¿De qué se quejan los consumidores castellano y leoneses?
Los asuntos relacionados con los servicios de gas y el suministro de electricidad, así como la telefonía e internet, acaparan las reclamaciones que llegan a la Junta Arbitral de Consumo
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En los siete primeros meses del año, la Junta Arbitral de Consumo de Castilla y León, dependiente de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, recibió un total de 1.743 reclamaciones de arbitraje por parte de los consumidores y usuarios de la Comunidad, la mayor parte de ellas relacionadas el suministro de gas y electricidad y la telefonía.
Las quejas por estos tres servicios representan casi el 54 % del total de las formalizadas en lo que va de año. El mayor volumen se corresponde con los servicios de gas (357 reclamaciones), seguido de los de telefonía e internet (313) y de los de suministro de electricidad (268).
Del total de reclamaciones presentadas, han sido ya resueltas más de 1.200, incluyendo 574 laudos y 280 resoluciones de acuerdo voluntario entre las partes.
El sistema arbitral de consumo de la Junta de Castilla y León, que cumple 30 años en 2024, se trata un sistema alternativo a la justicia ordinaria para la resolución de los conflictos que surgen entre los consumidores y las empresas, al que se someten voluntariamente ambas partes.
Es un procedimiento gratuito, sencillo, imparcial, voluntario y rápido, ya que los plazos de resolución son sustancialmente inferiores a los procesales. Otra de sus ventajas es su carácter ejecutivo, puesto que los laudos que se dictan, previo sometimiento voluntario de las partes, son de obligado cumplimiento, señala en un comunicado la citada Consejería.
En él explica también que las reclamaciones presentadas se pueden resolver en una primera fase por acuerdo de las partes, verificado, posteriormente, por la Junta Arbitral. «En caso de no alcanzarse ese acuerdo, la resolución se realiza mediante laudo emitido por los órganos arbitrales integrados en la Junta Arbitral. Estos laudos son de obligado cumplimiento tanto para la empresa como para el consumidor, de manera que, si una de las partes no la acata, la contraria puede exigir su cumplimiento ante el correspondiente Juzgado de Primera Instancia».
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La Junta Arbitral de Consumo de Castilla y León cuenta actualmente con más de tres mil empresas adheridas. Mientras, su actividad se ha ido incrementado de forma paulatina a lo largo de los años, observándose desde 2020, coincidiendo con el inicio de la pandemia, un fuerte aumento en la demanda del servicio por parte de los ciudadanos.
Ante el incremento de la demanda, la Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha puesto en marcha distintas medidas para acortar los tiempos de resolución de las reclamaciones. Entre ellas se encuentran la simplificación del procedimiento, sustituyendo las vistas orales por un trámite de audiencia escrito y la tramitación electrónica de las reclamaciones de arbitraje a través de la página web corporativa.
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