En libertad el agente acusado de vender información a unos narcos: «No es la historia de un capo infiltrado en los Mossos»

La resolución del juez, que prohíbe al policía investigado abandonar España y fija comparecencias quincenales ante el juzgado, indica que la investigación, abierta por delito contra la salud pública, cohecho, revelación de secretos y pertenencia a organización criminal, «hasta el momento» constata la existencia de una estructura criminal, que encabeza un matrimonio encargado de suministrar cocaína y marihuana, así como varios subalternos. Tras ello, blanqueaban el dinero de la droga comprando pisos y coches de lujo. El papel del mosso, según las pesquisas, sería el de «dotar de seguridad» al enramado «a cambio de dinero», algo que él niega.

La investigación de la DAI arrancó después de que en el marco de las pesquisas a la banda de narcos, los agentes detectasen a D. G., cuando cerraba la compra de un vehículo -un BMW- con uno de sus integrantes. Los Mossos a cargo del caso descubrieron así que era un compañero del Cuerpo y pasó a estar bajo su radar. Entre los indicios que recabar, varias consultas que hizo en la base de datos policial (SIP, Sistema de Información de la Policía de la Generalitat), relativas a procedimientos de algunos de los sujetos, pero «sin relación alguna con la causa por tráfico de drogas», apunta el abogado. Sino con una causa por violencia doméstica y consulta de matrículas y direcciones. «Se lo han llevado por delante por hacer dos consultas en el SIP», reprocha.

Y es que, como recuerda el letrado, el agente no tiene autorización para consultar casos en los que no participe -la base de datos es restringida, precisamente, para evitar filtraciones-. Según manifiesta su defensa, D.G.V. conoció a algunos integrantes de la organización -sin saber que eran narcotraficantes- en ambientes «de fiesta», tras haberse separado. En ese contexto, el agente habría comprado en alguna ocasión cocaína, como la que le localizaron en el registro de su domicilio, para consumo propio «en un contexto festivo».

En cambio, en la vivienda del matrimonio de traficantes, los agentes localizaron una plantación de marihuana, 330 gramos de cocaína, así como múltiples envoltorios con ketamina, MDMA, y más de 500.000 euros en efectivo, según recoge el auto. En su local, también intervinieron tres armas de fuego, un contador de billetes y básculas de precisión. También, recoge la resolución del juez, «anotaciones contables entre las que se incluye 'el pago de 1.000 al mosso'».

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«De ahí a acusarlo de darles cobertura de seguridad...no tienen nada», subraya Machado. «Alguna bravuconada que decía por teléfono, pero en la esfera penal se necesitan prueban que lo acrediten y no existen», recalca. Por el momento, con el procedimiento penal abierto, la causa administrativa se encuentra parada. Pero la intención del agente, una vez se cierre, es reincorporarse a su puesto. Ahora se encuentra suspendido de forma cautelar, con la consecuente retirada del arma y la placa. Su abogado cree que la causa tampoco prosperará por una posible revelación de secretos por sus consultas en la base de datos policial, ya que no guardaban relación con la causa por narcotráfico, y «porque en ningún momento ha puesto en riesgo la seguridad colectiva».

Apunta, además, que la mayoría de conversaciones intervenidas entre el mosso y los integrantes de la banda hacían referencia a fiestas en su piso. Y reitera que el policía desconocía que éstos formaban una organización, dedicada al tráfico de drogas. Por su parte, el juez ha descartado su ingreso en prisión porque es «español» y tiene «trabajo estable» y es titular de una propiedad inmobiliaria, y carece de antecedentes. «No existe riesgo de reiteración delictiva ni de destrucción de pruebas, pues ha sido apartado del servicio».