Inmigración

Todo ello –ahí surge el problema- en «el marco de sus competencias». Cosa que nos remite al artículo 175 del Estatuto en donde se puede leer que la Generalitat y el Estado «pueden suscribir convenios de colaboración». Es decir, la Generalitat únicamente tiene competencias de baja intensidad si tenemos en cuenta que la Constitución, en su artículo 149.1.2ª, atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y asilo. O lo que es lo mismo, en materia de inmigración la Generalitat ha de negociar y pactar con el Estado. Ahí empieza el conflicto.

Queda claro que la negociación ha de ser con un Pedro Sánchez dispuesto a entregar lo que sea a cambio de unos votos que le aseguren el poder. La cuestión: ¿qué se puede pedir o exigir? ¿Dónde está el límite? Por un lado, a ERC le interesa una legalidad –unos cambios en la legalidad existente- generosa de puertas abiertas gracias a la cual la inmigración vea a los republicanos como su partido. Por otro lado, a Junts le interesa una legalidad de puertas semiabiertas que restrinja la apertura y permita la expulsión de emigrantes.

ERC –además de recuperar votos perdidos- busca votos en los caladeros del PSC, los Comuns y la CUP. Junts –además de recuperar también votos perdidos- busca votos de Aliança Catalana. Vale decir que el conflicto entre unos y otros podría beneficiar al PSC.