CS registra en el Parlamento de Cataluña una iniciativa para suprimir las multas lingüísticas
Entre 2010 y 2022, la Generalitat interpuso 1.255 multas y recaudó más de 1,2 millones de euros
Las multas por no rotular en catalán siguen creciendo pese a que el Constitucional las rechazó: se multiplicaron por tres en 2022

Ciudadanos ha registrado este jueves en el Parlamento de Cataluña una proposición de ley para eliminar las multas lingüísticas. La Generalitat aplica estas sanciones en contra de lo que establecen los tribunales y, para evitarlo, la formación naranja ha propuesto modificar, eliminar y añadir algunos artículos del Código de Consumo y la Ley de Política Lingüística. Entre 2010 y 2022, la administración autonómica interpuso 1.255 multas y recaudó más de 1,2 millones de euros por este motivo.
El partido que lidera Carlos Carrizosa en la región ha recordado, tanto en la exposición de motivos de la iniciativa parlamentaria como en la presentación de la misma ante los medios de comunicación, que estas sanciones no tienen «cabida en el ordenamiento jurídico» puesto que no existe el «deber» de atender en catalán a ninguna persona en los establecimientos privados, que son los que reciben las multas, ya que «tal deber solo corresponde a los poderes públicos».
Desde CS se ha recordado que el Tribunal Constitucional, en su sentencia de 2010 sobre el Estatuto de Autonomía, estableció que los poderes públicos no pueden regular o imponer el uso de una de las dos lenguas oficiales en Cataluña en las relaciones privadas. Una opinión que ha sido ratificada posteriormente en, al menos, otras tres sentencias del Constitucional, ratificando así la doctrina: 88/2017, 7/2018 y 117/2022. Un aspecto que no ha pasado desapercibido en el extranjero.
A pesar de esto, los liberales han lamentado que la Generalitat ignore «olímpicamente» todas las sentencias judiciales cuando no son de su agrado y, han asegurado, continúa imponiendo sanciones. Según datos de la Agencia Catalana de Consumo, recogidas por CS, el Govern catalán interpuso 1.255 multas lingüísticas e ingresó más de 1,2 millones de euros por este motivo, con un importe medio por sanción de 1.019,88 euros. Multas (a trabajadores por atender en español y por tener cartelería en este idioma) que se interponen, han apuntado desde CS, después de denuncias anónimas que «muy a menudo» se descubre luego que organizan Òmnium Cultural y Plataforma per la Llengua.
«Las leyes catalanas prevén sanciones para quienes incumplan la obligación de atender en catalán a sus clientes. Hemos visto campañas vergonzosas contra personas, dependientes en panaderías, encargados de parking, en copisterías o camareros en restaurantes» ha explicado Carrizosa, que ha definido a los denunciantes de Ómnium y Plataforma como «pandilla de delatores ultranacionalistas que acosan por el simple hecho de no hablar catalán».
En esta línea, el líder de CS en Cataluña ha defendido que su formación apuesta por liberalizar el mercado y que cualquier comerciante pueda atender en el idioma oficial que quiera. «La sanción la impondría el propio mercado si no se es capaz de atender en ambos idiomas», ha añadido, instando a la Generalitat a que ponga fin al «acoso y las multas» porque «son ilegales y deben terminar».
La propuesta afectaría al articulado del Código de Consumo y la Ley de Política Lingüística. En concreto, de aprobarse la propuesta (algo poco probable pues a la mayoría independentista se sumarán, probablemente, los votos del PSC y los comunes para mantener las multas lingüísticas o en todo caso los socialistas se abstendrán) se modificarían tres artículos del Código de Consumo, al que habría que sumar seis derogaciones y dos artículos adicionales. Y se derogaría un artículo y modificaría otro de la Ley de Política Lingüística.
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