Una de las investigadas por Tsunami defiende ante el juez que es una activista que nunca ha respaldado acciones violentas

Arropada por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, representantes de ERC, Junts, comunes, la CUP y las entidades independentistas ANC y Òmnium, ha llegado este miércoles Marta Molina a la Ciudad de la Justicia de Barcelona para declarar por videoconferencia por el caso Tsunami. Investigada por terrorismo en la Audiencia Nacional, Molina, que sólo ha contestado a preguntas de su defensa durante escasos minutos, ha esgrimido que es una activista pacífica. Según ha detallado su abogada, Marina Roig, la imputada ha apuntando que la plataforma no fue un movimiento violento y «muchos menos terrorista». Y que sus mensajes, que ella vio «a través de los medios», fueron también pacíficos. Tras ello, ha salido de la sala, ya que ninguna de las partes ha reclamado medidas cautelares para ella.

«Sólo hemos contextualizado las protestas pacíficas de Tsunami. Marta ha contestado que todos los mensajes que envió la plataforma fueron llamamientos a la no violencia y a la movilización civil», ha apuntado Roig al finalizar la declaración. A las puertas de los juzgados, al grito de 'No estás sola', se han concentrado decenas de activistas, así como el líder republicano Oriol Junqueras, y el candidato de los comunes a las europeas, Jaume Asens. La intención, arropar a Molina, secretaria de Movimientos Sociales de los republicanos, quien, minutos antes de declarar, ha apuntado: «Todo irá bien». El resto de investigados no han acudido al señalamiento. En un primer auto, el instructor Manuel García Castellón había citado también a la secretaria de organización de los republicanos Marta Rovira, así como al jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay; los empresarios Oriol Soler y Josep Campmajó, y al exsecretario general de ERC Xavier Vendrell. Todos ellos, investigados por terrorismo en la misma causa.

Las defensas de los imputados, algunos de los cuales se encuentran en el extranjero, recurrieron la decisión, por diferentes motivos. Aunque ayer, 21 de mayo, el instructor emitió una providencia en la que, pese a los recursos, señaló que no procedía la suspensión de las declaraciones, a excepción de las de Rovira, que lleva años huida en Suiza; Alay y Soler, porque sus abogados pudieron acreditar que tenían señalamientos previos.

Aún así, la única que ha comparecido ante el juez ha sido Molina. El magistrado sí mantuvo las de Vendrell; el periodista Jesús Rodríguez; el empresario Campmajó; el considerado tesorero de 'Tsunami' Jaume Cabani y el dirigente de Òmnium Oleguer Serra. Rodríguez, Serra y Campmajó están también en el país helvético y solicitaron recibir allí la citación, y no en Cataluña. Cabani tampoco se encuentra en territorio español, al igual que Vendrell, que reclamó declarar de Colombia por motivos laborales, algo que denegó el instructor. Ahora, García Castellón tendría la opción de emitir una orden de busca y captura por decisión propia, o bien, en caso de que así lo solicitasen las acusaciones que ejercen Vox, Sociedad Civil Catalana y Dignidad y Justicia.

La concentración independentista esta mañana para arropar a Molina y al resto de encausados ha reivindicado que protestar no es terrorismo. «Votar es democrático, protestar pacíficamente es democrático», ha arengado Junqueras a las puertas de los juzgados, para recordar que la declaración de este miércoles se produce solo unos días antes de que el Congreso apruebe definitivamente la ley de amnistía. También el presidente de Òmnium, Xavier Antich, ha tildado de «aberración» que el juez califique de terrorismo las protestas de Tsunami, tras la condena a los líderes del 1-O, en octubre de 2019. «Todos nosotros estuvimos en el aeropuerto, en la Junquera y en el Camp Nou», ha apuntado.