Las residencias de mayores deberán pasar un examen de calidad todos los años
El proyecto de ley aprobado este jueves por la Junta extiende las unidades de convivencia a todos los centros
Mañueco anuncia quince millones para la modernización de las residencias
El nuevo modelo de residencias de mayores en Castilla y León obligará a estos centros a pasar una evaluación de calidad anual en la que se medirán no sólo aspectos técnicos y de organización de las instalaciones, sino también la satisfacción de los usuario. Así lo recoge el proyecto de ley que regula el nuevo sistema de funcionamiento de los geriátricos y centros para personas con discapacidad en la Comunidad que ayer dio a conocer tras la reunión del Consejo de Gobierno la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco. Aún está por determinar de qué manera se hará esa especie de examen a las residencias, detalló, y será en el posterior desarrollo normativo donde se concrete, pero lo que sí está claro es que se utilizarán herramientas tecnológicas y programas informáticos que faciliten el seguimiento, por ejemplo de aspectos documentales como la contratación de los seguros obligatorios.
«Se trata de que sea una evaluación amplia», insistió la consejera, en la que se analizará también la percepción que tienen los familiares de la atención que se presta a sus mayores o a las personas con discapacidad. «Es la primera ley de España que pretende blindar la calidad en los centros y la prestación de los servicios», detalló al respecto.
Además, la nueva legislación sobre residencias extiende el modelo que ya se estaba implantando en la región de unidades de convivencia. Es decir, la instalación en los propios centros de unos módulos en los que convivan los usuarios con espacios comunes y un número concreto de habitaciones para entre doce y dieciséis residentes, en función de si son dobles o individuales, «aunque se tenderá a que todas sean para una sola persona».
Todas ellas tendrán profesionales de referencia que serán quienes atienden habitualmente a esa unidad. «La idea es crear un ambiente lo más parecido a su domicilio», resumió. Ya existen algunos centros estructurados mediante estos espacios –actualmente hay 200 unidades de convivencia en la región, principalmente en los centros de titularidad de la Junta–, pero ahora será obligatorio para todos –públicos y privados– los nuevos que se construyan y los ya existentes tendrán un periodo de entre «seis o siete años» para adaptarse arquitectónicamente al sistema. Si bien, habrá algunas «excepciones» que deberán estar debidamente acreditadas cuando las características del edificio no lo permitan, algo que ya ha ocurrido, por ejemplo, con las residencias de Zamora y Salamanca que posee el Gobierno autonómico.
Para hacer los ajustes oportunos, esta legislación viene «complementada» con el «apoyo» de 15 millones de euros que ya anunció esta semana el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que ayudarán a rediseñar los edificios en función de las unidades de convivencia, indicó Isabel Blanco.
Los trabajos para la elaboración de esta nueva ley arrancaron en 2020, año en el que la pandemia de Covid-19 puso todo patas arriba, Fue entonces cuando se pusieron en marcha los grupos de trabajo para mejorar unos centros cuya forma de trabajar cambió completamente con la llegada del virus y que vieron la necesidad de introducir cambios. Así, representantes del sector, de los profesionales, las entidades locales, usuarios, organizaciones sindicales, patronales, grupos parlamentarios y las consejerías afectadas –Familia y Sanidad, principalmente– se pusieron manos a la obra y fruto de diez reuniones se llegó a una serie de «consensos básicos» que dieran forma al texto.
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Entre esas cuestiones, estaba el derecho de «respetar» la libertad de los mayores y personas con discapacidad sobre cómo y dónde quieren vivir. Si desean permanecer en sus domicilios o trasladarse a un centro, explicó la consejera. De ahí que una de las medidas que se pondrá en marcha es que los servicios que existen en las residencias, como lavandería o peluquería, se abrirán también para personas mayores del entorno que continúen residiendo en sus casas.
El anteproyecto incluye, también, «enseñanzas» derivadas del impacto de la pandemia, dijo. Establece, por ejemplo, que los centros deberán disponer de medios y material por si se repitiese otra situación de las mismas características o la existencia de una «persona de enlace» entre la residencia y el sistema de salud, el intercambio de información entre las dos áreas o el impulso de la «teleconsulta» y la tecnología en el ámbito sanitario.
No obstante, la consejera puntualizó que la aplicación de protocolos y normativas será tratado en el desarrollo posterior de la ley, aseguró. Tampoco se establece un ratio concreto de residentes por profesional sanitario o sociosanitario –un aspecto muy debatido a raíz del Covid– porque esa es una cuestión que se «marca» desde el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales junto al Ministerio y el resto de las autonomías. Lo que sí incluye la nueva norma es la eliminación de las sujeciones físicas o químicas y el impulso a la formación de los profesionales que trabajan en los centros de personas mayores y con discapacidad.
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