La Guardia Civil investiga una red de «sacrificio injustificado» de perros abandonados para ocultar el maltrato previo

La denuncia inicial hacía referencia a una sola residencia canina, donde acogían a los perros abandonados. El espacio contaba con una incineradora. Ahora los investigadores del Seprona apuntan que dicha instalación se pudo emplear para encubrir así el delito de maltrato animal, sacrificando a los canes. La Guardia Civil ha descubierto que los mismos responsables de este centro se encontraban tras otro espacio, que habría sido usado para igual fin. Deshaciéndose así de los restos de los perros, «sin seguir los protocolos de trazabilidad exigidos por la normativa y quedando en el ámbito administrativo -los posibles delitos- por falta de pruebas».

Además de demostrar casos de maltrato animal, la investigación ha descubierto falsificaciones documentales y el almacenamiento no autorizado de restos de animales en una nave. Por el momento, los agentes han tomado declaración a cinco personas, sobre varios casos. Uno de ellos, el de Nuna, una perra que ingresó preñada en una de estas residencias, perdió una cantidad significativa de peso en sólo dos meses, y sus cachorros fueron sacrificados al nacer. Bulbo fue atacado brutalmente por otro can que compartía espacio con él, y en lugar de recibir ayuda y tratamiento, fue etiquetado como agresivo y, a pesar de los testimonios que contradecían esa evaluación, fue sacrificado.

También está el caso de Uma, otra perra que ingresó a la misma residencia y vivió en condiciones tan adversas que, en apenas 100 días, perdió el 39 por ciento de su peso corporal, a causa del abandono y la mala alimentación. Las empresas que se encuentran tras el maltrato animal son contratadas por más de cincuenta ayuntamientos de la provincia de Barcelona que desconocen las irregularidades existentes en la recogida, tratamiento y gestión de animales.

El Instituto Armado indica además que mantienen un alto nivel de hermetismo, y su empleados han suscrito contratos de confidencialidad, para evitar que informen sobre lo que ocurre en las residencias, que no aceptan la colaboración de voluntarios.

Las pesquisas concluyen que la red opera bajo un esquema criminal que no solo se lucra a través de los contratos con los consistorios y la gestión de los cadáveres y sus residuos, sino que también incurre en ocultación de pruebas, por lo que se han propuesto delitos de maltrato animal, falsedad documental, contra los recursos naturales y de organización criminal.