Los antidisturbios de los Mossos seguirán interviniendo en los desahucios
El nuevo protocolo de actuación del Cuerpo no excluye la actuación de la Brimo ni de las ARRO
Choque entre ERC y Junts Per Catalunya por la actuación de los Mossos durante un desahucio
En los últimos seis años, en Cataluña se han registrado una media de 33 desahucios al día. Los Mossos d'Esquadra han estado presentes en un 20% de ellos, alrededor de 15.000. De éstos, solo en un 1% se han registrado «incidentes», según ha detallado este jueves el 'conseller' de Interior, Joan Ignasi Elena, para presentar el nuevo protocolo de actuación del Cuerpo durante los desalojos.
Se trata de un documento interno -protocolo normalizado de trabajo (PNT)-, que cuenta con el visto bueno de la Fiscalía, cuyo objetivo es «homogenizar» la actuación de los agentes cuando, bajo mandato judicial, tengan que ejecutar un lanzamiento. Interior ha subrayado que la prioridad de este plan de actuación será la protección de las personas vulnerables, con la activación de los recursos asistenciales disponibles. «Siempre mediación, mediación y mediación», ha señalado Elena. Una medida que garantiza el cumplimiento del acuerdo de investidura que el Govern rubricó con la CUP.
Para ello los Mossos han creado una Unidad Central de Conflictos en la Vivienda, cuya tarea principal será recopilar datos -hasta ahora dependía de cada comisaría-, «analizarlos, evaluarlos y hacer seguimiento». Es decir, generar información para evitar posibles conflictos, y evitar así que la actuación policial sea solo reactiva.
«Hasta ahora, nos llegaba una denuncia o un requerimiento judicial y actuábamos, pero tenemos que ser capaces de generar conocimiento sobre el trasfondo de la ocupación para prevenirla y abordarla», ha indicado el jefe del Cuerpo, Eduard Sallent.
El nuevo protocolo mantendrá el despliegue de antidisturbios cuando sea necesario, en contra de otra de las exigencias de los antisistema. Tal y como ha remarcado el comisario jefe, la finalidad de dichas unidades, la Brimo y las ARRO, no es ejecutar desalojos, aunque acuden cuando son requeridos. Por ejemplo, cuando se prevén concentraciones donde puede existir riesgo para personas o bienes, o bien en un inmueble «donde nos esperan con contundencia, como ha ocurrido en ocasiones. En cambio, donde hay una persona vulnerable, no tienen sentido que vayan», ha puntualizado el mando. Es decir, actuarán tal y como lo hacían hasta la fecha.
Otra de las finalidades del citado protocolo es aclarar a los agentes cuando pueden o no intervenir para evitar una ocupación. Al ser el domicilio un bien jurídico protegido, pero también existir la flagrancia del delito, la «tensión entre conceptos jurídicos», ha señalado Sallent, «no es fácil de resolver» para los policías.
Por ello el texto interno incluye tres pautas claras. Si el mosso detecta actos preparatorios del allanamiento, esto es, forzar una cerradura o una ventana, significa que existe la usurpación de un bien inmueble, y se puede actuar para evitar la ocupación. También si son los vecinos los que alertan a la Policía al detectar dicha situación o si acaba de saltar la alarma y, al tratarse de un delito flagrante, los uniformados podrán intervenir.
A partir de ahora, los dispositivos para ejecutar desalojos contarán con un responsable designado, que será el jefe de la comisaría, y también con tres niveles de riesgo -el último, cuando exista peligro para personas y bienes-. Será la Comisaría General de Información la encarga de determinarlos. En función de dicha clasificación, se diseñarán los dispositivos de forma «proporcional, congruente y oportuna» -como hasta ahora-. Desde el despliegue de una patrulla de Seguridad Ciudadana a la «intervención de unidades especializadas», ha detallado Sallent, es decir, los antidisturbios.
Cese de Estela
En la primera rueda de prensa conjunta con el nuevo jefe de la Policía catalana y el titular de Interior, ambos han rechazado pronunciarse acerca del cese de su antecesor, Josep Maria Estela, y las informaciones que apuntan a que éste se plantó ante supuestas injerencias políticas que le impedían desarrollar su labor. Mientras que Sallent ha subrayado que no hablaría: «Sobre uno mismo, el más absoluto silencio»; el consejero Elena ha zanjado que todo el mundo en el Cuerpo puede hacer su trabajo.
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