El informático al que Laura Borràs adjudicó contratos prepara un pacto con la Fiscalía

Elena Burés

Barcelona

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07/02/2023 a las 20:51h.

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Isaías Herrero, el informático al que Laura Borràs adjudicó contratos cuando presidía la Institució de las Lletres Catalanes (ILC), negocia un acuerdo con la Fiscalía para conseguir una eventual rebaja de pena, al admitir que actuó bajo las órdenes de la expresidenta del Parlament. Se trata del segundo acusado que ultima un pacto con el Ministerio público, después de hacerlo ya Roger Espar, funcionario del ILC, que pasó de imputado a testigo, tras señalar a la presidenta de Junts, señalan fuentes jurídicas a ABC.

La intención del Ministerio público es conseguir que alguno de los implicados en el presunto fraude ayude a sustentar la acusación contra Borràs. La Fiscalía pide para ella y Herrero la misma pena: seis años de cárcel por prevaricación y falsedad documental. La diferencia es que él, al haber sido condenado de forma previa por tráfico de drogas, tendría más complicado eludir la entrada en prisión ante una eventual condena.

Fue en 2019, cuando Herrero fue condenado a cinco años por tráfico de drogas y falsificación de moneda. Una pena que todavía no ha cumplido, pero dicha causa fue la que inició el procedimiento contra Borràs, ya que, en uno de sus mensajes, interceptados por los Mossos d'Esquadra, reveló que «facturaba unos 'trapis'» con la entonces máxima responsable de la ILC. Tras tirar del hilo, la Policía catalana llegó hasta unos correos electrónicos entre ambos, en los que se sustenta la acusación.

Será esta viernes, 10 de febrero, cuando arrancará el juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) con las cuestiones previas. En su escrito, la Fiscalía sostiene que Borràs y Herrero, con la intención de «ocultar su actuación ilícita», pactaron que cada uno de los expedientes administrativos contase con tres presupuestos a nombre de diferentes proveedores, siendo dos de ellos falsos, para simular así que la adjudicación se hacía al mejor licitador. Todo ello, con la intención de «enmascarar el fraccionamiento ilegal de dichos contratos».

Fue un tercer acusado, Andreu Pujol, quien, conocedor de dicha intención, aceptó elaborar los presupuestos y facturas. Para él el fiscal solicita tres años de cárcel, también por prevaricación y falsedad en documento público. Ahora éste también estudiaría alcanzar un acuerdo con la Fiscalía.