La condena a Borràs abre una nueva brecha en el secesionismo y tensiona la campaña de Junts

Solo un día antes, en su 'show' en Barcelona, la exconsejera fugada Clara Ponsatí tildaba al Govern de Pere Aragonès (ERC) de ser «una herramienta de la ocupación española». Ayer, Laura Borràs, junto a Ponsatí símbolo del irredentismo 'indepe', se presentaba tras conocerse la sentencia como una víctima de un tribunal «al servicio de la unidad de España». Borràs, no se esperaba otra cosa, obvió valorar las contundentes pruebas que la han condenado así como el hecho de que el mismo y pérfido tribunal que la condenó también pidió su indulto parcial para evitar su ingreso en prisión. La misma actitud de una Ponsatí que vendía confrontación solo tras saber que en ningún caso irá a la cárcel, tras la reforma del CódigoPenal negociada por ERC. El presidente Pere Aragonès fue más que contundente ayer al rechazar la lectura política de la sentencia y enmarcarla en lo que es, un caso de corrupción.

Si sobre la posición de Borràs no había dudas, sí hay controversia sobre las consecuencias de su sentencia. Todos los partidos menos Junts pidieron ya su salida del Parlament ­–algo que deberá ordenar la Junta Electoral–, propiciando a la vez su relevo definitivo en la presidencia de la Cámara, cuyas funciones ocupa de manera provisional Alba Vergés (ERC). Los republicanos, pese a que habría otras posibilidades, abogan porque sus antiguos socios de Junts conserven la presidencia, descartando así la opción del PSC, grupo mayoritario. Eso sí, Borràs debe irse, dejan claro los republicanos.

    Si su condena viene a reforzar a ERC en su pugna con sus antiguos socios de Junts, en el seno de este último partido, la figura de Borràs sigue siendo también un artefacto incómodo. Nadie duda de que seguirá siendo la presidenta del partido, algo que se quiere hacer compatible con el intento de la formación de recuperar centralidad, alejándose de personalidades con un discurso tan estridente como el de Borràs o Ponsatí, un giro hacia la moderación se diría que conveniente ante la inminencia de las elecciones municipales. El máximo exponente de este pretendido giro es el alcaldable por Barcelona Xavier Trias, a quien ayer, obviamente, no se vio en el Parlament junto al resto de dirigentes de Junts para arropar a Laura. Trias prefirió hablar de comercio y turismo.

Borràs prescindió de «todo procedimiento regular« e »hizo quebrar los principios que rigen en materia de contratación pública« –comenzando por los de publicidad y transparencia– para    adjudicar 18 contratos menores a un tercero, el informático Isaías Herrero.

Una adjudicación, reza el fallo del TSJC con un voto discrepante, que obedeció a «la voluntad personal» de la entonces directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El tribunal sostiene que la dirigente independentista fraccionó «con plena conciencia« los trabajos ya adjudicados a Herrero    para facilitar su pago »sin trabas ulteriores« del Departamento de Cultura ni de la Sindicatura de Cuentas. Su »único fin« fue »ocultar la contratación prevaricadora, sin ser descubierta en la ilegalidad en los controles«, apunta la sentencia de la sala Civil y Penal.

La adjudicación de la presidenta de Junts «además de haberse aprobado con absoluta ajenidad a cualquier procedimiento de contratación, carece de toda descripción sobre las características de los trabajos o servicios a prestar por el adjudicatario». Algo que evidencia que «se trató de un contrato diseñado, decidido y ejecutado« por decisión de Borràs.

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Cabe recordar que el propio Herrero alcanzó un acuerdo con la Fiscalía para incuparla. Durante el juicio, el pasado febrero, el informático detalló que fue Borràs quien le encargó diseñar un portal web para la institución, en 2013, con un «contrato de trabajo encubierto» y «presupuestos comparsa«. A él el tribunal le impone dos años de cárcel, por falsedad en documento oficial y mercantil. Sobre el tercer acusado, Andreu Pujol, que elaboró facturas y presupuestos falsos, pesa una condena de 14 meses.

Mientras que Herrero y Pujol eludirán la prisión, Borràs tendrá que esperar a que el Gobierno decida si le concede o no el indulto parcial que propone el TSJC, para dejar la pena en dos años de cárcel. Por el momento, su defensa confirma a ABC que recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo.