La estrategia legal de los condenados del 'procés' divide al independentismo

ERC y Junts siguen siendo rivales en el tablero político y ya no tienen que disimular, sobre todo desde que el partido de Laura Borràs decidió salir del Govern y dejar a los de Pere Aragonès en clara minoría parlamentaria en Barcelona. La vista está puesta en las elecciones municipales (mayo), las generales (diciembre) y, siempre, en las autonómicas, que Aragonès tratará de evitar como sea en 2023.

De esta manera, cualquier motivo es suficiente para demostrar ante el electorado secesionista que uno no se desvía de la hoja de ruta para llegar a la independencia. Junts no puede aceptar entrar en el juego de lo que considera efectos de la mesa de diálogo y la negociación con el Gobierno, vía denostada por Junts desde el primer minuto y defendida sin tapujos por ERC.

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Elena Burés

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Acudir al Supremo es así aceptar la estrategia de ERC. Y los efectos prácticos serán los mismos –se presenten los escritos por iniciativa propia o a petición del Alto Tribunal– pues los magistrados del Supremo tendrán que revisar de oficio las condenas a los líderes del 'procés', tras la rebaja de la malversación y la eliminación del delito de sedición. Además, fuentes oficiales de Junts confirmaron a este diario que no habían decidido, todavía, qué harían cuando el Supremo les pregunte su opinión a los implicados en la vía ordinaria de revisión de condena. «Cuando llegue el momento, se analizará lo que se hace. No hay nada decidido», señalaron estas fuentes.

Por lo tanto, Junts se desmarca de ERC y esperará a que el Supremo revise de oficio la sentencia de sus dirigentes condenados por el 1-O una vez entre hoy en vigor la reforma del Código Penal. Pese a que las defensas de algunos de ellos, como la de Joaquim Forn (Junts), aseguraron el martes que presentarían un escrito para pedir su absolución, este miércoles, después de que la republicana Marta Vilalta afirmase que era «incoherente» –tras votar en contra de la modificación en el Senado–, finalmente rechazaron dicha opción.

Los de Borràs, que sigue controlando el partido, esperarán, así, a que los magistrados se pronuncien y pidan a todas las partes, la Abogacía del Estado, la Fiscalía, Vox –que ejerció la acusación popular en el juicio– y también a los condenados, que se posicionen y luego «estudiarán como proceder».

Tampoco exigirá su absolución el expresidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart. Según detalló a ABC su abogado, Benet Salellas, «si el tribunal, de oficio, abre el incidente, nos tocará posicionarnos y lo que haremos será reiterar lo que hemos dicho a lo largo de todo el procedimiento, denunciar una vulneración de derechos fundamentales y pediremos que se nos repare, que es lo que ahora mismo tenemos a la espera en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo».

El letrado sostiene que tienen muy pocas expectativas puestas en lo que pueda hacer el Supremo, tras el fallo del Alto Tribunal que condenó a los líderes independentistas en octubre de 2019. En la misma línea, la defensa del exlíder de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y exsecretario general de Junts, Jordi Sànchez, que fija como prioridad la sentencia del TEDH.

Se quedan así solos los republicanos. «Pediremos, porque la exigimos, la revisión de la sentencia para que quede claro que no se ha cometido ningún delito y que, por lo tanto, queda extinguida la responsabilidad criminal y las penas», explicaron desde la formación que preside Oriol Junqueras, también condenado por el 1-O.

Además del exvicepresidente de la Generalitat tienen la intención de presentar sendos escritos Carme Forcadell, presidenta del Parlamento de Cataluña en 2017, y los exconsejeros autonómicos Raül Romeva y Dolors Bassa. En caso de que sea el Supremo el que abra, de oficio, el procedimiento de revisión de sentencia, presentarán la petición «en el marco del procedimiento que corresponda».