La exconsejera catalana de Salud, imputada por el retraso en la vacunación de policías y guardias civiles

Elena Burés

Barcelona

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09/11/2023
Actualizado a las 14:05h.

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Alba Vergés tendrá que dar explicaciones por el retraso en la vacunación a policías y guardias civiles destinados en Cataluña. El Juzgado de Instrucción 17 de Barcelona investiga ahora a la exconsejera catalana de Salud tras los «reveladores» mensajes de Whatsapp, reza el auto, de su jefa de gabinete, que la señalan como responsable de dicha decisión.

Fueron sindicatos de policía y asociaciones de guardias los que, en abril de 2021, interpusieron una denuncia por prevaricación y contra los derechos de los trabajadores tras la tardanza de la Generalitat en inmunizarlos contra el Covid, pese a ser trabajadores esenciales y, por tanto, grupo de riesgo. En una resolución fechada este pasado martes, 7 de noviembre, el instructor apunta que existen «suficientes indicios racionales» de la comisión de ambos ilícitos, después de que altos cargos de Salud paralizasen la vacunación de los funcionarios de ambos Cuerpos en marzo de esa año.

Apunta así el auto que la disparidad en los porcentajes de vacunados entre agentes autonómicos y locales y los estatales «se debió a una decisión adoptada por altos cargos del Departamento» que dirigía Vergés, que mandó paralizar su inmunización hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenó reemprenderla en abril de 2021. Apunta así el instructor que dicha orden fue «arbitraria, ilegal, injusta y discriminatoria». Ya que a pesar de contar con los medios para vacunar a policías y guardias, Salud suspendió el proceso de forma «irrazonable». Un hecho que solo encuentra explicación «en un sentimiento de desprecio hacia los funcionarios, por estar integrados en cuerpos nacionales», sostiene el juez.

Además, recuerda que una administración autonómica no tiene competencias para adoptar dicha decisión, ya que dependía del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. «En este caso, el Departamento, con su ilegal decisión, vino a suprimir la prioridad en la vacunación que ostentaban estos colectivos, cuyas funciones resultan esenciales para la sociedad», reprocha el togado.

Y es que la orden de Salud quedó documentada por escrito. Entre otros, en un correo electrónico del entonces número dos de Vergés, Marc Ramentol, al exdirector del Servicio Catalán de Salud, Adrià Comella. Ambos también imputados por el retraso, junto a Josep Maria Argimon, exsecretario de Salud Pública. Y que en su declaración, el propio Ramentol explicó que paralizar la vacunación fue «una decisión consensuada» entre todos ellos.

Entre los indicios contra Vergés, el instructor hace referencia a varios mensajes de Whatsapp que «evidencian su directa participación» en el retraso. «Otra vez la consejera me pide parar Guardia Civil y Policía Nacional. No podremos argumentarlo, tendremos que pararlo», reza el mensaje de una integrante del gabinete de la consejera a Carmen Cabezas, que durante los primeros meses de la pandemia ejerció como subdirectora general de Salud.

«Hablado con la HC -honorable consejera- y el SG -secretario general-, no ven GC -Guardia Civil- y PN -Policía Nacional- todas las edades [sic], ven por franja», envió poco después. Algo que evidencia, para el instructor, que si no dio la orden, Vergés al menos «tenía conocimiento de ella». Como ahora es aforada, al ser diputada en el Parlament, antes de remitir la causa a la sala penal del TSJC, ofrece a la extitular de Salud prestar declaración de forma voluntaria. Contra la resolución, cabe recurso.