Aragonès recurre a los inventores del 'derecho a decidir' para su 'acuerdo de claridad'

Para esta misión, el presidente de la Generalitat ha puesto en manos del mismo laboratorio de ideas que se inventó el eufemismo del 'derecho a decidir' –escondiendo así el 'derecho a la autodeterminación' en el que no cabe Cataluña– la tarea de dar forma al llamado 'acuerdo de claridad', al estilo canadiense, que Aragonès presentará a Pedro Sánchez para convencerle de la necesidad de celebrar un referéndum de secesión.

Al frente del grupo de expertos que realizarán el informe del Govern, según avanzó el diario 'Ara' esta semana y confirmó ABC, Aragonès ha situado como coordinador a Marc Sanjaume-Calvet, profesor de Teoría Política en la Universidad Pompeu Fabra (UPF), estudioso de los campos relacionados con el federalismo y la secesión y, sobre todo, miembro del Grupo de Investigación en Teoría Política (GITP) de la misma academia y director del máster que depende de este grupo, que dirige a su vez el catedrático de Ciencia Política Ferran Requejo.

Sanjaume-Calvet, además, ha sido asesor del Instituto de Estudios del Autogobierno (IEA), un ente adscrito a la Presidencia autonómica que, en pocas palabras, aconseja a Aragonès en materia de ampliación de poder político para la Generalitat y cuyo director es Joan Ridao, ex secretario general de ERC y, entre otras 'medallas', ponente redactor del proyecto de Estatuto de Autonomía de 2005 –«cepillado» en el Congreso en 2006 y ajustado a la legalidad por el Tribunal Constitucional en 2010–. Ridao sustituyó, al frente del IEA en junio de 2021, a Requejo.

El Govern todavía no ha dado a conocer el nombre de los expertos del grupo que coordinará Sanjaume-Calvet, pero aparecerá el de Jaume López Hernández, ya sea formal o informalmente. López es miembro del GITP y profesor asociado de la UPF del departamento de Ciencias Políticas y Sociales, discípulo de Requejo y, desde noviembre –un mes antes del anuncio navideño de Aragonès–, director general de Buen Gobierno, Innovación y Calidad Democráticas de la Generalitat, un cargo de confianza adscrito a la Presidencia autonómica.

López –activista secesionista antes de ser académico– es clave. De la mano de su mentor se inventaron el concepto 'derecho a decidir' –en la política catalana, aunque su origen se sitúa en el ámbito político vasco– como subterfugio del 'derecho a la autodeterminación', un precepto internacional regulado y reconocido y en el que Cataluña no tiene cabida (por no ser colonia, ni territorio ocupado militarmente, ni las minorías tienen menos derechos, en resumen).

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Lo argumentaron en 'papers' académicos con la intención de acabar creando un nuevo derecho, cuando, en realidad, la invención se limitó a trasponer el 'derecho a la autodeterminación', es decir el derecho a la secesión (en determinadas condiciones), a un territorio –Cataluña– por la simple voluntad de los políticos de ese lugar que, eso sí, han de convencer, al menos, a una parte de la población. López lo ejemplificó, por ejemplo, en el documento: 'Del derecho a la autodeterminación al derecho a decidir. Un posible cambio de paradigma en la reivindicación de los derechos de las naciones sin Estado' (Unescocat, 2011).

En noviembre, el Govern anunció el fichaje de López por, entre otros motivos, ser «un experto en innovación política y democrática, incluyendo el ámbito de las consultas y los referéndums, de las asambleas deliberativas ciudadanas por sorteo, los procesos constituyentes participativos, el análisis de la calidad democrática, el derecho a decidir y los procesos de soberanía democráticos».

Al GITP –una veintena de miembros– también pertenecen Lluís Pérez Lozano, director académico de la Fundación Josep Irla de ERC y estudioso, como los anteriores, de los procesos de secesión, y Neus Torbisco Casals, miembro del Consell de la República de Carles Puigdemont y vocal de Òmnium Cultural, cargo este último que comparte con 18 personas más, entre estas Marc Sanjaume-Calvet.

Así, el coordinador de la comisión de expertos creada por Aragonès tiene el encargo de inventarse la adecuación de una excepción en derecho, como es la de la ley de claridad de Canadá, al ámbito español. Sanjaume-Calvet, que declinó hacer declaraciones para este diario, lo tiene difícil, por no decir imposible, pues las diferencias jurídicas entre Canadá y España son insalvables para la intención del Govern.

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Su punto de atracción ya está expuesto. El 23 de noviembre lo dijo en la televisión de la Generalitat: no hay diferencia entre los referéndums consultivos y los vinculantes, en ambos casos los resultados «tienen consecuencias políticas».

El partido que preside Oriol Junqueras aprobó en su último congreso a finales de enero la propuesta definida como 'acuerdo de claridad', que defiende Pere Aragonès desde la Generalitat. La iniciativa consiste en la celebración de un referéndum –vinculante o consultivo– solo en Cataluña con únicamente dos condiciones: una participación del censo del 50% como mínimo y que el 'sí' a la secesión llegue a un respaldo del 55% de los votos emitidos.

En la propuesta –poco argumentada– no se establecen cláusulas de ningún tipo, como las temporales para la celebración de un nuevo referéndum (es decir, se harían hasta que saliera el 'sí'), ni se menciona su nulo encaje en la Constitución, tal y como ha señalado el Tribunal Constitucional.