí es sí' solo garantiza la atención a los varones víctimas de abusos en la infancia hasta los 18 años

El padre coraje que destapó el caso Maristas: «Mi hijo lleva diez años encerrado en casa y nadie le ha ofrecido ayuda»

La comisión de investigación sobre los abusos a menores en el Parlamento de Cataluña ABC
Elena Burés

Elena Burés

Barcelona

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Fue 'J.' quien, con una cámara oculta, logró la confesión del religioso de los Maristas que abusó de él cuando era menor y estudiaba en el centro de la congregación en el barrio de Sants (Barcelona). «Yo era mayor, con mujer e hijos. Nunca te ha creído nadie, te has arruinado en psicólogos y psiquiatras, pero vi algo que me indignó mucho. Fue en febrero de 2016, cuando los Maristas consiguieron que, tras trascender una denuncia, los padres rodeasen las escuelas con cadenas humanas». Ese gesto para defender al centro fue «el punto de inflexión».

La grabación de la confesión dura 27 minutos, aunque por su contenido, 'El Periódico de Catalunya' no la pudo emitir íntegra, según ha desvelado este martes 'J.', Josep María Garrigós. «Soy el que le sacó la confesión a Arnaldo Ferrer. Confesó que me había violado más de 50 veces», ha explicado en la comisión de investigación del Parlament sobre los abusos a menores, que también engloba los casos de pederastia en la Iglesia.

Tras reprochar que una intervención de 15 minutos -la fijada por la comisión- es insuficiente para explicar su calvario, ha indicado que, tres décadas después de los abusos, con la publicación del diario en la que no se le identificaba, recibió una llamada del que fuera director del centro donde estudió. «De los casi 1.000 alumnos que había en mi curso, el del 74, ¿cómo supo a quién llamar? ¿Cómo tenía mi teléfono? Lo que me dijo fue: 'Después de tanto tiempo, la institución no se merece esto'. Eso te duele más que las 50 violaciones, sabía lo que había pasado y lo encubrió. Eso es lo que da rabia».

Así lo ha secundado Manuel Barbero, padre de Toni, víctima del pederasta confeso de los Maristas Joaquín Benítez, condenado a más de 21 años de prisión. Fue este progenitor el que empapeló el barrio de Les Corts de la capital catalana con fotos del profesor de gimnasia, después de que su hijo le contase que lo había violado durante años. La víctima primero se negó a denunciar y Barbero acabó formalizando la queja ante los Mossos d'Esquadra en 2016. El chico la ratificó después.

Durante su intervención este martes, Manuel ha reprochado, no solo la escasez de tiempo para poder explicar «el caso de pederastia más grande de España», sino también la falta de objetivos definidos de la comisión. «¿Sabemos lo que quieren las víctimas? ¿Cuáles son sus necesidades? No podemos exigir que den su testimonio una y otra vez. En casa, en sede policial, judicial, ante el forense, el Síndic, el Defensor del Pueblo y ahora aquí», ha criticado para reclamar atención continuada y reconocimiento para los supervivientes.

Las víctimas sufren secuelas como «trastorno de la personalidad, ansiedad, fatiga crónica o depresión». «Yo soy auxiliar de enfermería y no era capaz de trabajar», ha relatado ante la comisión otra superviviente de abusos en la infancia, Aurora Martín. «Pienso que se tiene que trabajar desde el sistema público de salud», ha reclamado. Cuando era menor, durante cuatro años, varios integrantes de su familia la agredieron sexualmente.

También Miguel Hurtado, primer denunciante de la pederastia en la abadía de Montserrat, ha clamado por que el sistema público de salud garantice la atención psicológica a las víctimas. También acompañamiento para la inserción sociolaboral. Y es que como ha explicado Barbero: «Mi hijo lleva 10 años encerrado en su habitación». Durante todo este tiempo nadie le ha ofrecido ningún tipo de apoyo o recurso, la ayuda médica la tuvo que sufragar de su propio bolsillo.

«Una sesión de media hora cada dos meses». Esa es la atención a la que pueden acceder en el sistema público, según ha denunciado otra víctima de abusos durante su infancia, Alexandra Membrive, presidenta de la asociación El Mundo de los ASI. Al igual que Hurtado, ha clamado por evitar la prescripción de este tipos de delitos o, al menos, alargarla.

Fue la semana pasada cuando el Congreso corrigió el error sobre los plazos de prescripción en la Ley de Infancia. Ampliar dichos plazos era una petición de las víctimas, ya que lo habitual es que tarden en dar el paso de presentar la queja formal. Aspecto al que también se ha referido Hurtado esta tarde: «El grueso prescribe ahora cuando la víctima tiene 40 o 45 años. Es un avance importante, pero se queda corto», ha indicado.

Discriminación

Además, ha alertado sobre que la ley del 'sí es sí' reconoce el derecho de las víctimas a recibir atención psicológica y sociolaboral, pero, en caso de hombres que hayan sufrido los abusos durante su infancia, solo contempla dicho apoyo hasta los 18 años. «Es una discriminación muy grave y se tiene que solucionar», ha reclamado. «Adultos y niños, sean hombres o mujeres, tienen que ser atendidos por el sistema público de salud», ha secundado Aurora Martín.

«¿Hay algún psicólogo en la sala? ¿No? Pues muy mal», ha apuntado Alejandro Palomas durante su intervención. «Algunos podemos sentirnos muy mal al dar nuestro testimonio». El escritor, que denunció haber sufrido abusos por parte de un religioso en el colegio de La Salle donde estudió, ha planteado que visibilizar la violencia contra los menores, igual que se hizo con la machista, ayudaría a las víctimas a dar el paso de denunciar.

Barbero, muy crítico con un trámite parlamentario que no ha acotado objetivos, ha defendido que un acuerdo previo entre la Iglesia, el Gobierno y las asociaciones sería más efectivo para abordar las necesidades de las víctimas, su reconocimiento y la forma de resarcirlas.

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