El puzzle de Garray pone en orden sus piezas en ruinas
En cuestión de días comenzarán las obras para consolidar y concluir las cúpulas de la energía de la Ciudad del Medio Ambiente de Soria paralizadas desde 2013
![Recreación de la Ciudad del Medio Ambiente de Soria](https://s2.abcstatics.com/abc/www/multimedia/espana/2022/11/14/SORIA-R5noeuyp0Cj5P1eYGotG45J-1200x840@abc.jpg)
El próximo mes de diciembre se cumplirán nueve años desde que la Ciudad del Medio Ambiente de Soria, como tal, pasara a la historia. La Justicia ordenaba su nulidad, las grúas abandonaban Garray y se abría un largo proceso de vaivenes en los ... tribunales y de parálisis que en cuestión de días podría comenzar a revertirse de la mano de las obras que tratarán de volver a dar forma a las cúpulas de la energía que parecían condenadas a convertirse en ruinas. De hecho, estuvieron cerca de ser derribadas. Fue después de que que el Tribunal Constitucional anulara la ley autonómica que daba amparo al proyecto, una fórmula que, al contrario que otras de rango inferior como el decreto, no da cabida a particulares afectados a acudir a los tribunales, lo cual entendió el TC que ponía coto al control judicial -un fallo que repetiría después con otras iniciativas como la estación de San Glorio o el vertedero de Santovenia-. Se volvía, así, a la casilla de salida y se diluían esos primeros planes para Garray que incluían un campus empresarial e industrial -con un único huésped-, viviendas de lujo, zonas de ocio y una escuela de equitación. Cien millones de inversión después -de la Junta e iniciativa privada-, la villa temática desaparecía del mapa mientras desgajadas seguían en pie parte de las cúpulas de la energía.
Fue entonces, con la sentencia del TC en la mano, cuando el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Burgos acordaba en noviembre de 2014 el derribo del edificio institucional de la malograda Ciudad del Medio Ambiente y la reposición de los terrenos a su estado primitivo. Recurrida la decisión, el TSJ de Castilla y León resolvía parar los planes de demolición y esperar a que el proyecto alternativo en el que trabajaba la Junta se finalizara y ya juzgar a la luz del mismo.
En concreto, la Junta comenzó a tejer una alternativa y reorienta sus planes. En febrero de 2015 se aprueba el proyecto regional del Parque Empresarial del Medio Ambiente y esta vez lo hace por decreto, lo cual permitía su control judicial si alguien iniciaba la contienda. Y así fue. De nuevo volvió a los tribunales y esta vez el resultado fue a favor del Ejecutivo autonómico.
En mayo de 2017, el TSJ de Castilla y León confirmaba su legalidad, pero no fue hasta tres años después cuando el visto bueno fue firme, con un fallo favorable del Supremo, que desestimaba el recurso presentado por la Asociación Soriana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza (ASDEN), contra una actuación urbanística que entendían que atentaba contra el patrimonio natural en el que se asentaba a los pies del Duero. La sentencia fue clara y se entendió conforme a derecho tanto el proyecto -que responde a unos fines legítimos» siendo un «instrumento más» para «revitalizar» una zona «muy despoblada-, como la fórmula en la que se amparaba, un decreto.
En pleno estallido de la pandemia, el Alto Tribunal ponía fin a siete años de periplos por los tribunales, pero el calendario aún vería pasar más hojas hasta que el proyecto comenzara a tomar forma. En diciembre de 2021, el Consejo de Gobierno autorizaba la comercialización de suelo industrial en el Parque Empresarial. Ya han sido vendidas seis parcelas con proyectos en marcha que crearán 250 empleos. Antes de finalizar el año se prevé licitar la urbanización de las que aún están sin poner a punto y la intención de la Junta es que esos terrenos se ocupen con iniciativas que generen otros 500 puestos de trabajo.
Paralelamente comenzarán las obras de consolidación estructural de los sectores de las cúpulas ya levantadas hace nueve años y la conclusión de cinco de ellos, que ya tienen un uso encomendado: uno se reservara a alquiler empresarial, otros dos albergarán el Centro Superior de Formación del Profesorado (CSFP), un cuarto se destinará a un centro de Formación Profesional en renovables y el restante a instalaciones comunes y servicios. Las obras arrancarán de forma inminente con un presupuesto de doce millones de euros y un plazo de ejecución de año y medio.
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