Desmantelar Garoña llevará diez años y un presupuesto de 475 millones
Tras pararse su reactor en diciembre de 2012, el Gobierno autoriza la operación, que estima que implicará 350 empleos
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Más de diez años han pasado desde que su reactor se parara. Entonces era un capítulo más de una guerra entre Gobierno y eléctricas, que querían evitar con el parón el pago de nuevos impuestos. Con el tiempo acabó siendo definitivo y este lunes el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha aprobado la orden que autoriza el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña en la provincia de Burgos.
En el mes de mayo desde el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ya se había dado un informe favorable al desmantelamiento y al cambio de titularidad desde Nuclenor (participada por Endesa e Iberdrola a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), a los que hoy se da luz verde desde el Gobierno como primer paso hacia la eliminación del rastro de la central nuclear en la provincia de Burgos, un proceso que se prolongará durante una década.
Así no será hasta 2033 cuando se dé por concluido el proceso que ahora comienza para tratar de devolver el Valle de Tobalina a su estado original, antes de que en 1971 comenzara a operar la central. Las actuaciones para los próximos diez años contarán con presupuesto de 475 millones de euros.
Así lo han informado este lunes desde el Ministerio que calcula que el desmantelamiento, que se ejecutará en dos fases, prevé que hasta 350 personas trabajen en él de forma simultánea.
En la Fase 1 (2023-2026) se desmontarán los sistemas, estructuras y componentes del edificio de turbina, y se acometerán las modificaciones de sistemas e instalaciones necesarias para la gestión de los residuos resultantes. A la vez, se evacuará el combustible gastado desde la piscina hasta el Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central.
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Posteriormente, en la Fase 2 (2027-2033), ya con el combustible en el ATI, se abordará el desmantelamiento final de los edificios de carácter radiológico, continuando con las descontaminaciones, desclasificaciones y demoliciones, para, finalmente, concluir con la restauración del emplazamiento.
Con el desmantelamiento se pone fin a una historia que por momentos parecían más propia de una telenovela que de una central nuclear. Convertida en arma de tiras y aflojas entre Gobierno y eléctricas y epicentro de disparidad ideológica, Garoña estuvo durante años en el centro de la polémica.
El primer giro de los acontecimientos llegó con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que prorrogó el permiso de explotación de la central por cuatro años frente a los 10 amparados por el CSN. Se ponía fecha al cese: julio de 2013, pero Garoña no llegó a esa hoja del calendario y no por la sentencia del socialista.
En 2012 el cambio de Gobierno llegó con una nueva política respecto a las centrales nucleares. Mariano Rajoy modificó el decreto de cierre de la central y abrió la puerta a la continuidad. Sin embargo, la empresa no lo solicita y cierra antes de lo esperado, en diciembre, para evitar los impuestos que traía 2013.
De nuevo el Gobierno facilitó una vía para la prórroga modificando la ley y recogiendo la opción de retomar la actividad si el cierre se había debido -como era el caso- a motivos económicos y el proceso se reinicia. Con lentitud llega hasta 2017. El CSN se pronuncia a favor y deja la decisión en manos del Gobierno, aún de color popular, que opta finalmente por no dar la autorización.
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Acordado su cese definitivo siguió Garoña copando titulares a través de un impuesto autonómico que pretendía recaudar 15 millones al año para compensar a la ciudadanía por las cargas ambientales que implicaba el deposito temporal de residuos de la central. El Pleno del Tribunal Constitucional anuló el gravamen de la Junta de Castilla y León año y medio después de que entrara en vigor.
«Ensoñaciones extremas»
Tras conocer la autorización del desmantelamiento, la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Virginia Barcones, pidió en el Valle de Tobalina (Burgos) el voto al Partido Socialista en las próximas elecciones generales del 23 de julio para evitar que «ensoñaciones extremas» redunden «en la ruina y el abandono del área de influencia de la central nuclear de Santa María de Garoña».
Antes de participar en un encuentro con alcaldes y concejales de las comarcas de Las Merindades, La Bureba y Miranda de Ebro, Barcones, acompañada de la cabeza de lista al Congreso de los Diputados y secretaria provincial del PSOE, Esther Peña, que valoró «los 475 millones de inversión en los diez próximos años en estas zonas» y celebró la creación de 350 puestos de trabajo, acusó al PP de «seguir jugando con el dinero público a crear una fantasía, que es abrir una central nuclear que es imposible que se abra».
Mientras, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, aseguró ayer que si Vox gobierna en España después de las elecciones de este 23 de julio tratará de paralizar la demolición de la central nuclear. Aunque reconoció que ahora el Gobierno de Castilla y León no pueden hacer nada, recordó que llevan «meses» planteando su intención de facilitar la reapertura de centrales nucleares, con la última tecnología, en los antiguos emplazamientos de las térmicas. «En la medida de lo posible vamos a evitar el desmantelamiento de Garoña», insistió en su visita a Ponferrada.
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