De los seguros a las mafias: el gran negocio tras la okupación

En el ámbito de la prevención, uno de los productos más demandados para blindar las viviendas son las denominadas puertas antiokupas. «Reforzadas, de acero y unos 70 kilos, con una cerradura que no da acceso al bombín, sino que cuenta con una ranura para insertar la llave, y sistema antipalanca y 'antibumping'», cuenta Jordi Lázaro, dueño de Doors Closed. Abrió su empresa, con sede en Mataró (Barcelona), hace cinco años y la tendencia ha sido ascendente. «No sabemos si porque existe mayor demanda de producto, o porque estamos bien posicionados», admite, aunque apostilla: «A veces las ventas están relacionadas con las noticias que salen en televisión, cuando notamos un incremento». Los clientes de Lázaro son tanto grandes plataformas que su vez las ofertan al consumidor final, como particulares que buscan proteger segundas residencias, comunidades de vecinos o entidades bancarias. Vende entre 250 y 300 puertas al año, y su precio oscila entre los 600 y 700 euros, por debajo del de una blindada.

Por su parte, las aseguradoras también han detectado una demanda de los usuarios ante el potencial riesgo de que ocupen sus viviendas. En junio de 2023, Línea Directa fue pionera en ofrecer una cobertura complementaria a la póliza del hogar, por 10 euros más al año. «El 70 por ciento de nuestros clientes han decidido incluirlo», explica su director comercial, Diego Ferreiro. Unos meses después, se lanzó también como producto independiente, por 24 euros anuales, con un límite de 33.900 euros en el conjunto de sus coberturas. Desde asesoramiento legal al pago de los suministros en la vivienda ocupada –la ley no permite al propietario darlos de baja–, e incluso un alojamiento provisional para los afectados «Este año hemos tenido 250 casos, por igual en vivienda habitual y en segundas residencias», detallan desde la compañía.

El lanzamiento fue criticado por otras aseguradoras, como Mapfre –«tenemos que ser serios y ofrecer productos que respondan a las necesidades de la gente», llegó a afirmar su presidente–, pero Ferreiro recuerda que la cifra de denuncias por okupaciones en España es similar a la de incendios en viviendas y «nadie diría que el riesgo no es real». A su iniciativa se han unido ya otras compañías como Mutua Madrileña o AXA.

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«La incertidumbre nos moviliza. En función de determinados niveles de riesgo, sabiendo que se producen robos, hay quien decide asegurar el contenido de la vivienda. Ante un riesgo conocido uno actúa de manera racional, porque somos capaces de medirlo. Pero si no sabemos si algo va a pasar o no, la tendencia habitual es sobreactuar», explica Rafael Martínez, experto en Seguridad y catedrático de la Universidad de Barcelona, sobre el auge de la contratación de productos o servicios para blindar las viviendas ante posibles allanamientos. «Ante el caldo de cultivo de la okupación, existe una vía de negocio». Y es que, «el del miedo es un recurso que no sólo se emplea en cuestiones de seguridad en el hogar, sino también en lo relativo a la salud. Es lo más atávico que tenemos y funciona», corrobora Maria Lluisa Solé, profesora de Marketing y Publicidad en la misma facultad.

Según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la vía legal hasta que un propietario puede expulsar a los allanadores y recuperar su vivienda ronda los dos años, aunque en ocasiones el proceso se alarga. Entre los motivos, porque «el real decreto del Gobierno durante la pandemia para paralizar los desahucios en casos de vulnerabilidad se ha prorrogado otra vez hasta diciembre de 2025», explica Arantxa Goenaga, abogada de AF Legis. La espera propicia que algunos dueños recurran a empresas de desalojos extrajudiciales. Recurso que desaconseja incluso la propia Asociación Nacional de Afectados por la Ocupación, cuyo presidente, Antonio Miranda, explica: «Hacen firmar unos contratos en los que no garantizan ningún tipo de resultado, mientras que la Justicia funciona, pero para eso hay que contar con un buen abogado, o el proceso puede eternizarse. Realmente es un gran negocio para muchas empresas, mientras el propietario hace frente a una enorme carga económica porque el Estado no cumple su función ante el déficit de vivienda social».

La 'cara b' de ese «gran negocio», la más efectista, es la de los desalojos extrajudiciales. Primero fue Desokupa, de Daniel Esteve, que ofrece sus servicios desde unos 3.000 euros. A la mediación y los controles de acceso, para tratar de expulsar a los allanadores, algunas empresas suman las coacciones y la violencia, como Antiokupa Tarraco, cuyo líder se encuentra en prisión provisional tras una operación de los Mossos d'Esquadra, acusado de lesiones, allanamiento de morada, daños, coacciones, acoso, robo con fuerza y pertenencia a organización criminal. De hecho, hay indicios de su participación hasta en 62 hechos delictivos. Un juzgado de Barcelona, Instrucción 12, investiga a otra de esas compañías, Stop Okupas, por el asedio y las agresiones a cinco okupas y el inquilino de un edificio del Poble-sec.

También hay mafias que se lucran ante el déficit de vivienda en España. Algunas, como ocurrió en Barcelona, incluso se valen de menores para evitar los desalojos. Los niños llorando tras la puerta servían para que los Mossos descartasen la actividad delictiva en los pisos ocupados, y activasen a servicios sociales, dilatando así el desalojo. La banda que se encontraba tras la 'performance' realquilaba los inmuebles a terceros. En su mayoría, familias vulnerables en situación irregular. Una práctica por la que los delincuentes se embolsaban unos 24.000 euros mensuales, pagando 500 a tres madres con sendos hijos, que se instalaban en las viviendas durante 24 o 72 horas, una vez las habían ocupado.

Este enero, en Carabanchel (Madrid), otra mafia okupó una treintena de pisos de una urbanización, todavía sin habitar, para 'venderlos', entre 2.000 y 3.000 euros, a familias de origen peruano, a quienes se los ofrecieron cuando estaban en la cola del comedor social de una iglesia del barrio. Los delincuentes encuentran una vía de negocio ante una doble problemática: la complejidad de expulsar a los okupas y el reducido parque de vivienda. «Los poderes públicos tienen que proveer de soluciones habitacionales, mientras tanto, el de la okupación es un gran negocio para empresas y mafias, y quien lo paga es el propietario», advierte Miranda.