Las organizaciones agrarias de Salamanca cargan contra las multas «desorbitadas» por las movilizaciones del campo
Asaja, COAG y UPA consideran «completamente injustas y desproporcionadas» las sanciones de 600 euros por una tractorada «autorizada» en febrero y censuran los más de 10.000 euros por los altercados de junio de 2023
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«Desorbitadas». Así consideran desde las organizaciones agrarias de Salamanca las multas que ya están recibiendo algunos agricultores tanto por una movilización del pasado 8 de febrero dentro de las protestas del campo como por la que acabó en disturbios ante la Delegación Territorial de la Junta en junio del año pasado.
Unas sanciones por las que Asaja, COAG y UPA han mostrado este martes, en un comunicado conjunto, la «indignación» y la «preocupación» del sector ante unas sanciones que, han defendido, están enmarcadas en «ejercer su derecho a manifestarse».
La cuantía, según han señalado, arranca desde los 600 euros en la protesta «autorizada» el pasado 8 febrero, aunque reconocen que las hay por un importe superior. Es día, defienden las organizaciones, «agricultores y ganaderos se congregaron en una tractorada para expresar sus legítimas reivindicaciones». Por eso, cuestionan que la respuesta «de la Subdelegación del Gobierno en Salamanca» hayan sido las sanciones «a muchos participante». Una medida «completamente injusta y desproporcionada», consideran Asaja, COAG y UPA.
Por las movilizaciones enmarcadas en las protestas del campo que arrancaron a principios de febrero en Castilla y León y España, siguiendo la escala de protestas que también recorrió varios países de Europa, desde la Subdelegación del Gobierno apuntan que la Guardia Civil abrió más de 200 propuestas de sanción: cerca de 130 por incumplimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana y otras 124 por infracciones de tráfico.
«La situación se agrava con las sanciones impuestas tras la manifestación de hace uno año ante la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León«, apuntan desde las organizaciones agrarias en relación a una protesta el 5 de junio de 2023 que terminó en el asalto al edificio oficial por parte de algunos congregados, cargas policiales y finalmente nueve detenidos.
Las multas, en este caso, apuntan desde el sector agropecuario, se elevan hasta los 10.401 euros, a lo que se suma la imputación penal de nueve ganaderos. Entonces, la Policía Nacional instruyó 20 propuestas para sanción por desórdenes graves, aunque en diez de ellas está suspendido el expediente administrativo porque está judicializado, apuntan desde la Subdelegación del Gobierno.
«Estas medidas son un intento claro de coartar el derecho a protestar de un sector ya de por sí castigado y vilipendiado», censuran desde las organizaciones agrarias salmantinas, que ven una «absoluta barbaridad» y una «cifra totalmente desproporcionada» la multa. «Nuestra intención no era dañar a nadie ni causar ningún destrozo, únicamente queríamos ser escuchados por las administraciones», justifican sobre esos hechos que entonces encontraron ya el rechazo de diversas voces allí presentes.
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Además, desde Asaja, COAG y UPA tachan de «agravio comparativo» las sanciones que están recibiendo los ganaderos y agricultores con lo «sucedido en Cataluña durante el referéndum ilegal y las posteriores manifestaciones, donde se vivieron escenas de extrema violencia y se reivindicaban acciones ilegales y poco éticas». «A pesar de la gravedad de estos hechos, muchos de los implicados van a ser amnistiados en nombre de la convivencia, aunque más bien parece de la conveniencia», afean.
Con estas sanciones sobre la mesa, desde las organizaciones agrarias llaman tanto a la Junta de Castilla y León y «especialmente» a la Subdelegación del Gobierno en Salamanca «para que contribuyan a revertir esta situación». «Muchos de los denunciados y los imputados están sufriendo un gran daño moral y ahora también económico, podrían quebrar y ver sus explotaciones amenazadas por el simple hecho de defender su trabajo y su modo de vida», claman.
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