Quiñones pide criterios territoriales en el reparto de los fondos de Vivienda

Una financiación «suficiente» y «trabajar conjuntamente y de forma coordinada». Fue la petición que ayer trasladó Castilla y León en la Conferencia Sectorial de Vivienda, en la que la Junta reclamó, además, a la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, cambios en los criterios del reparto de fondos entre territorios en el Plan Estatal en la materia -el Gobierno trabaja en uno nuevo desde julio- para que «lleguen a todos y contribuyan a solucionar los problemas en esta materia que tienen los ciudadanos».

En concreto, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, abogó por un parámetro correctivo por la extensión territorial, elevado número de municipios y de núcleos de población y su dispersión a la hora de fijar los fondos para cada autonomía. Así, demandó que «no sólo se base en el volumen» del parque residencial en el reparto del futuro Plan de Vivienda, cuyo desarrollo pidió que esté «presidido por una voluntad real de consenso con las comunidades».

También propuso que se recuperen de líneas como la promoción de protección oficial con ayudas a la iniciativa privada e invitó a copiar «recetas» de la Junta en materia de Vivienda que aseguró que están «funcionando. «Sí tienen un éxito importante, no como las políticas fracasadas de intervención del Gobierno», aseveró.

Respecto a otro de los asuntos del día, se quejó Quiñones en la Sectorial de los fondos recibidos para el Bono Alquiler Joven. El Ministerio dio cuenta en la reunión de una transferencia de 10,8 millones para este año, lo cual para el consejero no es «dinero suficiente». Esta ayuda, dijo, se creó «sin presupuesto, lo que provocó que en Castilla y León tres de cada cuatro jóvenes no pudieron recibirla» . Este año los fondos son la mitad, «lo que significa que va a ser peor», aventuró.

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En un polémico encuentro marcado por el enfrentamiento entre el Gobierno y las comunidades presididas por el PP en torno a la declaración de las zonas tensionadas, también se trasladó el reparto de los fondo correspondientes al Plan de rehabilitación de viviendas y regeneración urbana financiado con fondos europeos. De los 328,78 millones que se han distribuido entre el conjunto del país, una suma de 273,94 le corresponden este año a Castilla y León.