Así será la nueva Ley de Concordia de Castilla y León: objetivos y novedades
Presentan la norma en las Cortes como una iniciativa legislativa que esperan aprobar antes del verano y que derogará el Decreto de Memoria de 2018
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Dos años ha tardado en ver la luz uno de los acuerdos del Pacto de Gobierno entre PP y Vox en el que los segundos habían puesto especial interés. Aunque casi al comienzo de la legislatura los dos socios anunciaron que comenzaban los trabajos para la elaboración de una ley de concordia -en principio en el seno de la Consejería de la Presidencia-, en las negociaciones también han participado durante todo este tiempo los grupos parlamentarios en las Cortes autonómicas.
Finalmente, es el Legislativo el que, al mismo tiempo que se tramitan los Presupuestos de la Comunidad, se queda con la autoría de la nueva norma bajo la fórmula de una proposición de ley cuyo texto han registrado este martes los portavoces de ambos equipos, Raúl de la Hoz y Carlos Menéndez.
La nueva iniciativa, que podría estar aprobada antes del verano, supone la derogación del Decreto de Memoria Democrática que en 2018 aprobó la Junta de Castilla y León bajo la presidencia de Juan Vicente Herrera. Sin embargo, entre ambos textos hay importantes diferencias. La primera y más destacada es que se amplía el periodo de referencia a la II República Española ya que, según figura en la ley, su objetivo es «el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia por motivos ideológicos, religiosos y sociales desde el año 1931 hasta 1978».
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También se define lo que se entiende por concordia: «El valor que, sirviendo de base a la superación del pasado histórico, al entendimiento entre iguales, al logro de un mayor bienestar social y al reconocimiento y aceptación de otras maneras de pensar, permite preservar, mantener y reforzar la convivencia, el respeto y la tolerancia actuales de todos, en desarrollo de los principios democráticos recogidos en la Constitución Española».
Con este punto de partida, De la Hoz y Menéndez han explicado las razones y el contenido de una proposición con la que buscan «honrar y proteger la historia de España desde el año 1931 hasta 1978». Y, sobre todo, han puesto especial énfasis en que la norma no tiene «una visión sesgada ni frentista» de la historia, sino que se presenta como «un elemento integrador».
Un decreto «pionero» anterior
Así que en un Martes Santo, los socios de Gobierno en la Junta han anunciado y detallado su consensuada ley de concordia. No lo ha tenido fácil el portavoz del Grupo Popular para defender una norma que anula el decreto «pionero» aprobado por otro Gobierno del PP, aunque «mantiene su espíritu», ha dicho De la Hoz.
El procurador del PP, que ha leído el argumentario, un hecho poco habitual en un parlamentario muy curtido en comparecencias y debates, ha destacado que con la nueva norma se da rango de ley a lo que era un decreto. Además, ha añadido, era necesaria una adaptación, sobre todo teniendo en cuenta la nueva legislación nacional. Precisamente, ha agregado que frente a ella, la de Castilla y León busca «construir puentes del pasado al presente para promover la cultura de la paz, la tolerancia y el respeto, rechazando cualquier actitud que promueva la violencia y el odio».
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En el texto legislativo no aparece en ningún momento la palabra 'dictadura' y los periodos de referencia sólo se incluyen en la exposición de motivos para señalar que «nunca ha habido un relato consensuado sobre la Segunda República y el Franquismo», si bien ahonda más en el conflicto bélico «que llevó hasta el paroxismo las dinámicas de enfrentamientos de años anteriores. Por toda España se extendieron los asesinatos masivos, las represalias socieconómicas, los atropellos de derechos fundamentales y los desplazamientos forzosos de la población».
En este punto, De la Hoz ha insistido en que el término 'dictadura' aparece «de forma implícita en el texto» y ha aclarado que «no estamos en absoluto equiparando las víctimas de la II República con las de la dictadura» y que se rechaza cualquier vulneración de derechos humanos con independencia de «quién, cuándo y dónde».
«Lo que se pretende es superar la división», ha sentenciado. En este punto, el portavoz de Vox ha argumentado que existe una «interrelación historiográfica» entre los dos periodos. «Es malintencionado que se diga que no se condena la dictadura», ha apostillado.
Constitución de 1978
En la proposición también hay referencias a la Constitución de 1978 que «puso fin al enfrentamiento y consagró la concordia entre los españoles y el entendimiento para devolver a la Comunidad el equilibrio perdido». Sin embargo, se añade que «las nuevas generaciones que no vieron ninguno de los referidos enfrentamientos han recibido en muchas ocasiones una visión sesgada de ese conflicto cuya única finalidad es alimentar una división partidista de la sociedad».
Por eso, para Carlos Menéndez es un texto «bueno, sin ideologías, que no divide y respeta con el mismo tratamiento a todas las víctimas». Además, «con esta iniciativa se termina con una visión sectaria y sesgada de una parte de la historia».
Una de las novedades de la nueva ley de concordia es la incorporación de las víctimas del terrorismo. Así, su disposición adicional tercera incluye que «la Junta de Castilla y León podrá aprobar un plan estratégico para la concordia democrática en relación con las víctimas del terrorismo que defina los objetivos estratégicos a conseguir, los ejes de intervención y las medidas y actuaciones generales a implementar durante el periodo de planificación que en él se prevea». Es decir, que reconoce una voluntad política cuyo alcance real sólo se verá cuando se aprueba el citado plan.
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El artículo cuarto de la norma se refiere a la creación de un «directorio de entidades vinculadas a la concordia» que será «un instrumento informativo que facilitará la colaboración entre las entidades en él consignadas y la consejería competente (en principio la de Presidencia)». Podrán solicitar su incorporación, las que «entre sus fines tengan la defensa de la concordia y que cuenten con profesionales adecuados que acrediten la capacidad científica necesaria». Será con ellas con las que colabore la Junta.
La ley tiene también un artículo dedicado a la enseñanza en el que se detalla que «la administración educativa de la Junta incluirá en el currículum la formación en la defensa de los derechos humanos, los derechos y obligaciones contenidos en la Constitución y el Estatuto de Autonomía y los valores superiores del ordenamiento jurídico. Además, en su artículo nueve se detalla que se adoptarán las medidas necesarias para la protección, la integridad y la catalogación de los documentos relacionados con la concordia, en especial en los casos de mayor deterioro o riesgo de degradación.
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