El Govern de Illa compra 743 viviendas en uso por 72 millones de euros
Utiliza el derecho de tanteo y retracto y mantendrá a los inquilinos que así lo quieran en las viviendas públicas
Aplazado el segundo intento de desahucio de la Casa Orsola de Barcelona
La Generalitat de Cataluña ha comprado por tanteo y retracto 743 viviendas en uso al fondo Divarian por 72 millones de euros dentro de su plan para lograr 50.000 viviendas públicas hasta 2030 en Cataluña, que están repartidas por el conjunto del territorio, aunque se concentran en el litoral. «Es la mayor compra que jamás se haya hecho por parte de la Consejería», ha dicho este miércoles la titular del departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque.
Las adquisiciones son viviendas que proceden de ejecuciones hipotecarias que pasaron a manos de alguna entidad financiera y que luego se vendieron a un gran tenedor, y en los pisos viven mayoritariamente familias procedentes del programa 'Reallotgem' de la Generalitat, según ha informado Paneque y recoge Ep, en el que hay 1.400 familias que pueden acogerse a un alquiler directo realizado por la propia administración autonómica que es, en realidad, quien alquila al propietario la vivienda garantizándole el cobro de la renta de alquiler.
Tras la compra por parte del Govern catalán, las familias que están alojadas en los pisos afectados podrán seguir viviendo en sus inmuebles pagando un alquiler proporcional a sus ingresos. La Generalitat ha calculado que se ahorrará 6 millones de euros anuales que invertía en estos pisos, entre otras cosas, debido a los impagos de los inquilinos, que en algunos casos ya han vivido desahucios, según ha señalado Paneque. «Es una medida contundente que va en la línea de defender el derecho a la vivienda», ha añadido.
Como estas viviendas proceden de ejecuciones hipotecarias, la inmobiliaria del fondo estadounidense Cerberus se ha visto obligada a ofrecer su venta por un importe tasado y de manera prioritaria a la Generalitat, que ha cerrado la operación en cuestión de días al considerarla «muy interesante» por la distribución territorial de los inmuebles. De no haber ejercido su derecho a tanteo, el fondo hubiera puesto a la venta las viviendas. Tarrasa (Barcelona) es la localidad con más viviendas: 77. Luego se sitúan Barcelona (66) y Hospitalet de Llobregat (51).
Con esta operación, la Generalitat ha adquirido un total de 1.195 pisos a entidades privadas para agrandar el parque de vivienda pública desde el inicio de la legislatura de Salvador Illa, ya que a finales del año pasado compró, por negociación, 452 viviendas a InmoCaixa por 30,5 millones. Además de esta fórmula, la Generalitat prevé lograr 50.000 viviendas públicas en 2030 mediante la construcción de nuevos inmuebles, de los cuales ya hay 4.000 en marcha, y con los solares que prevén encontrar con la ayuda de los ayuntamientos.
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