La amnistía puede excluir a una treintena de policías, entre los que estarían los acusados por la pérdida de un ojo y un testículo
La proposición de ley contiene como excepción al olvido penal los actos dolosos que hubieran producido la pérdida o inutilidad de un órgano, miembro o sentido. También las torturas
Policías imputados por el 1-O: «Que se metan la amnistía por donde les quepa»
Cinco agentes de la Policía Nacional se sentarán en el banquillo por la actuación en la que el activista Roger Español perdió un ojo el 1-O. Todos ellos están acusados de lesiones. Y, aunque la ley de amnistía prevé el olvido penal para los acusados de estos delitos no para aquellos cuyos «actos dolosos hubieran producido un resultado de muerte, pérdida o inutilidad de un órgano o miembro, o un sentido», como es el caso del activista, también imputado, pero por atentado contra la autoridad.
Y es que, según el instructor del caso, cuando los agentes de la UIP efectuaron los disparos con pelotas de goma en las inmediaciones de un centro de votación en la calle Cerdeña de Barcelona, «no se daban las circunstancias necesarias de seguridad para ello. En concreto, la distancia mínima reglamentariamente establecida, causándole con ello las lesiones sufridas por Roger Español».
También pueden quedar excluidos del 'perdón' penal los cinco agentes de los Mossos d'Esquadra procesados por su actuación durante una protesta contra el Consejo de Ministros, cuando celebró su reunión semanal en la capital catalana, en diciembre de 2018. En aquella concentración un manifestante perdió un testículo por el impacto con una pelota de foam y se querelló por lesiones contra los agentes. Otro hombre perdió el mismo órgano durante el asedio al aeropuerto de El Prat en octubre del año siguiente, aunque en este caso no hay imputados.
El independentismo catalán estima que la ley de amnistía afectará a 1.432 personas
Al menos, 387 tienen una causa penal abierta y otras 880 personas han sido sancionados administrativamente
Otra de las excepciones que contempla el proyecto de ley que el PSOE ha pactado con Junts es el delito de torturas o de trato inhumanos y degradante, «siempre que superen un umbral mínimo de gravedad». En este supuesto se encuadran, por una parte, los 11 policías que el pasado viernes declararon ante Instrucción 30 de Barcelona, tras la denuncia de una detenida durante los disturbios postsetencia, en las inmediaciones de vía Layetana, donde se ubica la jefatura del Cuerpo. La mujer, a la que arrestaron por lanzar cócteles molotov, y que pasó varios días en prisión provisional, acusa a los uniformados de torturas.
También pueden quedar excluidos del olvido penal otros ocho agentes, a los que el Tribunal Constitucional instó a investigar tras la denuncia de un menor, Guillem P., que aseguró haber sido maltratado en octubre de 2019, durante las mismas algaradas por la condena a los líderes del 'procés' en la capital catalana. El Constitucional dejó así sin efecto el carpetazo del Juzgado de Instrucción 11 de Barcelona y el de la Audiencia Provincial a la querella por torturas, lesiones leves y contra la integridad moral.
El joven recurrió ante este órgano al alegar ausencia de una investigación «suficiente» de los hechos denunciados, y el TC le dio la razón al concluir que los argumentos para archivarlo tampoco lo fueron. El chico, que se hizo popular con el sobrenombre del «chico de la sudadera naranja» por la ropa que llevaba, denunció que los agentes le golpearon en la carga policial que desembocó en su detención, con un uso desproporcionado de la fuerza para su reducción, y que, una vez en dependencias policiales, fue golpeado repetidamente en la cara y obligado a ponerse de rodillas mirando hacia la pared.
Pendientes de los recursos
Además, los 45 agentes procesados por las cargas del 1-O en Barcelona están a la espera de que la Audiencia Provincial resuelva sus recursos y dictamine la apertura de juicio oral o bien el sobreseimiento de la causa. En su auto de procesamiento, el titular de Instrucción 7 de Barcelona, Francisco Miralles, abrió la puerta a acusarlos, además de lesiones, por torturas. Motivo por el que alguno de los funcionarios también podría quedar fuera de la amnistía.
«Mi causa está parada desde 2019, desde entonces no se ha practicado ninguna diligencia más», explica a ABC uno de esos 45 imputados, más de seis años después de su actuación para tratar de impedir la votación ilegal en un colegio de Barcelona, y tras diez meses de espera para la resolución de su recurso. Considera que la amnistía sin ser juzgado sería una «absolución en falso», por eso prefiere ir a juicio ya que, subraya, su actuación fue correcta.
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