Los Pujol, aún a la espera de juicio por asociación ilícita y blanqueo

La 'confesión' del patriarca, que marcó el inicio del denominado 'caso Pujol', llegó dos años después de sendas denuncias contra la familia. La primera, la del empresario Javier de la Rosa, que apuntó ante la Policía que el 'expresident' tenía cuentas en el extranjero y aseguró ser víctima de amenazas por la información de la que disponía. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz rechazó investigarla y se inhibió en favor de un juzgado de Madrid. Apuntó, además, que no se había «practicado gestión alguna para verificar las acusaciones».

De la Rosa había detallado ante la Policía que la familia tenía patrimonio opaco por valor de varios millones de francos suizos pero, dos meses más tarde, se desdijo y, ante un instructor negó lo que había afirmado ante la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef): ser conocedor de que el expresidente de la Generalitat tenía cuentas en el extranjero. La segunda denuncia fue la de María Victoria Álvarez, expareja del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, que propició, con su declaración ante el juez Ruz –entonces en el Juzgado Central de Instrucción 5 de la AN–, el inicio de la investigación contra el clan y sus presuntos fondos de origen ilícito, por lo que tanto el patriarca como sus siete hijos se encuentran ahora a la espera de juicio, que aún no tiene fecha.

En su comparecencia, en enero de 2013, Álvarez afirmó que durante su relación había sido testigo de varios episodios en los que su pareja llevó dinero a Andorra en su coche, en bolsas de plástico. Ratificó así su denuncia, en la que apuntó que en esas bolsas, el hijo mayor de Pujol llevaba billetes de 500 euros.

Tras la confesión del 'expresident', también Manos Limpias formalizó una denuncia. La investigación se saldó, primero, con la imputación del primogénito y meses más tarde, con la del 'expresident' y su esposa, Marta Ferrusola, que falleció este pasado lunes. Finalmente, toda la familia acabó procesada. La Sala de lo Penal considera que el clan llevó a cabo una serie de «actuaciones destinadas a orientar en determinada dirección diversas resoluciones administrativas, aprovechando el cargo de Pujol al frente de la Administración autonómica catalana, fruto de o cual se obtenían importantes rendimientos económicos, que eran ingresados en cuentas bancarias en el extranjero y sometidos a diversos movimientos, para ocultar su origen ilícito». El auto de procesamiento avala que existen indicios de que la familia aprovechó «su posición privilegiada de ascendencia en la vida política/social/económica catalana durante decenios, para acumular un patrimonio desmedido, directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas».

Para pedir su absolución, Pujol, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide nueve años de cárcel por asociación ilícita y blanqueo, esgrimió que el dinero oculto en Andorra durante 30 años –hasta la confesión– no guardaba relación con sus funciones como presidente de la Generalitat (1980-2003), sino que provenía de su padre, Florenci, y que lo mantuvo en el extranjero por la «preocupación» y «profunda inquietud» que le generaba su carrera política, y así poder «asegurar y garantizar la estabilidad económica de su nuera y nietos». El argumento no convenció a la Sala, que confirmó el procesamiento, no solo del patriarca, sino de su mujer y sus siete hijos. Aunque, en 2021, el juez Santiago Pedraz archivó, por motivos de salud, la causa contra Marta Ferrusola.

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Sobre el origen del patrimonio, el magistrado apuntó que «ha provenido de distintas fuentes». En algún caso «desconocidas», «aunque, desde luego, existen indicios sólidos que acreditan que no proviene, como se alega por los miembros de la familia, de una herencia familiar procedente de Florenci Pujol».

El primogénito del clan es al que mayor pena de prisión se enfrenta. Anticorrupción pide para él 29 años de cárcel por asociación ilícita, blanqueo, falsificación de documento mercantil, frustración de ejecución y contra la Hacienda Pública. Según las pesquisas, era el encargado de manejar las cuentas de Andorra y de dar instrucciones a los gestores bancarios sobre qué hacer con cada una de las cuentas del clan familiar.

El mayor de los Pujol admite haber gestionado la herencia, pero niega cualquier vínculo o gestión con funcionarios u autoridades para la adjudicación de contratos públicos.

En el marco de la investigación, ingresó en la prisión de Soto del Real (Madrid), donde permaneció entre abril y diciembre de 2017, cuando salió tras abonar una fianza de 500.000 euros.

Además, intentó, en dos ocasiones, personarse como perjudicado en el caso Tándem, para que se investiguen las actividades desarrolladas en Andorra contra él y su familia por parte del Grupo Cenyt, la empresa del excomisario José Manuel Villarejo. Pretensión que rechazó la AN.

El único de los hijos de Pujol que se dedicó a la política, Oriol, aceptó, en julio de 2018, una condena de dos años y medio de prisión por cobrar comisiones ilegales de empresarios afines del sector de las ITV, lo que le evitó ser juzgado por un tribunal popular. Asumió, a cambio de una rebaja de pena, el cobro de 'mordidas' de empresarios afines, por emplear su influencia política para favorecer sus negocios. Seis meses más tarde, ingresó en la prisión de Brians 2 (Barcelona). Transcurridas ocho semanas, el exdirigente de Convergència obtuvo el tercer grado y abandonó la cárcel. Después un juzgado revocó la decisión de la junta de tratamiento penitenciario y tuvo que volver a prisión, hasta que finalmente salió en libertad.

Ahora, al igual que sus seis hermanos y su padre, se encuentra a la espera de que se fije la fecha del juicio en la Audiencia Nacional por el denominado caso Pujol. La Fiscalía Anticorrupción pide para él ocho años de cárcel por asociación ilícita y blanqueo de capitales.

Además de este caso –por el que la Fiscalía pide para él la misma pena que para Oriol– el benjamín de la familia estuvo imputado, también por la Audiencia Nacional, por blanqueo de capitales. En julio del año pasado, el juez Santiago Pedraz archivó esta causa contra Oleguer Pujol, al concluir que no había base «siquiera para apreciar indicios de delito alguno». Acordó así el magistrado dar carpetazo a la pieza separada que abrió por las operaciones de la sociedad Dragó SL al entender que no se había acreditado la «perpetración de delito alguno». En el marco del caso Pujol, la Policía Nacional detuvo a Oleguer en octubre de 2014 , y registró su casa, para averiguar si blanqueó dinero procedente del extranjero mediante varias operaciones inmobiliarias. Entre estas, la compra de 1.152 oficinas del Banco de Santander por un valor de 2.117 millones.

El Ministerio público pide para él 14 años de prisión por asociación ilícita, blanqueo, falsificación de documento mercantil y contra la Hacienda Pública. Al igual que su hermano Jordi, niega haber coaccionado a empresarios o autoridades para obtener adjudicaciones y tampoco tener conocimiento de que así lo hiciese el primogénito, por su condición de hijo de presidente de la Generalitat.

La Fiscalía pide para cada uno de ellos ocho años de prisión por asociación ilícita y blanqueo de capitales. Los tres, en sendos escritos de defensa, apuntan que, tras la confesión de su padre, cancelaron sus cuentas en la banca andorrana y, habiendo prescrito ya el delito fiscal, presentaron declaraciones complementarias de IRPF, acogiéndose a la amnistía fiscal de Montoro. Al igual que el resto de la familia, niegan haber incurrido en cualquier ilícito y solicitan su absolución.