«Ahora va ser ERC la que determine qué es corrupción», denuncia la oposición

Àlex Gubern

Barcelona

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08/12/2022 a las 01:39h.

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La decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, el PSOE y Unidas Podemos de aceptar la enmienda de ERC a la reforma del Código Penal, que está tramitándose en el Congreso, en relación a la malversación fue recibida por la oposición en Cataluña como una nueva rendición del Estado ante los partidos nacionalistas. Tras los indultos y la eliminación del delito de sedición, la reforma de la malversación supone un nuevo deterioro en la relación de Vox, Cs y el PP con los socialistas, al menos, en la comunidad que sufrió en primera persona los hechos de 2017.

Para Ignacio Garriga, líder de Vox en Cataluña y secretario general de la formación que preside Santiago Abascal a nivel nacional, el Gobierno está «premiando el delito con el indulto, el chantaje con apoyo parlamentario y la malversación con puestos en política». En este sentido, Garriga valora al PSOE como «enemigo de los contribuyentes, de los catalanes y de España», apuntó en su cuenta de Twitter al conocer la aceptación de Sánchez de la adecuación de la malversación a las exigencias de los independentistas.

En una línea similar se manifestó Nacho Martín Blanco, portavoz de Cs en el Parlamento de Cataluña, a preguntas de ABC. «Es un escándalo que Sánchez se pliegue a todas y cada una de las exigencias de ERC. Esta política de vuelo gallináceo para permanecer unos meses en La Moncloa, a costa de debilitar sobremanera nuestro Estado de derecho y nuestra democracia, es inmoral», alegó. Y añadieron desde la formación liberal que lidera Inés Arrimadas: «Ahora ERC va a ser quien determine lo que es corrupción y lo que no, un partido con dos golpes de Estado a sus espaldas va a fijar el perímetro moral de nuestra democracia. Es una vergüenza».

Por su parte, Alejandro Fernández, presidente del PP catalán, recordó a este diario que: «Malversar caudales públicos significa robar el dinero de todos». Y añadió el dirigente de los populares: «Tras suprimir el delito de sedición para que el separatismo pueda volver a dar un golpe de Estado, pero esta vez sin consecuencias penales para ellos, ahora Sánchez pretende además que puedan hacerlo robando el dinero de todos, que debería servir para financiar los servicios públicos».